En Cataluña, 18.000 personas se encuentran en listas de espera para acceder a una plaza en residencias públicas para mayores. Esta cifra forma parte de un total de 82.000 individuos en espera para servicios de dependencia, que incluyen residencias públicas o ayudas domiciliarias. Los datos provienen del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat y del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con información del Imserso. A nivel estatal, España registra 284.020 personas en listas de espera para valoración o prestaciones de dependencia, con un incremento de 13.695 en los primeros nueve meses de 2025 y un tiempo medio de resolución de 349 días. Cataluña registra 81.894 personas en esta situación, lo que representa casi un tercio del total nacional. De ellas, 38.002 están pendientes de evaluación de su grado de dependencia, con un promedio de 275 días de espera para recibir la prestación una vez reconocida. En el 40% de los casos para plazas residenciales, la demora se extiende entre dos y tres años, incluyendo retrasos en valoraciones y determinación de prestaciones. En Barcelona, el tiempo de espera para una plaza pública oscila entre 18 y 24 meses, influido por el grado de dependencia, situaciones de urgencia, ubicación y preferencias personales.
El sistema de dependencia en Cataluña opera bajo la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de 2006. A nivel nacional, el 34% de las personas sin atender son grandes dependientes o severos, requiriendo apoyo continuo. En los primeros nueve meses de 2025, 6.851 personas dependientes han fallecido en Cataluña sin recibir atención, equivalente a 25 decesos diarios. A escala estatal, esta cifra alcanza 25.060 fallecimientos, de los cuales 13.713 ocurrieron antes de la valoración y 11.347 mientras se esperaba una prestación reconocida. Cinco comunidades concentran dos tercios de las personas en espera: Cataluña (81.894), Andalucía (51.547), Comunidad Valenciana (29.747), Canarias (25.755) y Murcia (16.348). En términos relativos, Canarias (33%), Murcia (22,4%) y Cataluña (19,9%) presentan los mayores porcentajes de solicitantes en trámites.
Contexto demográfico
Cataluña tiene una población de aproximadamente 7,8 millones de habitantes. Según proyecciones del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), la población mayor de 65 años crecerá un 2,5% anual hasta duplicarse en la próxima década, con 644.600 individuos mayores de 80 años para 2035, representando el 7,1% de la población total. Este aumento se atribuye a la llegada a la vejez de la generación nacida en los años 60 y 70. Actualmente, Cataluña dispone de 63.213 plazas residenciales y 20.177 en centros diurnos. El índice de cobertura residencial es de 13,2 plazas por cada 100 mayores de 80 años, comparado con la mediana europea de 16,3. Para la atención domiciliaria (SAD), se atiende a 67.316 personas, con una cobertura del 4,3% para mayores de 65 años y una intensidad media de 13 horas mensuales, inferior a la media europea del 10,1% y la más baja entre las comunidades autónomas españolas. En Cataluña, la media de horas de atención domiciliaria es de cuatro a la semana, frente a más de 10 en Andalucía.
Factores estructurales: financiación y personal
España destina el 0,9% de su PIB a la dependencia, por debajo de la media europea del 1,79% y de cifras superiores al 2,5% en países como Países Bajos o Suecia. En Cataluña, la Generalitat cubre el 77% de los gastos en residencias, superando el reparto 50-50 establecido por ley con el Estado central. Las plazas públicas representan el 74% del total en residencias. A nivel nacional, se observa una reducción de 804 plazas residenciales y 969 en centros de día en 2025, con prioridad a prestaciones de menor coste. En atención domiciliaria, más del 56% de los beneficiarios carecen de teleasistencia, y 65.647 tienen la teleasistencia como única prestación.
Respecto al personal, las residencias enfrentan dificultades para contratar debido a condiciones laborales y salariales inferiores a las de la red sanitaria. Para 2035, se estiman necesarias 80.000 plazas residenciales adicionales y 26.000 profesionales más en Cataluña. En comparación, proyecciones para 2030 indicaban 25.000 plazas y 20.000 trabajadores adicionales. La integración entre sistemas social y sanitario incluye acuerdos con atención primaria en la mayoría de residencias, aunque no siempre se traduce en coordinación efectiva.
Impactos sociales y económicos
A nivel nacional, el sistema cuenta con 1.726.288 personas con dependencia reconocida, un aumento de 81.371 respecto a 2024, representando el 3,5% de la población. El 62% son mujeres, el 37% hombres, el 75% tienen más de 65 años y el 53% superan los 80. En Cataluña, unas 9.000 personas en espera recurren a cuidados familiares o profesionales privados. El tiempo medio de tramitación nacional ha pasado de 334 a 349 días en 2025. En Cataluña, la demora desde la solicitud hasta la prestación es de 251 días. Comunidades como Andalucía, Murcia y Canarias registran demoras superiores a un año y medio.
Medidas y perspectivas
El gobierno catalán, bajo Salvador Illa, ha comprometido la creación de 6.000 nuevas plazas residenciales en esta legislatura. El Departamento de Derechos Sociales ha implementado medidas como la simplificación de formularios y eliminación de informes médicos obligatorios para agilizar valoraciones. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) propone aumentar la inversión en dependencia al 2% del PIB, mejorar salarios mediante un convenio único sociosanitario, agilizar homologaciones de títulos extranjeros y regularizar trabajadores sin permiso. Estas propuestas buscan abordar la falta de personal y plazas. A largo plazo, se considera la atracción de talento extranjero y mayor coordinación interinstitucional para adaptar el sistema a las proyecciones demográficas.
