El aumento sostenido de los robos en supermercados españoles se ha consolidado como uno de los principales desafíos estructurales para el sector de la distribución alimentaria en el último año. Las pérdidas derivadas de los hurtos externos —cometidos por clientes, grupos organizados o delincuentes multirreincidentes— se han disparado un 60%, hasta superar los 1.660 millones de euros anuales, la cifra más alta jamás registrada en España. Así lo revela el último informe elaborado por la consultora NielsenIQ (NIQ), en colaboración con Checkpoint Systems y la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), una de las organizaciones de referencia del sector.
El estudio, presentado a finales de 2025 y difundido entre las principales cadenas de gran consumo, dibuja un escenario preocupante para supermercados, hipermercados y operadores de proximidad, que se enfrentan no solo a un incremento cuantitativo de los robos, sino también a un cambio cualitativo en los perfiles y en los métodos empleados. Según el informe, el 65% de las compañías del sector reconoce haber sufrido un aumento significativo de los hurtos externos durante el último ejercicio, una tendencia que rompe con la relativa estabilidad observada en los años inmediatamente posteriores a la pandemia.
Bandas organizadas y multirreincidencia: un fenómeno al alza
Uno de los aspectos más relevantes del análisis es la constatación de que una parte creciente de los robos no responde a actos aislados u oportunistas, sino a la actuación de bandas organizadas y de delincuentes multirreincidentes. Estas estructuras, según detalla el informe, operan de forma coordinada, seleccionan productos de alto valor y fácil reventa —como bebidas alcohólicas premium, cosmética, productos de perfumería, jamones ibéricos o determinados artículos de droguería— y aprovechan lagunas legales y operativas para reducir el riesgo de sanción.
Las empresas del sector alertan de que estos grupos actúan con un alto grado de profesionalización: estudian los horarios de menor afluencia, detectan puntos ciegos en los sistemas de videovigilancia y, en algunos casos, emplean técnicas específicas para neutralizar etiquetas antihurto o burlar los controles de salida. Esta evolución ha elevado notablemente el coste medio por incidente y ha incrementado la presión sobre los equipos de prevención de pérdidas.
Un impacto económico que va más allá del hurto externo
Aunque la mayor atención mediática se centra en los robos cometidos por clientes o bandas organizadas, el informe de NIQ, Checkpoint Systems y Aecoc subraya que el problema es aún más amplio. Si a las pérdidas por hurtos externos se suman los hurtos internos —aquellos realizados por empleados, proveedores o personal con acceso a zonas restringidas—, el impacto económico total asciende hasta los 2.170 millones de euros anuales.
Este fenómeno, conocido en el sector como shrinkage o merma desconocida, incluye también errores administrativos y pérdidas logísticas, pero el peso creciente del hurto, tanto interno como externo, es el principal factor explicativo del aumento global. En un contexto marcado por la inflación de costes, el estrechamiento de márgenes y la presión competitiva, estas cifras suponen un golpe directo a la rentabilidad de las compañías.
Alejandro López, responsable de Prevención de Pérdidas de Aecoc, advierte de que el problema trasciende el impacto económico inmediato. “Los hurtos comerciales tienen un gran impacto en la competitividad de las empresas, ocasionándoles pérdidas económicas muy elevadas y muchas horas de gestión”, señala. A ello se suma el deterioro del clima laboral y el aumento de situaciones de tensión entre empleados y clientes, especialmente en establecimientos de alta rotación.
Más seguridad, pero también más costes
Ante este escenario, las cadenas de supermercados se han visto obligadas a reforzar de manera significativa sus sistemas de seguridad. La inversión en prevención de pérdidas ha crecido de forma generalizada, tanto en grandes operadores como en cadenas regionales y franquicias. Sin embargo, este refuerzo no está exento de costes adicionales que, en última instancia, presionan los precios finales o reducen la capacidad de inversión en otras áreas estratégicas.
Tradicionalmente, la seguridad en supermercados se ha basado en vigilantes presenciales, cámaras de videovigilancia y sistemas de etiquetado antihurto. No obstante, el informe constata que estas soluciones, aunque necesarias, resultan cada vez menos suficientes frente a delincuentes más sofisticados. Como respuesta, el sector está apostando por tecnologías avanzadas que combinan análisis de datos, inteligencia artificial y sistemas de identificación más precisos.
La tecnología como eje de la nueva estrategia
Entre las soluciones que están ganando protagonismo destacan las etiquetas RFID (identificación por radiofrecuencia), los sistemas de análisis de vídeo con inteligencia artificial, los arcos antihurto de última generación y las plataformas de gestión de riesgos que permiten identificar patrones de comportamiento sospechosos en tiempo real. Estas tecnologías no solo ayudan a detectar robos, sino también a prevenirlos mediante la disuasión y la optimización de los recursos humanos.
Checkpoint Systems, una de las compañías que ha participado en el informe, subraya que la clave no está únicamente en reaccionar ante el hurto, sino en anticiparse. El uso de datos agregados permite, por ejemplo, identificar productos especialmente vulnerables, franjas horarias de mayor riesgo o tiendas con incidencias recurrentes, facilitando una asignación más eficiente de los recursos de seguridad.
No obstante, la implantación de estas soluciones plantea también retos legales y éticos, especialmente en lo relativo a la protección de datos y a la privacidad de los clientes. Las empresas insisten en que todos los sistemas se implementan conforme a la normativa vigente y con criterios de proporcionalidad, pero reconocen que el debate social sobre estos aspectos irá en aumento.
Un problema estructural con raíces sociales y legales
Más allá de la respuesta empresarial, el informe apunta a factores estructurales que explican el auge de los robos. Entre ellos, se citan el aumento de la multirreincidencia, la percepción de impunidad en determinados delitos leves y el contexto socioeconómico marcado por el encarecimiento del coste de la vida. Aunque la mayoría de los hurtos de mayor impacto están vinculados a redes organizadas, el sector reconoce que también existe un aumento de pequeños robos asociados a situaciones de vulnerabilidad.
Las compañías reclaman una mayor coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una revisión del marco legal que permita actuar con mayor eficacia frente a la reincidencia. En particular, señalan las dificultades para denunciar de forma ágil y la limitada capacidad disuasoria de las sanciones actuales en casos de hurtos reiterados de bajo importe.
Consecuencias para el consumidor y el mercado
El incremento de los robos no es un fenómeno aislado que afecte únicamente a las cuentas de resultados de las empresas. Sus efectos se trasladan, de forma indirecta, al conjunto del mercado y a los consumidores. El aumento de los costes de seguridad y de las pérdidas por hurto reduce el margen para contener precios, invertir en mejoras del servicio o ampliar plantillas.
Además, algunas cadenas han optado por medidas visibles, como el cierre de determinados lineales, la colocación de productos tras vitrinas o la limitación del acceso a artículos concretos, lo que altera la experiencia de compra y puede generar incomodidad entre los clientes. El sector insiste en que estas decisiones se adoptan como último recurso, pero reconoce que, de mantenerse la tendencia actual, podrían generalizarse.
Un desafío prioritario para 2026
De cara a 2026, la prevención de pérdidas se perfila como una de las prioridades estratégicas del sector de gran consumo en España. El informe de NIQ, Checkpoint Systems y Aecoc concluye que solo una combinación de tecnología avanzada, formación del personal, colaboración público-privada y ajustes normativos permitirá frenar una escalada que ya ha alcanzado niveles récord.
Mientras tanto, los supermercados afrontan el reto de proteger sus establecimientos sin erosionar la confianza del cliente ni comprometer la eficiencia operativa. En un entorno cada vez más complejo, el equilibrio entre seguridad, rentabilidad y experiencia de compra se ha convertido en una de las ecuaciones más difíciles —y decisivas— para el futuro del comercio minorista en España.
