En España, la legislación establece plazos claros para la resolución de solicitudes relacionadas con la discapacidad y la dependencia, con el objetivo de garantizar una atención oportuna a las personas vulnerables, especialmente a los mayores. Según el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, que regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, el plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde la presentación de la solicitud. De manera similar, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia (conocida como Ley de Dependencia), fija un plazo máximo de seis meses para la resolución completa del procedimiento, incluyendo la valoración y la asignación de prestaciones. Estos plazos buscan proteger los derechos de los ciudadanos, asegurando que las ayudas lleguen a tiempo para mitigar el impacto de la vulnerabilidad en la vida diaria.
Sin embargo, la realidad dista mucho de este marco legal ideal. Miles de personas, particularmente ancianos, enfrentan demoras que superan con creces estos límites, convirtiendo un derecho en una odisea burocrática. Un caso ilustrativo es el de una persona de 93 años, cuya solicitud de reconocimiento de discapacidad tardó 23 meses en resolverse, lo que representa un retraso de 17 meses sobre el plazo legal. En paralelo, su calificación de dependencia se obtuvo en siete meses —ya por encima del límite—, pero han transcurrido otros siete meses adicionales sin notificación de la ayuda correspondiente, acumulando una demora total de ocho meses en esta fase. Esta persona, con un grado de discapacidad superior al 65%, requiere asistencia para actos esenciales de la vida diaria y supera los baremos de dificultades de movilidad. Este escenario no solo viola la ley, sino que agrava la fragilidad de un colectivo que no puede esperar: los mayores de 90 años, para quienes cada mes de retraso puede significar una merma irreversible en su calidad de vida.
Este caso no es aislado. Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el tiempo medio de espera para resolver solicitudes de dependencia en España asciende a 342 días, superando en 162 días el plazo legal de seis meses. En regiones como Canarias, las quejas por retrasos «excesivos» en el reconocimiento de discapacidad y dependencia se han disparado, con 603 reclamaciones por discapacidad y 470 por dependencia solo en 2024. El Defensor del Pueblo, en su informe anual de 2024, destaca que los retrasos en la valoración de la discapacidad pueden extenderse hasta cuatro años en algunos casos, un problema persistente que afecta a decenas de miles de personas. En Andalucía, por ejemplo, el Defensor del Pueblo andaluz alertó en 2025 de demoras graves que generan «desesperación» entre los afectados, con listas de espera que no cesan de crecer.
Las estadísticas revelan un panorama alarmante. A junio de 2025, la lista de espera para dependencia ha aumentado en 16.536 personas en solo seis meses, con un tiempo medio de tramitación de 342 días. Aunque el número de personas atendidas ha alcanzado cifras récord, con una reducción del 9,4% en la lista de espera general desde marzo de 2024, el incremento en solicitudes (un 5,4% más) mantiene el sistema saturado. En cuanto a la discapacidad, el Defensor del Pueblo investiga de oficio demoras de hasta tres años en regiones como Madrid y La Rioja, donde las valoraciones se demoran por falta de recursos humanos y materiales. Un informe de la EAPN España sobre pobreza y discapacidad en 2023 indica que aproximadamente 3,8 millones de personas en España tienen alguna discapacidad, y muchas de ellas enfrentan barreras adicionales por estos retrasos.
Detrás de estos números hay historias reales de sufrimiento. Tomemos el ejemplo de familias con ancianos dependientes. En un reportaje de La Vanguardia de septiembre de 2025, se describe cómo personas mayores de 65 años cuidan a hijos adultos con discapacidad, esperando más de un año por ayudas que nunca llegan a tiempo. Otro caso, reportado por ABC en julio de 2024, destaca cómo en algunas autonomías, los embudos administrativos han triplicado las quejas en cinco años, dejando a ancianos sin acceso a prestaciones vitales como residencias o ayudas económicas. En Córdoba, según Cadena SER en enero de 2025, 35.000 dependientes murieron en 2024 sin recibir prestaciones, con Andalucía como una de las regiones con mayores retrasos. Estos ejemplos ilustran cómo los retrasos no solo incumplen la ley, sino que vulneran derechos fundamentales, como el acceso oportuno a la protección social.
Las causas de estos desatinos son multifactoriales. La descentralización del sistema, donde las comunidades autónomas gestionan los procedimientos, genera disparidades: mientras algunas como Cantabria fijan plazos de seis meses, otras como Murcia o Canarias acumulan reservas por insuficiencia de personal. El Defensor del Pueblo señala «carencias manifestadas por las administraciones en materia de recursos» como un factor clave. Además, la pandemia de COVID-19 exacerbó el problema, dejando un legado de atascos que persiste, como se menciona en informes del Consejo Económico y Social. La falta de coordinación entre niveles administrativos y la complejidad de los baremos de valoración —que el CERMI ha pedido revisar— contribuyen a los retrasos.
Las consecuencias son devastadoras, especialmente para los ancianos. Un retraso de meses puede significar aislamiento, deterioro físico o mental, y carga económica para las familias. Según El País, en noviembre de 2024, 83.589 personas están en convenios especiales por cuidados familiares, pero los retrasos agravan la soledad y el desgaste de los cuidadores. En términos económicos, las prestaciones por dependencia, que incluyen ayudas para residencias o cuidados en el hogar, se demoran, forzando a muchas familias a asumir costos privados. Lourdes Rivera, en una entrevista con La Razón en junio de 2025, advierte que estas carencias generan desigualdades territoriales y sociales.
¿Quién asume responsabilidades por estos incumplimientos? La Ley de Dependencia y el Real Decreto para discapacidad prevén mecanismos de control, pero las sanciones se centran en infracciones graves como acoso o incumplimientos reiterados de requerimientos administrativos. En la práctica, las administraciones pueden ser demandadas por inactividad, como dictaminó el Tribunal Constitucional en 2021, al declarar que la falta de respuesta vulnera el derecho a la tutela efectiva. Sin embargo, la responsabilidad personal de funcionarios es rara; recae en las comunidades autónomas y el Estado central, que financian el sistema. El Defensor del Pueblo ha recomendado agilizar procesos y aumentar recursos, pero las quejas representan ya la cuarta parte de las reclamaciones sociales. Las controversias se resuelven en la jurisdicción social, con plazos para reclamos de un mes desde la notificación.
Para abordar esta vergüenza, se proponen reformas como la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil para apoyar a personas con discapacidad, eliminando incompatibilidades en prestaciones y ampliando plazos para cuidados. Expertos sugieren digitalización de trámites, más personal valorativo y coordinación nacional. El Ministerio de Derechos Sociales insta a reducir listas de espera, pero sin medidas concretas, los retrasos persistirán.
En conclusión, los plazos legales de seis meses para discapacidad y dependencia son un pilar de la protección social en España, pero su incumplimiento sistemático representa un fracaso colectivo. Casos como el de la persona de 93 años subrayan la urgencia de actuar: no se trata solo de burocracia, sino de dignidad humana. Mientras las administraciones no asuman responsabilidades reales y asignen recursos adecuados, miles de ancianos seguirán esperando, en vano, en un sistema que, lejos de promover autonomía, perpetúa la dependencia de la ineficacia estatal.
