En la sala de conferencias de un sindicato portuario de Génova, el pulso del Mediterráneo está cambiando de ritmo. No es solo el latido de los motores de los gigantescos portacontenedores que surcan el Mare Nostrum; es el latido de una nueva ola de solidaridad internacional que llama a detener no mercancías, sino la propia maquinaria de guerra. Allí, en septiembre pasado, se firmó la declaración “Los estibadores y trabajadores portuarios no trabajan para la guerra”, un lema que desde entonces ha ido ganando fuerza y ha desembocado en una convocatoria de huelga internacional para el 6 de febrero de 2026.
La noticia ha viajado rápido en los sindicatos portuarios de la cuenca mediterránea, y sus efectos empiezan a sentirse más allá de las terminales y muelles. Organizaciones de Italia, Grecia, Marruecos y Turquía ya han confirmado su adhesión, y se ha lanzado un llamamiento abierto a sindicatos portuarios europeos y globales. Lo que empezó como una protesta sectorial amenaza con convertirse en una de las huelgas más significativas y políticamente cargadas de los últimos años.
De los muelles a la política global
Desde el epicentro de Génova, el mensaje fue claro: la protesta no se limita a cuestiones laborales tradicionales como salarios o condiciones de trabajo —aunque estos también están en el centro de la crítica—. Se trata de una acción de consciencia política frente al papel que los puertos están llamados a desempeñar, no solo como nodos logísticos, sino como engranajes activos dentro de lo que los convocantes han calificado como la “economía de guerra”.
Este concepto, que ha resonado con fuerza entre sindicatos y activistas, hace referencia a la creciente militarización de la economía —incluyendo la automatización, la reducción de plantillas, y el desmantelamiento de derechos laborales— impulsada, según los organizadores, por estados y bloques militares, entre ellos la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Para estos trabajadores portuarios, los puertos han pasado de ser infraestructuras abiertas al comercio global a eslabones clave en cadenas que suministran material bélico y apoyo logístico a teatro de conflictos, en particular a la guerra en Gaza.
La declaración de Génova pide a los gobiernos europeos que declaren sus puertos “espacios de paz”, rechacen cualquier complicidad con el envío de armas y material militar, y se comprometan a abrir corredores humanitarios estables hacia zonas de conflicto —una exigencia que enlaza con las amplias movilizaciones internacionales por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
La situación en Gaza, que desde octubre de 2023 ha escalado hasta configurarse como una crisis humanitaria sostenida con cifras de muertos y heridos que se cuentan por decenas de miles, ha movilizado a sectores de la sociedad civil en múltiples frentes. ONG y movimientos como la Global Sumud Flotilla han organizado convoyes marítimos para intentar romper el bloqueo, llevando ayuda humanitaria a la Franja. La flotilla, compuesta por decenas de embarcaciones de 47 países, ha sido interceptada por fuerzas israelíes en varias ocasiones, intensificando la presión internacional y dando impulso a iniciativas de protesta como la de los estibadores.
La huelga, sus motivaciones y su alcance
La convocatoria del 6 de febrero no se limita a una paralización laboral clásica. Los sindicatos hablan de una jornada de movilización que incluirá huelgas, concentraciones y todas las formas de acción posibles para resistir lo que consideran una lógica económica que privilegia la producción armamentística y la militarización sobre el bienestar social y los derechos laborales.
El núcleo de la protesta se articula en torno a cuatro demandas principales:
- El fin del genocidio del pueblo palestino, calificado así por los organizadores, y del apoyo que, a su juicio, recibe de Estados Unidos, la OTAN y la UE.
- La apertura de corredores humanitarios estables, en especial hacia zonas de conflicto como Gaza, donde la falta de suministros básicos ha generado una crisis alimentaria y sanitaria.
- El rechazo al plan de rearme europeo, que se traduce en mayores inversiones en industria militar y una perspectiva de militarización tanto de sectores productivos como de infraestructura civil.
- La declaración de los puertos como “espacios de paz”, libres de actividades vinculadas con la producción o transporte de material bélico.
Detrás de estas demandas se esconde una inquietud mayor: la de que la economía de guerra se convierta en la nueva normalidad, con consecuencias profundas sobre la clase trabajadora. Según los sindicatos, la militarización facilita procesos de automatización, reducción de plantillas y precarización laboral, mientras disminuye las protecciones de salud y seguridad en el trabajo.
Una lucha internacional con raíces locales
El llamado a la huelga ha tenido respuesta inmediata en los sindicatos del Mediterráneo. Organizaciones como Unione Sindacale di Base en Italia, Enedep en Grecia, la Organización Democrática del Trabajo de Marruecos y Liman-Is en Turquía han confirmado su participación, y se espera que más sindicatos de España, Francia y otros países europeos se sumen en las próximas semanas.
No es un fenómeno aislado. Movimientos sindicales en Europa han adoptado posiciones cada vez más críticas frente a la guerra y la militarización. Por ejemplo, en octubre de 2025, sindicatos de estibadores europeos se reunieron en Génova para coordinar formas de boicotear exportaciones de armas desde puertos europeos hacia territorios en conflicto, subrayando su rechazo a enviar armas que puedan ser utilizadas en la guerra en Gaza.
Esta creciente coordinación internacional no solo refleja una conciencia política compartida, sino que plantea desafíos importantes. La interdependencia de las cadenas logísticas globales hace que cualquier huelga coordinada en puertos tenga consecuencias económicas significativas, y quizá es esa misma potencialidad disruptiva la que ha convertido la acción de los estibadores en un tema de interés no solo sindical, sino geopolítico.
Reacciones y controversias
La convocatoria no ha quedado exenta de polémica. Desde sectores empresariales y políticos se advierte que una huelga internacional de estibadores podría tener un impacto económico considerable, dado el papel estratégico que juegan los puertos en el comercio global. Los expertos señalan que paros prolongados en puertos clave pueden generar desabastecimientos, retrasos en las cadenas de suministro y pérdidas económicas cuantiosas, tal como ya se ha observado en huelgas sectoriales en otros países.
Se ha recordado el caso reciente del puerto de Rotterdam, donde una huelga indefinida de trabajadores del sector de aseguramiento de contenedores dejó paralizadas terminales completas, provocando congestiones y forzando a navieras a desviar servicios. Aunque aquella huelga respondía a demandas laborales tradicionales, puso de manifiesto el poder disruptivo de las acciones coordinadas en puertos clave del sistema logístico global.
Por otra parte, analistas políticos subrayan que vincular directamente la movilización sindical con demandas geopolíticas tan amplias como el fin de un conflicto o la transformación de la política exterior de bloques como la UE puede diluir la naturaleza clásica del sindicalismo y abrir debates internos sobre prioridades y estrategias. Algunos sectores sindicales advierten que concentrarse en cuestiones geopolíticas podría desviar recursos y atención de las luchas laborales más inmediatas, como salarios, condiciones de trabajo o seguridad portuaria.
Un momento de inflexión
Lo que distingue a esta convocatoria es su carácter transnacional y su ambición política. Se trata de una huelga que no sólo exige mejoras para los trabajadores portuarios, sino que interroga el papel del trabajo en un mundo marcado por conflictos armados, cadenas de suministro globalizadas y economías cada vez más militarizadas.
Al cerrar el año 2025, la huelga de estibadores del Mediterráneo encapsula muchas de las tensiones que definen la época: la relación entre trabajo y guerra, la globalización de las luchas sociales, y la intensificación de la solidaridad internacional. Si la huelga del 6 de febrero logra tracción más allá de los puertos mediterráneos, podría marcar un antes y un después en la historia reciente de los movimientos sindicales y en la forma en que se concibe el papel del trabajo en la geopolítica contemporánea.
