La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha encendido las alarmas sobre el estado de la integridad pública en la comunidad autónoma. Según los datos presentados recientemente, las denuncias por presunta corrupción han experimentado un incremento del 750% en comparación con las cifras registradas en 2016. Este salto exponencial no solo refleja una posible escalada en las prácticas irregulares, sino que también se interpreta como un indicador de una mayor conciencia cívica entre la población, que cada vez recurre más a los mecanismos de control para denunciar anomalías.
La revelación llegó durante la comparecencia de Miguel Ángel Gimeno, director de la OAC, ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament de Cataluña el pasado 16 de octubre. En esta sesión, que marcó el cierre de su mandato de nueve años al frente de la institución, Gimeno presentó la memoria anual de 2024 y realizó un balance exhaustivo de las actividades realizadas desde 2016. Lo que podría haber sido un mero informe estadístico se transformó en una reivindicación urgente: la necesidad de adaptar los recursos de la oficina a una realidad que demanda mayor control y rendición de cuentas.
Un incremento «explosivo» que tensiona la institución
Los números hablan por sí solos. En 2016, la OAC registró apenas 174 denuncias, todas ellas nominales, ya que en aquel entonces no se admitían las anónimas. Nueve años después, en 2024, la cifra ascendió a 1.291, y solo hasta el 1 de octubre de 2025 ya se habían recibido 1.480. Gimeno proyecta que, al cierre del año, se superarán las 2.000 denuncias, lo que representa un crecimiento sin precedentes. En total, desde 2016 hasta la fecha, la oficina ha acumulado 5.751 denuncias, con una tasa de resolución que alcanza el 106%, habiendo cerrado más de 6.108 actuaciones.
Este «crecimiento exponencial», como lo calificó el propio Gimeno, se atribuye en gran medida a la introducción de las denuncias anónimas, que han pasado de cero en 2016 a 890 en 2024 y 1.056 en lo que va de 2025. «Ha habido una explosión en el número de denuncias que recibe la Oficina», afirmó el director durante su intervención, subrayando que este aumento ha elevado la eficacia y eficiencia de la institución de manera proporcional. Sin embargo, no todo son buenas noticias: Gimeno alertó de que el ente está «tensionado» por este volumen, y que «se puede morir de éxito» si no se ajustan los mecanismos de trabajo.
Los ámbitos más afectados por estas denuncias incluyen la contratación pública, la función pública y las subvenciones, que representan más del 60% de los casos. Además, el Barómetro 2024 de la OAC, titulado «La corrupción en Catalunya: Percepciones y actitudes ciudadanas», revela que el 82% de la población catalana percibe mucha o bastante corrupción en la sociedad, y que el 90% de los jóvenes comparte esta visión. Alarmantemente, el 29% de los encuestados no considera corrupto que un empresario pague por adjudicaciones públicas, lo que apunta a una normalización de ciertas prácticas.
La reivindicación de recursos: un ente al límite
Durante su comparecencia, Gimeno no escatimó en reclamos al Govern y al Parlament. Insistió en la necesidad de aprobar nuevos presupuestos, ya que los actuales, prorrogados, no permiten afrontar las nuevas competencias asignadas a la OAC, como su rol como Autoridad de Protección de las Personas Alertadoras desde 2023. «No se puede hacer frente a nuevas competencias con presupuestos prorrogados. Necesitamos herramientas para cumplir las expectativas generadas», declaró Gimeno, quien también criticó que la Ley de la Oficina ha «envejecido» y debe adaptarse a los nuevos tiempos.
El director saliente propuso cinco ejes estratégicos para el futuro de la OAC: fortalecer el liderazgo institucional, impulsar la cultura de la integridad, mejorar la protección de alertadores, potenciar la prevención y reforzar la capacidad técnica y operativa. Admitió posibles «equivocaciones» en la protección de denunciantes, pero defendió la labor global de la institución, que ha formado a más de 4.141 personas en 2024 en temas de integridad.
Esta sesión no solo fue un balance, sino una «despedida», como la calificó Gimeno, cuyo mandato concluye sin posibilidad de prórroga. Preguntado por casos controvertidos, como el de la antigua DGAIA, rechazó cualquier «mal sabor de boca», afirmando que la OAC ha trabajado intensamente en ellos.
Reacciones políticas: consenso en la necesidad de refuerzo
La comparecencia generó reacciones unánimes entre los grupos parlamentarios sobre la importancia de la OAC, aunque con matices. Ivana Martínez, del PSC, celebró que la memoria de 2024 muestre una institución consolidada en un contexto de alta percepción de corrupción. Glòria Freixa, de Junts, enfatizó que la apuesta por el ente debe ser «irrenunciable» para todos los partidos. Marta Vilalta, de ERC, calificó la OAC como una «herramienta imprescindible» y pidió reforzar su papel.
La OAC, creada en 2008, ha evolucionado significativamente bajo el mandato de Gimeno, asumiendo competencias clave en prevención y protección. Sin embargo, informes como el de 2020 sobre la percepción de corrupción confirman que, pese a los avances, la ciudadanía ve la corrupción como un problema grave. Además, más del 80% de las empresas catalanas no cumplen con la Ley 2/2023 de protección de alertadores, lo que agrava la situación.
Este incremento del 750% no es aislado: en 2025, la OAC ya batió su récord anual con 1.350 denuncias hasta agosto. Expertos interpretan este fenómeno como un doble filo: por un lado, mayor confianza en las instituciones; por otro, posibles deficiencias sistémicas que fomentan irregularidades.
En un momento en que Cataluña enfrenta desafíos políticos y económicos, la OAC se posiciona como un pilar esencial para la transparencia. La sucesión de Gimeno será clave para determinar si la oficina puede absorber esta «explosión» sin colapsar. Como apuntó el director saliente, «nos hemos dado cuenta de que han cambiado las circunstancias de tal manera que es imposible que la Oficina pueda continuar con este crecimiento». El Parlament tiene ahora la palabra para dotarla de los recursos necesarios y evitar que la lucha contra la corrupción se convierta en una batalla perdida.
