La gestión de la vivienda pública en España vuelve a situarse en el centro de la controversia. Diez familias en situación de vulnerabilidad, residentes en un inmueble del municipio madrileño de Casarrubuelos, denuncian estar siendo víctimas de acoso inmobiliario por parte de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, entidad participada mayoritariamente por el Estado y, por tanto, bajo la órbita del Gobierno. El motivo inmediato de la denuncia es el corte del suministro de agua en el edificio, una medida que los vecinos consideran injustificada, desproporcionada y contraria a derecho, ya que sus contratos de alquiler social se encuentran plenamente vigentes.
Según relatan los afectados, la Sareb ha ordenado la restricción del suministro en colaboración con el Canal de Isabel II, la empresa pública responsable del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. La justificación es una supuesta deuda asociada al inmueble. Sin embargo, tanto los inquilinos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid subrayan que dicha deuda no corresponde a los actuales residentes, sino al antiguo propietario del edificio, anterior a la entrada de la Sareb como titular del activo.
Para las familias afectadas, el corte del agua no es un hecho aislado ni una mera incidencia administrativa, sino un nuevo episodio dentro de una estrategia prolongada de presión. “No es un problema técnico ni un error puntual; es una forma de desgaste”, explican los vecinos, que llevan años denunciando obstáculos para regularizar su situación habitacional pese a residir en viviendas de titularidad pública.
La gravedad del caso se acentúa por el contexto reciente. El pasado 29 de mayo de 2025, los inquilinos lograron una victoria que califican de histórica tras años de colectivo: la firma de nuevos contratos de alquiler social. Estos contratos llegaron después de que la Sareb se negara inicialmente a formalizarlos, una negativa que, según los vecinos, los situó durante un largo periodo en un limbo jurídico y bajo la amenaza constante de desahucio. “La firma de los contratos fue fruto de la organización vecinal y del apoyo del Sindicato; supuso frenar un riesgo inmediato y real de perder nuestras casas”, señalan.
Ese acuerdo parecía abrir una nueva etapa de estabilidad para las familias. Sin embargo, apenas unas semanas después, la instalación de cepos en el suministro de agua ha vuelto a colocar a los vecinos en una situación límite. Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denuncian que el Canal de Isabel II ha ejecutado la medida alegando una deuda que no es imputable a los actuales arrendatarios, lo que, a su juicio, vulnera el principio de responsabilidad individual y castiga injustamente a quienes cumplen con sus obligaciones contractuales.
“El uso de los suministros básicos como herramienta de presión es una práctica que encaja en la definición de acoso inmobiliario”, advierten desde el sindicato. En este caso, añaden, el hecho resulta especialmente grave porque afecta a viviendas de titularidad pública y a familias vulnerables, lo que plantea serias dudas sobre la coherencia entre el discurso institucional de defensa del derecho a la vivienda y la práctica cotidiana de los organismos dependientes o participados por el Estado.
La Sareb, creada tras la crisis financiera para gestionar los activos tóxicos del sistema bancario, ha sido objeto de críticas recurrentes por su papel en el mercado de la vivienda. Aunque su mandato incluye la desinversión ordenada de activos, organizaciones sociales y colectivos vecinales llevan años denunciando que su actuación se ha alejado de una función social acorde con su naturaleza pública. El caso de Casarrubuelos se suma así a una lista creciente de conflictos en los que se cuestiona la forma en que la entidad gestiona viviendas habitadas por familias con escasos recursos.
Para los vecinos, el mensaje que se transmite es profundamente contradictorio. Por un lado, se reconoce formalmente su derecho a permanecer en las viviendas mediante contratos de alquiler social; por otro, se les priva de un suministro básico indispensable para la vida diaria. “Sin agua no hay vida digna, y sin vida digna no se puede hablar de derecho a la vivienda”, resumen los afectados.
El impacto del corte va más allá de la incomodidad. El agua es un servicio esencial, imprescindible para la higiene, la alimentación y la salud, especialmente en hogares con menores, personas mayores o con problemas de salud. La utilización de este recurso como palanca de presión no solo agrava la vulnerabilidad de las familias, sino que genera un clima de angustia e incertidumbre que los vecinos describen como insoportable.
Desde Casarrubuelos, los residentes insisten en que la situación actual no puede entenderse sin el recorrido previo de organización y resistencia colectiva. Durante años, explican, la unión vecinal y el apoyo de organizaciones sociales han sido las únicas herramientas eficaces para frenar procesos que consideran injustos y opacos. La firma de los contratos de alquiler social en mayo fue la prueba de que la movilización puede dar resultados. El conflicto actual, sostienen, demuestra que esa misma organización sigue siendo necesaria.
“El problema no es solo nuestro edificio; es un modelo de gestión”, afirman. A su juicio, el caso pone de relieve la necesidad urgente de cambiar la política de vivienda en manos de la Sareb y de poner fin a las dinámicas que priorizan criterios económicos sobre derechos básicos. Los vecinos reclaman que las viviendas públicas se gestionen con una lógica social, garantizando estabilidad, suministros básicos y condiciones de vida dignas para quienes las habitan.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid coincide en este diagnóstico y alerta del precedente que puede sentar este tipo de actuaciones. Si se normaliza el uso del corte de suministros como mecanismo de presión, advierten, se abre la puerta a prácticas que erosionan derechos fundamentales y profundizan la desigualdad. “No se puede permitir que una empresa participada por el Estado actúe como un gran tenedor privado sin asumir responsabilidades públicas”, sostienen.
La controversia también interpela al conjunto de las administraciones implicadas. La coordinación entre la Sareb y el Canal de Isabel II plantea preguntas incómodas sobre los protocolos de actuación cuando existen contratos de alquiler social en vigor y sobre las garantías que se ofrecen a los inquilinos frente a deudas heredadas de anteriores propietarios. Para los afectados, la falta de respuestas claras y soluciones inmediatas refuerza la sensación de abandono institucional.
Mientras tanto, las diez familias de Casarrubuelos continúan a la espera de que se restablezca el suministro y se reconozca, en la práctica y no solo sobre el papel, su derecho a una vivienda digna. Su situación se ha convertido en un símbolo de un problema más amplio: la tensión entre la gestión económica de los activos públicos y la obligación de proteger a las personas más vulnerables.
“La experiencia nos ha enseñado que solo la organización y la movilización frenan estos abusos”, concluyen los vecinos. Su denuncia no es solo una reclamación local, sino una llamada de atención sobre el rumbo de las políticas de vivienda y sobre el riesgo de que lo público se gestione con lógicas que reproducen las mismas prácticas que se prometió superar tras la crisis. En Casarrubuelos, el agua se ha convertido en el centro de una batalla que, en el fondo, trata de algo mucho más profundo: el derecho a vivir con dignidad en un hogar seguro.