En el turbulento panorama político español de 2025, los escándalos relacionados con acoso y agresión sexual han emergido como un tema recurrente, erosionando la credibilidad de partidos que se autoproclaman defensores de la igualdad de género. Partidos de izquierda como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos y Sumar han enfrentado una serie de denuncias que sugieren una concentración de casos en sus filas, contrastando con su retórica feminista. Sin embargo, un análisis exhaustivo revela que, aunque los casos en la izquierda han dominado los titulares recientes, el problema trasciende ideologías, afectando también a formaciones de derecha como el Partido Popular (PP) y Vox.
El año 2025 ha sido particularmente devastador para el PSOE, con una cascada de denuncias que han puesto en jaque su imagen como «el partido más feminista». El caso más emblemático es el de Francisco ‘Paco’ Salazar, exasesor en La Moncloa y hombre de confianza de Pedro Sánchez. Salazar fue cesado en diciembre de 2025 tras revelarse denuncias de acoso sexual por parte de varias mujeres en entornos laborales. Las acusaciones incluyen insinuaciones constantes, proposiciones no consentidas y abuso de poder, con relatos que describen un patrón de comportamiento machista que, según informes, era conocido internamente pero no actuado hasta que salió a la luz pública. El Gobierno formalizó su cese, condenando las acciones, pero críticos como Alberto Núñez Feijóo (PP) acusaron a Sánchez de pasar del «hermana, yo sí te creo» a encubrir al «acosador».
No es un incidente aislado. En Lugo, José Tomé, presidente de la Diputación y líder provincial del PSOE, dimitió en diciembre de 2025 tras denuncias de media docena de compañeras por acoso sexual y comportamientos machistas. Tomé inicialmente negó las acusaciones, calificándolas de «falsas», pero cedió ante la presión, solicitando incluso la suspensión de militancia para no dañar al partido. Fuentes internas del PSOE confirmaron una denuncia anónima investigada, enfatizando su compromiso con la verdad, aunque admitieron que los protocolos no previnieron el escándalo. En Torremolinos, Antonio Navarro, secretario general local y diputado provincial, enfrenta acusaciones similares de una militante: proposiciones sexuales y insinuaciones persistentes. Estos casos se suman a escándalos previos, como el de Tito Berni o Javier Perales, implicados en redes de prostitución, revelando un patrón de abuso de poder. Audios filtrados muestran a políticos del PSOE discutiendo sobre «repartirse prostitutas», incluyendo referencias a mujeres colombianas, en un informe oficial que salpica al entorno de Sánchez.
Podemos, por su parte, ha lidiado con denuncias que cuestionan su compromiso feminista. Juan Carlos Monedero, fundador del partido, enfrenta acusaciones de acoso sexual no judicializadas, recordando ineficacias en protocolos internos. El partido expulsó a acusados en el pasado, como en el caso de un violador en En Marea (aliado), pero críticos argumentan que los silencios cómplices persisten. Pablo Iglesias, exlíder, fue criticado por comentarios violentos como «azotaría hasta que sangre» a una periodista, aunque no derivó en denuncia formal. Podemos implementó un protocolo contra acoso en 2019, pionero entre partidos nacionales, pero su aplicación ha sido cuestionada por militantes que lo tildan de «insuficiente» y «frío».
Sumar, el proyecto liderado por Yolanda Díaz, ha sido golpeado por el caso de Íñigo Errejón, ex portavoz parlamentario. En octubre de 2024, Errejón dimitió tras admitir «comportamientos machistas», con denuncias de acoso y tocamientos no consentidos en ámbitos privados. El partido admitió fallos en sus protocolos, aprobados en enero de 2025, post-escándalo, incluyendo canales de denuncia y medidas cautelares. Críticos como Cristina Fallarás revelaron patrones repetidos, con víctimas silenciadas por miedo a represalias. Otro caso involucra a Juanjo Martínez, señalado por abuso.
¿Es esta concentración real o mediática? Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre delitos sexuales no desglosan por afiliación política, pero un repaso histórico muestra 589 casos de corrupción general (incluyendo sexual) desde 2000, con el PSOE y PP liderando. Sin embargo, en 2025, los casos en izquierda suman al menos una docena pública, versus menos en derecha. Vox acusa al PSOE de encubrir para proteger a Sánchez, mientras el PP usa los escándalos para cuestionar el feminismo socialista.
Contrastando, el PP no está exento. En Algeciras, el alcalde José Ignacio Landaluce (PP) fue denunciado por acoso sexual en diciembre de 2025, con María Jesús Montero (PSOE) exigiendo su dimisión. Ángel Alonso, diputado PP en Madrid, generó polémica con un comentario sexualizado: «verlos así, a mí me pone». Históricos incluyen a Javier León de la Riva (exalcalde Valladolid) o Juan Carlos Fernández (PP), condenados por acoso. El PP actualizó su código de conducta en 2023, prohibiendo acoso, pero no lo publica actualmente.
Vox, que niega la violencia machista como concepto ideológico, ha tenido casos como Carlos Flores Juberías, condenado por violencia psíquica, o Javier Liso, expulsado por amenazas. Su protocolo trata el acoso como «riesgo laboral», prometiendo despidos, pero críticos lo ven insuficiente para casos extralaborales. Encuestas muestran Vox ganando apoyo masculino, posiblemente por su rechazo a «políticas de género».
Expertos como Newtral destacan que protocolos de PSOE, PP y Vox limitan su alcance a ámbitos laborales, fallando en casos privados como Errejón. Un informe del Ministerio del Interior sobre violencia sexual en España indica datos limitados, pero enfatiza el problema estructural. Asociaciones feministas de izquierda han callado ante casos en PSOE, generando acusaciones de presiones a víctimas. Fuentes territoriales del PSOE expresan frustración con Sánchez por «encubrir» y «esconder denuncias».