El Ministerio del Interior de España ha adjudicado contratos por un valor total de 12,3 millones de euros a la multinacional china Huawei para gestionar el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales, una decisión que ha desatado una oleada de críticas tanto dentro del país como a nivel internacional. Estas grabaciones, consideradas información altamente sensible, se almacenan en servidores de la serie OceanStor 6800 V5, fabricados por Huawei, una empresa que ha sido objeto de escrutinio global debido a sus presuntos vínculos con el gobierno chino. La adjudicación, que se enmarca en los procesos de contratación pública centralizados entre 2021 y 2025, ha generado preocupación entre las fuerzas de seguridad españolas, aliados internacionales y expertos en ciberseguridad, quienes advierten sobre los riesgos para la seguridad nacional y la soberanía de datos.
Contexto de la Adjudicación
Según la documentación oficial publicada en el Portal de Contratación del Sector Público, el contrato adjudicado a Huawei contempla la custodia digital de las interceptaciones telefónicas ordenadas por jueces y fiscales, un componente crítico de las investigaciones criminales en España, que abarcan casos de narcotráfico, terrorismo y corrupción. Los servidores OceanStor 6800 V5, instalados en centros de datos de alta seguridad en El Escorial, el complejo policial de Canillas y la Secretaría de Estado de Seguridad, son sistemas de almacenamiento empresarial de alta gama diseñados para gestionar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad. Estos servidores, según fuentes del Ministerio del Interior, cumplen con las Guías de Seguridad TIC elaboradas por el Centro Criptológico Nacional (CCN-STIC) y los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. Sin embargo, la decisión de confiar esta tarea a Huawei ha reavivado el debate sobre la dependencia de tecnología extranjera en sistemas críticos.
El contrato forma parte de un acuerdo más amplio que incluye a otras empresas tecnológicas, como Telefónica, que recibió 134,5 millones de euros para servicios de red, y Capgemini España, con 12,4 millones para soporte técnico. Sin embargo, la participación de Huawei en la gestión de datos sensibles ha centrado la atención debido a su historial y a las advertencias internacionales sobre los riesgos que representa.
Preocupaciones de Seguridad Nacional
La adjudicación a Huawei ha generado inquietud tanto en las filas de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Fuentes internas de las fuerzas de seguridad, que hablaron bajo condición de anonimato, han expresado su «profunda preocupación» por la dependencia de una empresa que ha sido vetada en redes críticas por países como Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. «Se nos pide extremar precauciones con aplicaciones extranjeras, mientras se entregan nuestras escuchas a servidores de una empresa controlada por Pekín», señaló un alto mando policial a The Objective. Los expertos en ciberseguridad subrayan que cualquier sistema de almacenamiento, independientemente del fabricante, puede incluir puertas traseras si no se controla completamente el hardware y el software, especialmente cuando se trata de tecnología extranjera no certificada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La Ley de Inteligencia Nacional de China, aprobada en 2017, obliga a las empresas chinas a colaborar con los servicios de inteligencia del país y a mantener en secreto dicha colaboración. Este marco legal ha alimentado las sospechas sobre la posibilidad de que Huawei pueda ser utilizada como un instrumento del Partido Comunista Chino (PCC) para acceder a datos sensibles. Aunque Huawei ha negado repetidamente cualquier implicación en actividades de espionaje y asegura que no tiene acceso a la información almacenada en sus servidores, estas garantías no han disipado las dudas de los servicios de inteligencia occidentales.
Reacciones Internacionales
La decisión del gobierno español ha trascendido fronteras, generando reacciones contundentes en Washington y Bruselas. El Comité de Inteligencia del Parlamento de Estados Unidos, liderado por el congresista Rick Crawford, emitió un comunicado calificando la adjudicación como «casi inimaginable» y advirtiendo que España está «jugando con fuego» al poner en riesgo su seguridad nacional y la de sus aliados. Crawford señaló que confiar en Huawei, a la que describió como un «agente del Partido Comunista Chino», para gestionar datos sensibles expone a España a «amenazas claras contra su soberanía». En una carta dirigida a la directora de Seguridad Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, los líderes de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes pidieron revisar los acuerdos de intercambio de inteligencia con España, argumentando que la información compartida podría caer en manos del PCC.
En Europa, la Unión Europea ha intensificado las presiones sobre España para que endurezca sus regulaciones contra proveedores chinos, especialmente tras el acuerdo alcanzado por Alemania para eliminar progresivamente las infraestructuras de Huawei y ZTE de sus redes 5G. En 2020, la Comisión Europea recomendó a los estados miembros excluir a proveedores de «alto riesgo» de los despliegues de 5G, una advertencia que afectaba directamente a Huawei. Países como Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido han adoptado restricciones explícitas, mientras que España ha mantenido una postura más ambigua, permitiendo la presencia de Huawei en áreas sensibles como el almacenamiento de escuchas judiciales, a pesar de haber expulsado a la empresa de las redes 5G de los principales operadores del país.
La Paradoja Española
La situación de Huawei en España refleja una paradoja: mientras el gobierno ha seguido las recomendaciones internacionales para excluir a la empresa de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones 5G, ha optado por mantener su participación en sistemas igualmente sensibles como el almacenamiento de escuchas policiales. Esta contradicción ha sido criticada por eurodiputados y expertos en ciberseguridad, quienes consideran que la decisión es una «provocación innecesaria» que contradice las medidas de seguridad recomendadas por la OTAN y la UE. «Es una incoherencia manifiesta», afirmaron fuentes parlamentarias europeas a Artículo 14, señalando que la adjudicación ha encendido las alarmas entre los socios de España.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalado como una figura clave en la introducción de Huawei en el sistema de escuchas español durante su mandato. Según The Objective, Zapatero, junto con su exjefe de seguridad, Segundo Martínez, ha ejercido presión para mantener los contratos con Huawei, incluso en ausencia de certificaciones del CNI. Esta relación ha generado especulaciones sobre influencias políticas y económicas detrás de la decisión, especialmente considerando los vínculos de Huawei con figuras políticas socialistas, como el exministro José Blanco, cuya consultora Acento ha trabajado con la empresa.
Críticas Políticas Internas
En España, la adjudicación ha desatado críticas de varios partidos políticos. El diputado de Junts, Josep Pagès, calificó la decisión como «especialmente grave» y exigió al gobierno que confirme si el sistema OceanStor 6800 V5 está sujeto a la legislación china, que podría obligar a Huawei a ceder datos sensibles a las autoridades de Pekín. Pagès también planteó preguntas sobre la posible implicación del empresario Víctor de Aldama, imputado en un caso de fraude, en las relaciones entre el Ministerio del Interior y Huawei.
Por su parte, el portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Hernando, tachó la adjudicación de «sospechosa» y «negligente», argumentando que el gobierno prioriza intereses económicos sobre la seguridad nacional. En una publicación en X, Hernando destacó la contradicción de invertir 2.300 millones de euros en Telefónica por motivos de seguridad nacional, mientras se confía en Huawei para gestionar datos sensibles. El diputado de Vox, Carlos Flores Juberías, fue más allá, afirmando que la decisión pone en riesgo la fiabilidad de España como socio de Estados Unidos, lo que podría «dañar severamente nuestra seguridad».
Implicaciones Geopolíticas
La controversia llega en un momento de crecientes tensiones geopolíticas entre Occidente y China. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, iniciada durante la administración Trump, ha llevado a un endurecimiento de las restricciones contra empresas tecnológicas chinas, con Huawei en el centro del debate. La decisión de España de mantener contratos con Huawei contrasta con la postura de sus aliados, lo que podría complicar las relaciones diplomáticas y de inteligencia, especialmente con Estados Unidos.
Además, el presidente chino, Xi Jinping, ha elogiado públicamente la «relación privilegiada» con España, un país donde Huawei ha reforzado su presencia con centros de innovación y contratos públicos. Sin embargo, esta cercanía ha generado recelo entre los servicios de inteligencia occidentales, que advierten sobre los riesgos de depender de tecnología extranjera en sistemas críticos.
La adjudicación de 12,3 millones de euros a Huawei para gestionar el almacenamiento de escuchas policiales en España ha abierto un debate complejo sobre la seguridad nacional, la soberanía de datos y las prioridades geopolíticas del país. Mientras el gobierno defiende la decisión como parte de un proceso de contratación pública estándar, las críticas de las fuerzas de seguridad, aliados internacionales y partidos políticos destacan los riesgos de confiar en una empresa con vínculos cuestionados con el gobierno chino. En un mundo donde la ciberseguridad y la protección de datos son cada vez más críticas, la paradoja española con Huawei pone en evidencia los desafíos de equilibrar los intereses económicos con la seguridad estratégica. La pregunta sigue siendo: ¿puede España garantizar la protección de su información más sensible mientras depende de tecnología extranjera?
