La madrugada del 3 de enero de 2026 será recordada como una de las más inquietantes y potencialmente peligrosas en la historia del sistema internacional moderno. En una operación militar que ha conmocionado al mundo, Estados Unidos —bajo el liderazgo de Donald Trump— habilitó un ataque a gran escala contra Venezuela, que se saldó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, su traslado inmediato a Nueva York y el anuncio de que Washington “dirigirá el país” provisionalmente. (Reuters)

Aunque los detalles factuales de la operación siguen emergiendo, lo que ya está claro es que estamos ante un hecho sin precedentes en el orden jurídico y político internacional de la posguerra: un Estado ha utilizado la fuerza militar para entrar en el territorio de otro, detener a su jefe de Estado en ejercicio, y trasladarlo a su propio suelo para su procesamiento. (PBS)

Este acto plantea preguntas fundamentales sobre la legalidad, la legitimidad y la estabilidad del orden internacional basado en normas, y merece un examen serio que vaya más allá de las reacciones polarizadas habituales.

¿Un acto legal o un secuestro internacional?

Según la explicación jurídica recogida por El Independiente, el derecho internacional es muy claro: un Estado no puede capturar a un jefe de Estado de otro país sin consentimiento del Estado afectado o sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. (El Independiente)

Además, Nicolás Maduro, como jefe de Estado en funciones, goza de lo que el derecho internacional denomina inmunidad personal absoluta (immunitas ratione personae). Esta inmunidad, respaldada por decisiones de la Corte Internacional de Justicia, protege a líderes en ejercicio de arrestos o detenciones por tribunales extranjeros, salvo excepciones extremadamente limitadas. (El Independiente)

La operación estadounidense, según explica el análisis jurídico, encaja con lo que el derecho internacional define como detención arbitraria o incluso secuestro de un jefe de Estado. Sin base legal en la ONU, en tratados multilaterales ni en acuerdos bilaterales conocidos, la acción de Washington podría constituir un acto ilícito que viola la soberanía de Venezuela y la prohibición del uso de la fuerza. (El Independiente)

Junto a esta valoración jurídica técnica, podemos articular una opinión: aunque el régimen de Maduro ha sido acusado durante años —incluidos cargos de narcotráfico y corrupción en Estados Unidos—, el hecho de que existan causas judiciales no autoriza a un país a aplicar justicia por su propia mano recorriendo atajos militares sobre la base del argumento de que otro Estado es “ilegítimo” o problemático.

Porque si hoy es Venezuela y Maduro, mañana podría ser cualquier otro Estado en disputa con una potencia. Ese tipo de lógica erosionaría la arquitectura de derechos y obligaciones que ha mantenido la paz internacional desde 1945.

La legitimidad y el doble estándar: ¿fuerza contra fuerza?

Otra dimensión que merece análisis es la narrativa con la que Estados Unidos ha justificado la operación. El gobierno de Trump justificó la acción como parte de la lucha contra narcoterrorismo y crimen transnacional y afirmó que su objetivo es una “transición” para Venezuela. (Reuters)

Sin embargo, diversos analistas observan que esta argumentación corre el riesgo de ser vista como un pretexto para una intervención más amplia de intereses geopolíticos y económicos, particularmente en un país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Esta percepción se ha reforzado por las declaraciones públicas del propio Trump sobre la intención de “administrar” Venezuela y sus recursos energéticos hasta que se organice una transición, un comentario que ha caído muy mal en la comunidad internacional. (Reddit)

La historia moderna está llena de ejemplos en los que las grandes potencias han invocado razones humanitarias, antiterroristas o democráticas para justificar intervenciones en países soberanos. Pero la legitimidad de tales argumentos no solo depende de las motivaciones declaradas, sino de la adhesión a las normas internacionales y al consenso multilateral, que en este caso no existe.

Respuesta internacional: de la condena al apoyo estratégico

La reacción global ha sido instantánea y contundente, con un claro contraste entre países y bloques.

Rusia y aliados han denunciado la operación como una “violación inaceptable del derecho internacional”, calificando la captura de Maduro como un secuestro ilegítimo y una agresión militar. (La Jornada)
España, a través del presidente Pedro Sánchez, ha anunciado que no reconocerá una intervención que, en su opinión, viola la Carta de la ONU y empuja la región hacia la incertidumbre y el belicismo. (elDiario.es)
Partidos y formaciones políticas europeas de diversos espectros han condenado lo que califican de ataque ilegal contra Venezuela, subrayando la necesidad de respetar la soberanía estatal. (Press Digital)
Algunos países latinoamericanos, como México y Brasil, han expresado preocupación o rechazo ante la intervención sin autorización internacional. (The Guardian)
Sectores de la derecha española y de otros países occidentales, por el contrario, han aplaudido la operación o han minimizado su importancia, enfocándose en la caída de un régimen que consideran ilegítimo. (infobae)

Este mosaico de reacciones pone de manifiesto una profunda fractura en el sistema internacional: mientras unos actores ven en la operación una respuesta legítima a un régimen autoritario, otros la consideran una afrenta directa al núcleo del derecho internacional y la soberanía de los pueblos.

Consecuencias geopolíticas: más allá de la coyuntura

Incluso si se argumenta que Maduro es un dictador responsable de violaciones de derechos y de una grave crisis humanitaria en Venezuela, la decisión de usar la fuerza unilateralmente para capturarlo —sin mandato internacional ni consenso regional— tiene consecuencias sistémicas.

Erosiona la norma que prohíbe la intervención militar no autorizada, un pilar fundamental de la Carta de la ONU.
Establece un precedente peligroso: si las grandes potencias pueden capturar jefes de Estado que les desagradan sin permiso, la integridad territorial y la soberanía de todos los Estados quedan a merced de la voluntad de los más poderosos.
Desencadena tensiones regionales en América Latina, con revueltas políticas, protestas sociales y mayor polarización entre bloques pro y antiestadounidenses.

La historia de las relaciones internacionales ha demostrado que la estabilidad global no se mantiene por la fuerza, sino por el respeto a las reglas y por el diálogo multilateral. Una operación militar unilateral —aunque obtenga resultados tácticos— puede socavar ese consenso y sembrar desconfianza profunda.

Entre la justicia y el orden internacional

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marca un hito inquietante. La lógica de actuar sin autorización internacional plantea un serio asalto al tejido jurídico que sostiene la paz mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque las motivaciones pueden ser diversas —políticas, éticas o estratégicas— la manera en que se llevan a cabo los actos de poder internacional importa tanto como sus objetivos.

Al final, el gran desafío de nuestra época no es solo enfrentar a líderes autoritarios o corregir injusticias internas de otros Estados, sino preservar y fortalecer un sistema basado en reglas, donde la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la solución pacífica de controversias continúen siendo la norma.

Porque si renunciamos a esas reglas en nombre de buenos fines, corremos el riesgo de sustituir un mundo injusto por otro aún más impredecible y peligroso.