La banquera de inversión y exvicepresidenta de J.P. Morgan para Latinoamérica Susana de la Puente expone cómo el diseño tributario condiciona la capacidad de los jóvenes para iniciar y consolidar sus proyectos, y cómo ciertos incentivos podrían convertir la presión fiscal en un motor de innovación y crecimiento sostenido.
El emprendimiento juvenil sostiene la competitividad económica a largo plazo. Sin embargo, el entorno en el que estos proyectos nacen determina su capacidad de avanzar. Entre los factores que más influyen destaca el fiscal, cuyo diseño puede impulsar el crecimiento o actuar como un freno en los momentos más críticos de un negocio.
Para quienes empiezan, la carga tributaria temprana supone una dificultad estructural: se exige cumplimiento en una etapa en la que los ingresos son impredecibles y la disponibilidad financiera es muy limitada, según señala Susana de la Puente. Esto afecta no solo la viabilidad de iniciativas individuales, sino también la vitalidad del ecosistema emprendedor, reduciendo innovación, atracción de talento y empleo de calidad. En un entorno que promueve crear empresas como motor económico, resulta contradictorio que quienes recién comienzan deban adaptarse a un sistema pensado para firmas consolidadas.
La tributación como elemento que define el inicio empresarial
En las primeras fases de un proyecto emprendedor, asignar recursos con precisión es crucial. Los jóvenes deben tomar decisiones financieras que afectan directamente la supervivencia y el crecimiento, por lo que una presión fiscal elevada condiciona su estrategia de inversión y limita su crecimiento orgánico.
Cumplir obligaciones fiscales desde los primeros meses —cuotas sociales, impuestos sobre la renta o sociedades— es complejo cuando los ingresos son inestables y el flujo de caja es escaso. Esta presión reduce liquidez para reinvertir, innovar o contratar, e incrementa el riesgo de cierres prematuros, afectando la percepción del emprendimiento como una opción realista para nuevos fundadores, según plantea de la Puente.
Además, esta carga incorpora trámites y requisitos que exigen conocimientos técnicos o asesoría profesional, lo que aumenta los costos operativos. Desde la perspectiva de inversores o gestores de capital, este escenario eleva el riesgo percibido y dificulta financiar iniciativas jóvenes, restringiendo el acceso a crédito o capital privado.
Susana de la Puente sostiene que este marco actúa como un filtro: los proyectos con recursos suficientes logran avanzar, mientras que ideas innovadoras con menos respaldo deben detenerse o retrasar decisiones clave.
Medidas diseñadas para impulsar creatividad y competitividad
Aplicados adecuadamente, los incentivos tributarios pueden aliviar la presión de los emprendedores jóvenes y redirigir recursos hacia actividades de alto valor, fomentando experimentación y crecimiento sostenible.
Entre estos instrumentos destacan deducciones por inversión en I+D, bonificaciones en cuotas sociales para contratar talento joven y regímenes especiales para startups que permiten reducir temporalmente la carga fiscal. Estas medidas aumentan liquidez para reinvertir y disminuyen el riesgo percibido por los inversores, facilitando acceso a capital, según explica De la Puente. El Reino Unido ofrece un marco especialmente atractivo para la inversión en startups.
Los incentivos bien diseñados generan un efecto multiplicador: diversifican el ecosistema emprendedor, impulsan soluciones tecnológicas y favorecen la expansión internacional. Esto crea un ciclo donde la innovación genera empleo cualificado, competitividad y tejido empresarial sólido. Para Susana de la Puente, este tipo de entorno permite que los jóvenes conviertan sus ideas en proyectos escalables.
Comparación de sistemas fiscales realizada por Susana de la Puente
La fiscalidad para jóvenes emprendedores varía ampliamente entre países. En Europa destaca Reino Unido, que ofrece esquemas favorables para startups mediante deducciones y créditos por inversión en innovación y capital semilla, como el SEIS o los incentivos I+D, lo que permite reducciones significativas para inversores y empresas que desarrollan investigación. Francia combina ayudas directas con regímenes especiales como la JEI, que ofrece exenciones de cargas sociales para empleos ligados a innovación y créditos fiscales, según indica la banquera de inversión Susana de la Puente.
España mantiene un marco más rígido. Aunque ha introducido medidas como la Ley de Startups —tipo reducido del impuesto de sociedades, deducciones por inversión y tarifa plana de autónomos— los incentivos siguen fragmentados y dependen de convocatorias específicas, dificultando atraer capital y consolidar proyectos en etapas tempranas.
Fuera de Europa, Estados Unidos presenta un entorno flexible con deducciones para I+D y programas como el SBIR, que financian investigación sin reembolso. Sin embargo, su efectividad depende de la capacidad del emprendedor para acceder y gestionar estos programas, un reto para jóvenes con poca experiencia, según apunta Susana de la Puente.
En América Latina crecen las políticas destinadas a fortalecer startups y reducir barreras iniciales. República Dominicana impulsa incentivos mediante un régimen especial para crear y formalizar empresas, mientras que Chile combina un sistema tributario progresivo con incentivos que incluyen exenciones iniciales y créditos para inversión en I+D, favoreciendo la expansión de empresas emergentes.
Los países que logran equilibrar incentivos, formación, acceso a capital y trámites simplificados generan un entorno donde los jóvenes pueden innovar y escalar sus proyectos. Los emprendedores jóvenes siguen siendo especialmente vulnerables: deben responder a obligaciones fiscales cuando sus ingresos aún son inestables y sus recursos limitados, lo que afecta la viabilidad de sus iniciativas y la percepción del emprendimiento como camino profesional, concluye Susana de la Puente.
