En un mundo donde la reproducción asistida se ha convertido en un lucrativo negocio global, la industria de los vientres de alquiler —o gestación subrogada— opera como una red transnacional compleja y opaca, especialmente en suelo europeo. Prohibida en la mayoría de los países de la Unión Europea por considerarla una forma de explotación y commodificación del cuerpo femenino, esta práctica genera un mercado subterráneo que mueve miles de millones de euros al año. Según estimaciones recientes, el valor global del mercado de la subrogación alcanzó los 22.400 millones de dólares en 2024 (aproximadamente 20.500 millones de euros), con proyecciones de crecimiento hasta los 201.800 millones de dólares para 2034. En Europa, donde las leyes restrictivas impulsan operaciones transfronterizas, el negocio se estima en una porción significativa de esta cifra, superando los 17.000 millones de euros anuales en transacciones directas e indirectas, incluyendo turismo reproductivo y servicios legales.
Esta industria no es un fenómeno aislado, sino un ecosistema coordinado de agencias de mediación, bufetes de abogados, clínicas de reproducción asistida y centros de gestación subrogada. Estas entidades trabajan en tándem, aprovechando lagunas legales, empresas pantalla y registros mercantiles en el extranjero —muchos en paraísos fiscales— para eludir regulaciones y maximizar beneficios. El resultado es un entramado que explota vulnerabilidades socioeconómicas, particularmente de mujeres en países de Europa del Este, mientras atiende a clientes adinerados de Occidente. Este reportaje, basado en investigaciones periodísticas y académicas, desentraña esta red, destacando sus ramificaciones éticas, legales y económicas.
El marco legal fragmentado en Europa: Semillero de operaciones clandestinas
La Unión Europea carece de un marco regulatorio unificado sobre la subrogación, lo que genera un mosaico de leyes que facilitan redes transnacionales. En países como España, Francia, Alemania e Italia, la gestación subrogada es ilegal, con sanciones que van desde multas hasta penas de prisión por considerar que viola la dignidad humana y equivale a trata de personas. Por ejemplo, en España, la Ley 14/2006 declara nulos los contratos de subrogación, y el Código Penal castiga la transferencia compensada de menores con hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, una instrucción consular de 2010 permite registrar a niños nacidos en el extranjero mediante resolución judicial que pruebe el vínculo genético y el consentimiento de la gestante, creando una permisividad administrativa que fomenta el «turismo reproductivo».
En contraste, países como Ucrania y Georgia permiten la subrogación comercial, atrayendo a miles de parejas europeas. Ucrania, con su Código Familiar de 2002, reconoce a los padres intencionales como legales si hay un vínculo genético, limitando la práctica a parejas heterosexuales casadas. Antes de la invasión rusa en 2022, este país gestionaba entre 2.000 y 2.500 contratos anuales, generando 1.500 millones de dólares en ingresos. Georgia, por su parte, anunció en 2023 restricciones para limitar la subrogación comercial a ciudadanos locales, dejando en limbo programas existentes y afectando a clientes internacionales. Chipre del Norte, no reconocido internacionalmente, legalizó la práctica en 2016, pero su falta de supervisión fomenta abusos.
Esta disparidad legal impulsa un flujo transnacional: parejas de países prohibitivos viajan a destinos permisivos, coordinados por agencias que manejan todo, desde la selección de gestantes hasta la falsificación de documentos para registrar al niño en el país de origen. La Corte Europea de Derechos Humanos prioriza el interés superior del menor, obligando a reconocer la filiación para evitar apatridia, como en los casos Mennesson v. Francia (2014) y Paradiso v. Italia (2017). No obstante, el Parlamento Europeo condenó en 2023 la subrogación comercial como explotación y tráfico humano, urgiendo un marco legal común.
La cadena de actores: Agencias, clínicas y bufetes en coordinación
El núcleo del entramado radica en una red coordinada de intermediarios. Agencias como New Life Global Network, con sede aparente en el Reino Unido pero operaciones en Georgia, Ucrania, México y Kenia, actúan como brokers globales. Fundada en 2008 por la empresaria georgiana Mariam Kukunashvili, New Life ha facilitado más de 7.000 nacimientos, ofreciendo paquetes desde 40.000 dólares que incluyen reclutamiento de gestantes vulnerables —a menudo mujeres pobres, víctimas de abuso doméstico o trabajadoras de fábricas— en países de bajos ingresos. La agencia recluta vía anuncios en estaciones de bus, periódicos y redes sociales, prometiendo pagos de 12.500 dólares a gestantes, más bonos por gemelos.
Clínicas de reproducción asistida, como BioTexCom y VittoriaVita en Kiev (Ucrania), o el Centro de Salud Reproductiva de la Clínica Chachava en Tiflis (Georgia), manejan los aspectos médicos: transferencias de embriones, IVF y partos. BioTexCom ofrece planes «VIP» por 64.000 euros con intentos ilimitados, mientras que Chachava atiende a 300-400 gestantes al año, contribuyendo 300 millones de dólares anuales al turismo de salud georgiano. Estas clínicas colaboran con agencias para transferir embriones múltiples —práctica riesgosa que triplica complicaciones maternas— y garantizan abortos en casos de anomalías genéticas, a menudo sin consentimiento pleno de la gestante.
Bufetes de abogados completan la cadena, manejando contratos opacos y registros. En España, firmas asesoran a padres intencionales para sortear prohibiciones, mientras en Ucrania, agencias como Delivering Dreams proporcionan asesoría legal independiente. La coordinación es evidente en casos como el de IVF Tours Georgia, implicada en tráfico de mujeres turcas a Georgia y Chipre del Norte, con falsificación de documentos. En 2019, una red liderada por un cabecilla chipriota del norte y cómplices moldavos fue desmantelada en Estambul, revelando cómo se suministraban drogas de fertilidad a mujeres reclutadas en cafés y se las traficaba a clínicas como IVF Tours.
Ramificaciones ocultas: Empresas pantalla, testaferros y paraísos fiscales
La opacidad es un pilar del negocio. Muchas agencias usan empresas pantalla y registros en paraísos fiscales para ocultar propietarios y flujos financieros. New Life Global Network LLP, registrada en Londres pero sin activos fijos, ocultó dueños mediante firmas nominativas en las Islas Marshall —un paraíso fiscal conocido por su secreto corporativo— violando leyes de transparencia británicas hasta 2020. Inicialmente, declaró como propietario a Irakli Khvichia, un conductor georgiano con condena por drogas, pero tras indagaciones periodísticas, transfirió el control a David Bezhuashvili, esposo de Kukunashvili. Pagos de clientes van a cuentas en Georgia y Letonia, evadiendo escrutinio.
En Grecia, el Instituto de Fertilidad Mediterráneo en Creta fue allanado en 2023 por traficar a casi 100 mujeres de Europa del Este y falsificar papeles de adopción para clientes de países prohibitivos. Operaba como una «fábrica de bebés» con vínculos a redes en Ucrania y Georgia. En Chipre del Norte, clínicas como F. IVF Center en Estambul servían de frentes para reclutar y traficar mujeres, usando cafés para distribuir drogas de fertilidad. Estos testaferros y empresas fantasma, a menudo registradas en jurisdicciones como las Islas Vírgenes Británicas o Chipre —calificados como paraísos fiscales por la UE— permiten blanquear ganancias y evitar impuestos.
Investigaciones como el Baby Broker Project revelan cómo New Life expandió a Tailandia, Camboya y Nepal, cerrando operaciones tras escándalos de trata, pero reubicando embriones a México. En Camboya, gestantes fueron arrestadas por tráfico infantil en 2018, sin contratos ni apoyo de la agencia.
Abusos éticos y humanos: Explotación en la cadena reproductiva
Detrás de la fachada de «ayuda a la infertilidad», yacen abusos graves. Mujeres de Turquía, Georgia y Ucrania son reclutadas por pobreza —el 11,5% de georgianas viven bajo la línea de pobreza absoluta— y traficadas con promesas de ganancias, sufriendo coerción, traslados forzados y violencia obstétrica como cesáreas inducidas o abortos sin consentimiento. Un caso en Georgia involucró a una turca transferida a Tailandia para dar a luz a un bebé para un chino soltero, violando leyes locales. Otro, en 2021, expuso al F. IVF Center por reclutar menores y traficarlas a Chipre.
Feministas abolicionistas, como las de la Declaración de Casablanca (2023), firmada por expertos de 75 países, llaman a prohibir globalmente la subrogación por commodificar cuerpos y perpetuar desigualdades de género, raza y clase. Reformistas abogan por regulación, pero expertos como Françoise Shenfield de ESHRE advierten que incentivos desproporcionados anulan el consentimiento autónomo.
Hacia una regulación internacional
El entramado transnacional de los vientres de alquiler prospera en las grietas de la globalización, moviendo más de 17.000 millones de euros anuales mientras explota vulnerabilidades. Raids como el de Creta y casos en Ucrania subrayan la urgencia de oversight internacional, como propone la ONU. Sin acción, esta industria continuará como una forma moderna de colonialismo reproductivo, priorizando beneficios sobre derechos humanos.
