Washington llama “operación policial”, la ONU alerta sobre precedentes peligrosos, Europa expresa inquietud y aliados adversos critican el unilateralismo
El tablero geopolítico mundial ha entrado en una fase de máxima tensión desde que Estados Unidos ejecutó, el 3 de enero de 2026, una operación militar directa en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Esta acción, sin precedentes en las relaciones hemisféricas contemporáneas, plantea interrogantes graves sobre la vigencia del derecho internacional, el papel de las grandes potencias y la futura configuración de un orden global cada vez más polarizado.
Un acto sin parangón en el sistema interestatal
La operación estadounidense en Venezuela, denominada “Absolute Resolve” según fuentes oficiales, implicó un despliegue masivo de fuerzas combinadas —incluyendo unidades de operaciones especiales, aviación, infantería y logística— para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas y trasladarlos posteriormente a Nueva York para ser procesados por narcoterrorismo y delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.
Apenas iniciado el año, este operativo representa una ruptura radical con las normas tradicionales de no intervención y soberanía nacional que han regido desde la Segunda Guerra Mundial —y que se codificaron en la Carta de las Naciones Unidas—, al menos en el marco de un Estado estadounidense que históricamente se ha proclamado guardián del statu quo internacional. Algo tan extremo como la entrada de fuerzas armadas extranjeras para capturar a un jefe de Estado en ejercicio y procesarlo en tribunales de otro país no tiene precedentes comparables desde la ocupación de Berlín o el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán; pero incluso esos casos ocurrieron en contextos de guerra abierta o resolución multilateral respaldada por la ONU.
El argumento oficial de Washington —presentado como una “operación policial” contra un “narcoterrorista” con vínculos criminales globales— no ha logrado mitigar las críticas. Tanto el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como gobiernos de múltiples regiones han condenado la acción, señalando que vulnera el derecho internacional y socava la seguridad colectiva.
Este hecho no solo desafía convenciones legales, sino que impacta de lleno en uno de los pilares del sistema global: la prohibición de usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, salvo en legítima defensa o bajo mandato expresa de la ONU. El operativo estadounidense excluye ambos escenarios.
China: la respuesta de una superpotencia en ascenso
Ante esta intervención, Pekín ha roto su tradicional retórica cauta para articular una crítica poderosa y claramente dirigida a Washington —sin mencionar nombres propios, pero con un mensaje inequívoco contra el “unilateralismo hegemónico”. El presidente Xi Jinping, desde su habitual postura institucional, subrayó que “las grandes potencias deben respetar el camino de desarrollo elegido por otros países” y que la responsabilidad de mantener la paz global recae en quienes más poder poseen.
La respuesta oficial china va más allá del discurso: Beijing ha anunciado su respaldo a la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la operación militar en Venezuela, y ha emplazado a defender la Carta de la ONU, los principios de justicia internacional y la soberanía de los Estados.
Para Pekín, la captura de Maduro simboliza algo más que un conflicto en el Caribe: representa un ataque directo al orden internacional que ha permitido a China crecer y expandir su influencia en las últimas décadas. Caracas fue uno de los socios más importantes de China en América Latina, con vínculos económicos profundos que incluyen contratos petroleros, financiamiento de infraestructura y cooperación estratégica. La operación estadounidense daña no solo la relación bilateral, sino el proyecto de un mundo multipolar donde Beijing se presenta como contrapeso a la hegemonía estadounidense.
Las reacciones globales: polarización y fracturas
La respuesta internacional ha sido intensa y polarizada:
- Organismos multilaterales y países del Sur global han advertido que tal unilateralidad mina la estabilidad regional y marca un precedente peligroso de “uso de fuerza sin mandato”.
- Estados de América Latina como México y Brasil han calificado el operativo como una intervención militar y un desprecio por los principios de no intervención y solución pacífica de controversias.
- Europa ha expresado preocupación por la legalidad y por la escalada militar en una región que, hasta hace poco, era considerada relativamente estable.
- Aliados de Estados Unidos muestran posturas mixtas: algunos celebran el debilitamiento de un régimen considerado autoritario, otros advierten sobre los riesgos estratégicos de normalizar la intervención unilateral.
- Actores no estatales y movimientos políticos, desde la diáspora venezolana hasta grupos críticos con Washington, han polarizado la opinión pública global, mostrando apoyo y rechazo en intensidades diversas.
Este choque ha reabierto debates sobre la legitimidad de intervenciones humanitarias, la lucha contra el narcotráfico transnacional y el rol de los grandes poderes en un mundo multipolar emergente.
El argumento estadounidense y sus contradicciones
Desde la narrativa oficial, el objetivo fue capturar a un individuo acusado de crímenes transnacionales que afectan directamente a la seguridad estadounidense, utilizando para ello capacidades militares para minimizar daños y evitar bajas propias. El presidente Donald Trump ha defendido la operación como un “éxito táctico increíble” y ha insinuado que Estados Unidos podría realizar acciones similares si se considera necesario.
Sin embargo, el propio enfoque de calificar el operativo como una acción policial encubierta —en lugar de reconocerlo como una agresión militar de gran envergadura— introduce tensiones legales internas en Estados Unidos y con sus aliados. La captura de un jefe de Estado extranjero con fuerzas armadas de un tercer país y su procesamiento en tribunales nacionales es tan extraordinario que incluso políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han manifestado reservas sobre su legalidad, así como sobre las amplias implicaciones estratégicas y constitucionales.
Además, las declaraciones de Trump de “gobernar temporalmente” Venezuela y gestionar su petróleo implican una lógica colonial que pocos gobiernos occidentales —incluso aliados tradicionales— están dispuestos a apoyar abiertamente en la actualidad. El acceso a hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano en el corto plazo ha sido citado por la Casa Blanca como una ventaja energética, pero también alimenta las preocupaciones sobre motivaciones económicas detrás de una operación que, en la práctica, equivale a control territorial y político directo.
Implicaciones para el orden internacional
Este episodio —más allá de sus detalles operativos— fuerza a reevaluar los fundamentos del orden global:
1. ¿Es Estados Unidos candidato a dictar legalidad internacional?
El argumento de Washington de que su acción está motivada por la lucha contra el narcotráfico y por la defensa de la seguridad nacional choca con la centralidad de la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza. Si una superpotencia puede justificar un ataque para capturar a un jefe de Estado bajo cargos criminales, ¿qué freno existe para el resto? En un sistema internacional cada vez más multipolar, no serán solo Estados Unidos quienes reclamen prerrogativas de este tipo.
2. ¿China redefine normas o aprovecha un vacío?
Pekín ha usado la ocasión para presentarse como defensor del marco normativo multilateral y del respeto soberano. Sin embargo, China misma ha sido acusada de prácticas que, desde la perspectiva occidental, desafían normas similares —como la construcción de islas artificiales en el Mar de China Meridional o el uso de presiones económicas para forzar decisiones de países más pequeños. La negociación de normas globales será así inevitablemente un campo de batalla ideológico entre grandes potencias, no una síntesis cooperativa.
3. ¿Qué mensaje para los países medianos?
Naciones que solían confiar en la “estabilidad normativa” de las últimas décadas ahora enfrentan la posibilidad de que los principios de no intervención y la inviolabilidad territorial sean reinterpretados según intereses estratégicos de grandes potencias.
¿Hacia un nuevo equilibrio o a la anarquía de poder?
La operación militar de Estados Unidos en Venezuela y la respuesta de China simbolizan algo más que una crisis regional: representan una fractura acelerada del orden internacional, tal como lo conocíamos. El unilateralismo hegemónico, denunciado por Beijing y por diversos actores globales, no es simplemente una crítica retórica: es una advertencia de que el sistema de reglas que ha limitado históricamente la fuerza bruta entre Estados está bajo enorme presión.
Si Estados Unidos continúa normalizando acciones militares sin mandato multilateral bajo pretextos amplios, y si China sigue capitalizando su papel como campeón retórico del derecho internacional —aunque con fines estratégicos propios—, el resultado podría ser una carrera de legitimaciones cruzadas que fragmenten aún más el sistema global.
Esta crisis nos deja una pregunta radical: ¿puede el sistema internacional sobrevivir a una era en la que las grandes potencias redefinen las reglas conforme a sus intereses estratégicos, o estamos presenciando el ocaso de un orden basado en normas y el nacimiento de otro donde priman las relaciones de fuerza y bloques contrapuestos?
La respuesta determinará la estabilidad global en las próximas décadas.
