El pasado 24 de julio de 2025, un joven de 22 años, Mahamedi, perdió la vida en la comisaría de la Policía Local de Montornès del Vallès, en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), tras ser abatido por disparos de un agente. Según la versión oficial, Mahamedi, hijo de padres gambianos y nacido en Catalunya, irrumpió en la comisaría armado con un cuchillo, lo que llevó a un agente a dispararle, resultando también herido otro policía. Sin embargo, colectivos antirracistas y organizaciones sociales han cuestionado esta narrativa, denunciando un nuevo episodio de racismo institucional y exigiendo una investigación transparente para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.
Los Hechos Según la Versión Oficial
El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas del viernes 24 de julio, cuando Mahamedi, descrito por la policía como un joven de entre 20 y 25 años, ingresó a la comisaría de Montornès del Vallès presuntamente armado con un cuchillo. Según el comunicado del Ayuntamiento de Montornès, un agente abrió fuego para repeler la amenaza, causando la muerte inmediata de Mahamedi. Durante la acción, un disparo rebotado hirió gravemente a otro agente en el tórax, quien fue trasladado al Hospital de Sant Pau en estado crítico pero estable. Los Mossos d’Esquadra, encargados de la investigación a través de su División de Investigación Criminal (DIC), han descartado el móvil terrorista, aunque no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del suceso.
El comunicado institucional del Ayuntamiento, emitido en redes sociales, describió el evento como un “incidente” en el que “un hombre armado” fue “abatido” tras entrar en la comisaría, omitiendo información clave sobre la causa de la muerte y la naturaleza de las heridas. Esta narrativa, respaldada por medios de comunicación que reprodujeron la versión policial, ha sido criticada por colectivos antirracistas por su carácter criminalizador y por deshumanizar a Mahamedi, un vecino conocido en su comunidad como una persona tranquila que trabajaba como repartidor y había jugado en las categorías inferiores del equipo de fútbol local.
La Respuesta de los Colectivos Antirracistas
Colectivos antirracistas, incluyendo SOS Racisme y otras organizaciones sociales, han emitido comunicados contundentes exigiendo verdad, justicia y reparación para Mahamedi y su familia. En su declaración, han señalado que la muerte del joven no es un hecho aislado, sino parte de una “maquinaria de persecución y criminalización” contra las comunidades migrantes y racializadas en España, incluyendo Catalunya. Estas organizaciones han cuestionado la opacidad de las autoridades y la falta de rigor periodístico en la cobertura del caso, que ha priorizado la versión policial sin contrastar los hechos.
Entre las principales demandas de los colectivos se encuentran:
- Esclarecimiento de los hechos: Exigen una investigación independiente que detalle las circunstancias de la muerte, incluyendo el número de disparos, las zonas del cuerpo impactadas y las razones por las cuales se utilizó un arma de fuego en lugar de métodos de contención no letales.
- Responsabilidades policiales: Cuestionan por qué un agente en prácticas, armado únicamente con un arma de fuego, fue el encargado de enfrentar la situación, y por qué no se emplearon tácticas de desescalamiento o contención alternativa.
- Trato digno a la familia: Denuncian que las autoridades no informaron a la familia de Mahamedi de manera inmediata y respetuosa, sino que realizaron preguntas en su domicilio sin comunicar el fallecimiento.
- Rigor periodístico: Piden a los medios de comunicación que eviten reproducir narrativas criminalizadoras y que contrasten la información más allá de la versión oficial, especialmente en un contexto de aumento de discursos de odio contra comunidades migrantes y racializadas.
Contexto de Racismo Institucional
La muerte de Mahamedi se suma a una serie de casos recientes de violencia policial contra personas racializadas en España. En 2025, se han registrado incidentes similares, como la muerte de Mamouth Bakhoum en Sevilla, la de Abdoulie Bah en el aeropuerto de Gran Canaria, y el caso de Abderrahim en Torrejón de Ardoz. Estos episodios han avivado el debate sobre el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y la necesidad de reformar los protocolos de actuación policial.
Los colectivos antirracistas han destacado que la narrativa oficial en el caso de Mahamedi sigue un patrón recurrente: la criminalización de la víctima y la omisión de detalles que permitan entender el contexto completo. Por ejemplo, el comunicado del Ayuntamiento de Montornès se refirió a Mahamedi como “un hombre armado” sin mencionar su identidad ni su arraigo en la comunidad, contribuyendo a su deshumanización. Asimismo, la falta de comunicación adecuada con la familia refleja una insensibilidad institucional que agrava el dolor de los seres queridos.
El caso también ha puesto en evidencia las condiciones de las comisarías en municipios pequeños. Según informes, en el momento del incidente, solo tres agentes estaban de servicio en Montornès, y solo uno, un agente en prácticas, estaba armado. Esta situación plantea preguntas sobre la preparación y los recursos disponibles para manejar crisis en comisarías locales, así como sobre la formación de los agentes en técnicas de contención no letales.
Reacciones de la Comunidad
La muerte de Mahamedi ha generado una profunda conmoción en Montornès del Vallès, una localidad de clase trabajadora con una significativa población migrante. Vecinos han descrito a Mahamedi como una persona tranquila y conocida, que vivía en el barrio de Montornès Nord y trabajaba como repartidor para una empresa en línea. Su arraigo en la comunidad, donde también jugó fútbol en las categorías inferiores, contrasta con la narrativa oficial que lo presenta como una amenaza.
La indignación por el suceso llevó a protestas en la localidad, con incidentes reportados la noche del 29 de julio, cuando amigos de Mahamedi presuntamente quemaron contenedores y vehículos en respuesta a la actuación policial. Un joven de 18 años fue detenido en relación con estos hechos, lo que refleja la tensión en la comunidad y la falta de canales institucionales para canalizar el dolor y la demanda de justicia.
El alcalde, José Antonio Montero Domínguez, ha evitado pronunciarse sobre los hechos, y el Ayuntamiento ha declinado ofrecer explicaciones adicionales, lo que ha sido interpretado como una falta de compromiso para abordar las preocupaciones de la comunidad.
Implicaciones Legales y Sociales
La investigación, liderada por la DIC de los Mossos d’Esquadra, tiene como objetivo esclarecer las circunstancias del suceso, incluyendo la motivación de Mahamedi y la proporcionalidad de la respuesta policial. Sin embargo, la opacidad inicial y la falta de información detallada han generado desconfianza entre los colectivos antirracistas, que temen que el caso quede sin resolver o que se refuerce la narrativa oficial sin un análisis crítico.
El uso de armas de fuego en este caso plantea interrogantes sobre los protocolos de actuación policial. En España, el uso de la fuerza letal debe cumplir con principios de necesidad, proporcionalidad y oportunidad, según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los colectivos antirracistas argumentan que, en ausencia de una amenaza inminente de muerte, se deberían haber empleado métodos no letales, como tasers o técnicas de desescalamiento, especialmente considerando que el incidente ocurrió en una comisaría, un entorno controlado.
Desde una perspectiva social, el caso de Mahamedi pone de relieve la creciente polarización en torno a las comunidades migrantes y racializadas. Los colectivos han advertido sobre el aumento de discursos de odio promovidos por organizaciones de ultraderecha, que contribuyen a la estigmatización de estas comunidades. La cobertura mediática, al reproducir la versión policial sin cuestionarla, refuerza estereotipos que perpetúan la criminalización de personas racializadas.
Hacia una Resolución Justa
Para avanzar hacia la justicia, los colectivos antirracistas insisten en la necesidad de una investigación independiente que no dependa exclusivamente de las fuerzas policiales. Proponen la creación de un organismo externo que supervise los casos de violencia policial, similar a los existentes en otros países europeos, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, exigen formación obligatoria para los agentes en técnicas de desescalamiento y en la lucha contra el racismo estructural.
La familia de Mahamedi, que aún no ha recibido una comunicación oficial adecuada, merece un trato digno y respuestas claras. Los colectivos también han hecho un llamado a la sociedad para que se solidarice con la familia y apoye las demandas de justicia, evitando la reproducción de narrativas que criminalicen a la víctima.
La muerte de Mahamedi en la comisaría de Montornès del Vallès es un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrentan las comunidades migrantes y racializadas en España. La opacidad institucional, la falta de rigor en la cobertura mediática y el uso de la fuerza letal en circunstancias cuestionables han avivado la indignación de los colectivos antirracistas, que exigen verdad, justicia y reparación. Este caso no solo pone en cuestión los protocolos policiales, sino que también subraya la necesidad de abordar el racismo institucional como un problema estructural. Mientras la investigación avanza, la comunidad de Montornès y los colectivos antirracistas continúan luchando por una sociedad más justa, donde tragedias como esta no se repitan.