En una ciudad como Barcelona, donde la innovación tecnológica y la eficiencia administrativa son banderas del gobierno municipal, resulta chocante imaginar a los funcionarios trabajando con ordenadores encadenados a las mesas como si fueran reliquias de un museo. Sin embargo, esta es la realidad que ha impulsado el Ayuntamiento tras una serie de robos que han dejado al descubierto vulnerabilidades inesperadas en sus propias dependencias. Según datos revelados por el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, en respuesta a una interpelación del grupo municipal de Vox, se han sustraído 58 ordenadores desde 2023, con un valor total de 86.304 euros. Esta medida, que evoca épocas pasadas de precauciones drásticas, plantea preguntas sobre la seguridad en las instituciones públicas y el impacto en la confianza ciudadana.
El anuncio, recogido inicialmente por el medio local Betevé, ha generado una oleada de sorpresa y debate en la capital catalana. Barcelona, con su imagen de metrópolis moderna y turística, se enfrenta a un problema que, aunque no es «generalizado» según Batlle, revela grietas en el sistema. Los registros del Instituto Municipal de Informática (IMI) detallan una escalada preocupante: ocho robos en 2023, que subieron a 29 en 2024, y ya 21 en lo que va de 2025. Cada ordenador tiene un valor máximo de 1.488 euros, pero el costo real va más allá del monetario: implica interrupciones en el trabajo administrativo, posibles fugas de datos sensibles y un golpe a la moral de los empleados municipales.
Batlle, en su intervención, ha enfatizado que estos incidentes representan apenas el 0,5% de los 11.228 ordenadores disponibles para los trabajadores del consistorio. «No se puede considerar como un problema generalizado en ningún caso», sentenció el teniente de alcaldía, intentando restar dramatismo al asunto. Sin embargo, admitió la preocupación principal: la imposibilidad de determinar si los robos se producen dentro o fuera de las instalaciones municipales. Esta incertidumbre apunta directamente a posibles fallos en la vigilancia interna o incluso a implicaciones de personal propio, un escenario que el gobierno prefiere no enfatizar pero que no puede ignorar.
La decisión de encadenar los dispositivos surge como una respuesta inmediata y pragmática. «Hemos colocado candados para fijar los terminales a las mesas», explicó Batlle, presentándolo como una medida efectiva para «detener en seco» los robos. Esta solución, aunque sencilla, recuerda a prácticas comunes en bibliotecas públicas o cibercafés de antaño, donde el hurto de equipo era un riesgo cotidiano. En el contexto del Ayuntamiento, sin embargo, plantea interrogantes sobre la modernidad de la administración. ¿Es esta la mejor forma de proteger activos públicos en una era digital? Expertos en seguridad consultados para este reportaje sugieren que, si bien los candados físicos son un disuasorio básico, no abordan raíces más profundas como el control de accesos o la monitorización digital.
Para contextualizar este fenómeno, es necesario mirar el panorama más amplio de la delincuencia en Barcelona. Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, para el primer semestre de 2025, los delitos en la ciudad han descendido un 8,8% en comparación con el mismo período de 2024. Los hurtos, que representan la mayoría de los crímenes patrimoniales (85,5%), han caído un 7,1%, y los robos con violencia un 9,9%. Estas cifras, presentadas por el alcalde Jaume Collboni y la secretaria de Seguridad de la Generalitat, Núria Parlon, pintan un cuadro de mejora gracias a un aumento en la presión policial y judicial. Sin embargo, hay matices: los incidentes con armas blancas han aumentado, y la multirreincidencia sigue siendo un talón de Aquiles, con 452 ladrones habituales identificados en la ciudad.
Este descenso general contrasta con un repunte en robos específicos en instituciones públicas. En los últimos años, escuelas e institutos de Barcelona y alrededores han sufrido oleadas de hurtos de ordenadores portátiles y tablets. Por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet, cuatro institutos perdieron más de 500 dispositivos en robos masivos justo antes del inicio del curso escolar en 2024. Investigaciones posteriores revelaron que muchos de estos equipos terminan en mercados negros en Marruecos, vendidos a mitad de precio tras ser «limpiados» de datos. En Mataró, una red criminal fue desmantelada en septiembre de 2025, con la incautación de 1.000 móviles, 30 ordenadores y otras mercancías robadas destinadas al norte de África. Estos casos ilustran un patrón: la delincuencia organizada aprovecha la concentración de tecnología en espacios públicos, donde la seguridad a menudo es insuficiente.
En el caso del Ayuntamiento, la posibilidad de robos internos añade una capa de complejidad. Fuentes sindicales, que prefieren mantener el anonimato, señalan que el teletrabajo post-pandemia ha facilitado el traslado de equipos fuera de las oficinas, aumentando el riesgo. «Muchos funcionarios llevan portátiles a casa, y no siempre hay un seguimiento estricto», comenta un representante de CCOO en el consistorio. Además, la degradación urbana en algunos barrios, como el Raval o la Barceloneta, donde se han reportado robos surrealistas como el de sábanas tendidas en fachadas, contribuye a una percepción de inseguridad que se filtra incluso en las instituciones.
Desde una perspectiva económica, el impacto es significativo para los contribuyentes. Los 86.304 euros perdidos en ordenadores equivalen a fondos que podrían destinarse a servicios esenciales, como el mantenimiento de parques o programas sociales. Si sumamos los costos indirectos –tiempo perdido en denuncias, reposición de equipos y posibles brechas de datos–, la factura se eleva. En un informe de Eurostat de 2025, Barcelona aparece como la segunda ciudad europea con más robos por cada 100.000 habitantes, por detrás solo de París. Esto subraya la necesidad de medidas preventivas más allá de cadenas físicas.
¿Qué otras soluciones se podrían implementar? En España, ayuntamientos como el de Madrid o Valencia han optado por sistemas de rastreo GPS en dispositivos públicos, cifrado de datos y auditorías regulares de inventario. Según guías del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), proteger ordenadores implica no solo candados, sino firewalls, antivirus actualizados y cifrado de disco para evitar accesos no autorizados. «El cifrado asegura que los datos no sean legibles para terceros», explica un experto de INCIBE. Además, la formación en ciberseguridad para empleados es clave, ya que muchos robos internos derivan de negligencias como contraseñas débiles o descuidos en el transporte.
En Barcelona, el plan contra la multirreincidencia, impulsado en 2025, promete duplicar las sentencias por hurtos y robos, con un enfoque en delincuentes habituales. Batlle ha asegurado que el consistorio colabora con la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra para esclarecer estos casos, pero la lentitud en las investigaciones genera frustración. Un ejemplo reciente: el asalto a un directivo del Bayern de Múnich en la avenida del Litoral en octubre de 2024, donde le robaron reloj, cartera e iPhone, resalta cómo la delincuencia afecta incluso a visitantes de alto perfil, dañando la imagen turística de la ciudad.
Políticamente, el tema ha avivado críticas de la oposición. Vox, que inició la interpelación, acusa al gobierno de PSC de laxitud en seguridad, mientras que el PP, con Dani Sirera a la cabeza, denuncia que «los delincuentes entran por una puerta y salen por otra» debido a la congelación de leyes contra la reincidencia. Por su parte, independentistas como Jaume Clotet lamentan el «nivel de degradación» de Barcelona, vinculándolo a una gestión deficiente.
A pesar de las mejoras estadísticas, casos como este del Ayuntamiento recuerdan que la seguridad es un mosaico incompleto. Encadenar ordenadores puede ser un parche temporal, pero para una ciudad que aspira a ser referente en innovación, se necesita una estrategia integral: inversión en tecnología de vigilancia, colaboración interinstitucional y educación ciudadana.
En última instancia, este episodio invita a reflexionar sobre la confianza en las instituciones. Si el Ayuntamiento no puede proteger sus propios bienes, ¿cómo garantiza la seguridad de los ciudadanos? Con el 2025 avanzando, el consistorio tiene la oportunidad de convertir esta crisis en un catalizador para reformas. Los barceloneses merecen una administración no solo eficiente, sino blindada contra las sombras de la delincuencia de sus propios trabajadores.
