El mediodía se difumina entre nubes grises y bajas temperaturas, mientras decenas de personas comienzan a agruparse en torno al antiguo albergue municipal de Can Bofí Vell, en el corazón de una Badalona crispada por la polémica del desalojo de las antiguas instalaciones del Instituto B9. Lo que en su origen fue una solución improvisada para miles de migrantes sin techo se ha convertido en semanas en un polvorín social que desborda la frágil convivencia entre reivindicaciones de derechos humanos, reivindicaciones vecinales, tensiones políticas y profundo desencanto ciudadano.
La historia tiene raíces recientes, pero su impacto reverbera en el presente más próximo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprobó el desalojo del antiguo edificio escolar ocupado desde 2023 por alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes en situación irregular que lo convertían en uno de los mayores asentamientos de este tipo en Cataluña. La sentencia permitió al Ayuntamiento de Badalona ejecutar la orden judicial y, el 17 de diciembre de 2025, la policía española procedió al desalojo. Aunque la acción se describió formalmente como tranquila —con muchos ocupantes abandonando el inmueble voluntariamente—, pronto se haría evidente que la ciudad entraba en una dinámica de confrontaciones sociales de alto voltaje.
Del desalojo a la falta de alternativas
El desalojo del B9 no fue un hecho aislado, sino la culminación de meses de tensión política y gestión deficiente de una crisis de vivienda crónica. Durante años, el edificio funcionó como refugio informal para personas sin hogar y migrantes que, ante la falta de alternativas habitacionales, encontraron en sus paredes —pese a ser inseguras y no aptas para la vivienda— un techo frente a la intemperie. Para las autoridades municipales, especialmente para el alcalde Xavier García Albiol, la ocupación representaba un símbolo de “ilegalidad” y un foco de inseguridad; para organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos, era un espacio de desesperanza y prueba de la ausencia de políticas públicas reales de inclusión y vivienda digna.
Tras la operación policial, el gobierno municipal no consiguió ofrecer soluciones de alojamiento dignas para la mayoría de los desalojados. La orden judicial que amparó la acción obligaba a las autoridades a ofrecer servicios sociales, pero no contemplaba un plan robusto de realojo; el resultado fue que cientos de personas quedaron literalmente a la intemperie, expuestas al frío invernal, durmiendo bajo puentes, en plazas o improvisando refugios de cartón y ropa. Aun cuando algunas entidades consiguieron que una quincena de personas pasaran al menos una noche en el Casal Antoni Sala i Pont, una sede vinculada a organizaciones de izquierda, la mayoría no tuvo acceso a ninguna estructura de protección estable.
La falta de alternativas claras e inmediatas activó una reacción en cadena: los grupos de personas desalojadas optaron por ocupar de nuevo el antiguo albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado desde 2024 por motivos de seguridad, como forma de evitar dormir en la calle. Desde allí enviaron una carta pública al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, denunciando su situación y reclamando soluciones efectivas.
La ciudad partida: manifestaciones y contraprotestas
La mañana del lunes 22 de diciembre se transformó en un punto de inflexión. Decenas de personas se congregaron ante Can Bofí Vell para manifestarse en apoyo de los migrantes desalojados del B9. La reunión de unas 400 personas estaba impregnada de consignas como “Nadie es ilegal” y críticas férreas hacia la gestión del alcalde Albiol, a quien se acusaba de “sembrar odio” y de instrumentalizar la cuestión para obtener réditos políticos.
Sin embargo, esta concentración de solidaridad no fue unánime: un grupo considerable de vecinos —entre 150 y 200 personas según diversas fuentes— se posicionó en los laterales de la protesta con pancartas, gritos y expresiones de rechazo hacia la presencia de los desalojados en el barrio. Sus argumentos giraban en torno a preocupaciones por la seguridad, el impacto en la convivencia y la percepción de un aumento de problemática social vinculada a la ocupación de espacios públicos y viviendas cerradas.
El epicentro de la confrontación se había desplazado un día antes a la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat, en el barrio de Sant Crist. Organizaciones como Cáritas y la Cruz Roja habían preparado un dispositivo de acogida para 15 migrantes vulnerables, con colchones, mantas y apoyo logístico básico. No obstante, la llegada de un grupo de vecinos bloqueó la entrada a la iglesia, impidiendo que la operación se ejecutara. La presión de los manifestantes fue tal, y el clima tan enrarecido, que finalmente los organizadores se vieron obligados a suspender el traslado.
Policía separando frentes y un alcalde en medio del fuego cruzado
Debido al riesgo evidente de enfrentamientos directos entre grupos opuestos, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana desplegaron un cordón policial para separar a las partes durante las manifestaciones. La imagen repetida de agentes custodiando líneas humanas contrapuestas simboliza la fractura social que ha terminado por instalarse en Badalona: no solo un conflicto entre quienes exigen justicia social y quienes reclaman seguridad vecinal, sino un profundo malestar hacia las instituciones que, según muchos, no han sabido gestionar ni prevenir la escalada de tensión.
En este contexto, el alcalde Albiol recorrió personalmente algunos puntos de concentración, especialmente en Sant Crist, intentando mediar con los vecinos que rechazaban las propuestas de acogida. Más allá del gesto, su posición política ha quedado claramente definida: insistir en que la presencia de personas en situación irregular en espacios no habilitados no es sostenible, y solicitar a la Generalitat y otras administraciones soluciones de reubicación fuera de Badalona.
Narrativas enfrentadas: derechos humanos vs. inseguridad
Detrás del choque visible de manifestaciones se encuentran dos narrativas, igualmente apasionadas pero profundamente divergentes:
1. La narrativa de los defensores de los desalojados: Para activistas, colectivos sociales y buena parte del movimiento solidario que apoya a los migrantes, la expulsión del B9 no solo fue una acción legal, sino una medida inhumana, especialmente en pleno invierno. La falta de un plan alternativo de realojo es percibida como un fracaso ético y político que deja a cientos en riesgo de enfermedad o incluso de muerte por frío. Las consignas de “Nadie es ilegal” son expresiones de una postura que entiende la protección de los más vulnerables como un imperativo social.
Además, según representantes de organizaciones como el Sindicat de l’Habitatge de Catalunya, la situación pone de manifiesto la incapacidad de las instituciones para responder a la crisis de vivienda que afecta a Cataluña y otras regiones. La protesta, en este sentido, no solo reclama un techo, sino una política pública que garantice el acceso a la vivienda como derecho fundamental.
2. La narrativa de los vecinos críticos: Para muchos residentes, especialmente en zonas como Sant Crist, la presencia de grupos de personas en situación irregular, durmiendo en la calle o intentando instalarse en espacios comunitarios, ha alimentado la percepción de inseguridad y deterioro de la convivencia. Estos vecinos argumentan que no se les consultó adecuadamente sobre el uso de infraestructuras cercanas para alojamiento temporal y que sienten que sus preocupaciones no han sido escuchadas por las administraciones competentes.
La presión vecinal fue tan intensa que logró frenar la entrada de los migrantes en la parroquia, un episodio que ha generado debates públicos sobre los límites de la solidaridad y las responsabilidades comunitarias frente a situaciones de vulnerabilidad. Las críticas vienen tanto de quienes temen por su seguridad como de quienes consideran que la gestión de la crisis ha sido negligente por parte de las instituciones.
Consecuencias, posibles escenarios y el futuro inmediato
El caso del B9 ha transcendido rápidamente la esfera local y se ha convertido en un ejemplo de las tensiones latentes en muchas ciudades occidentales que enfrentan crisis migratorias, déficits de vivienda y polarización política. En Badalona, mientras tanto, las consecuencias concretas siguen desarrollándose:
- Las personas desalojadas continúan sin una solución estable, muchas de ellas durmiendo bajo puentes o en espacios improvisados, con el invierno encima y temperaturas que bajan cada día.
- El antiguo albergue de Can Bofí Vell, ocupado como refugio alternativo, se ha convertido en un nuevo foco de conflicto que podría desembocar en más órdenes de desalojo si las tensiones persisten.
- La polarización social está obligando a las autoridades municipales y autonómicas a replantear sus estrategias de gestión, y el riesgo de que se utilice políticamente este episodio en el contexto de futuros procesos electorales es real.
- Las organizaciones sociales insisten en la necesidad de un diálogo amplio entre administraciones, entidades y comunidades locales para evitar que Badalona siga siendo un símbolo de enfrentamiento en vez de un ejemplo de coordinación humanitaria.
Badalona, una ciudad históricamente marcada por su diversidad social y demográfica, se encuentra en una encrucijada. La tensión entre manifestantes a favor y en contra de los desalojados del antiguo Instituto B9 no es solo un choque de posturas, sino un reflejo doloroso de las fracturas que atraviesan la sociedad española y europea: entre seguridad y solidaridad, entre la legalidad estricta y los derechos humanos, entre el miedo a lo desconocido y la defensa del vulnerable.
En las próximas semanas, las decisiones que tomen las autoridades —y la capacidad de las comunidades para sostener un diálogo constructivo— determinarán si Badalona encuentra un camino hacia la cohesión social o si, por el contrario, este conflicto se profundiza aún más, marcando a la ciudad con una cicatriz difícil de cicatrizar.
