Badalona amaneció este martes con uno de los dispositivos policiales más relevantes de los últimos años en Cataluña. A primera hora de la mañana, los Mossos d’Esquadra iniciaron el desalojo definitivo del antiguo instituto B9, un edificio abandonado que durante meses se había convertido en el mayor asentamiento informal de inmigrantes de toda la comunidad. En el interior permanecían aún alrededor de 200 personas —la mitad de las 400 que llegaron a ocuparlo— que, tras el operativo, se han visto obligadas a abandonar el recinto sin que se haya articulado ninguna alternativa habitacional o social.
La operación, coordinada entre la policía autonómica y el Ayuntamiento de Badalona, culmina una política de mano dura impulsada por el alcalde Xavier García Albiol (PP), quien ha defendido públicamente el desalojo como una cuestión de “orden, seguridad y legalidad”, al tiempo que ha rechazado frontalmente cualquier responsabilidad municipal en la reubicación de los desalojados. “Que Pedro Sánchez les busque vivienda”, declaró el regidor en referencia al presidente del Gobierno, trasladando el foco del problema al Ejecutivo central.
Un asentamiento convertido en símbolo
El antiguo instituto B9, cerrado desde hace años y sin uso educativo, se había transformado progresivamente en un refugio improvisado para inmigrantes en situación administrativa irregular, la mayoría procedentes del norte de África y el África subsahariana. Colchones en el suelo, cocinas improvisadas, conexiones eléctricas precarias y ausencia total de condiciones higiénico-sanitarias definían el interior del inmueble, según informes municipales y de los cuerpos de emergencia.
Para organizaciones sociales y entidades de derechos humanos, el B9 se convirtió en el símbolo de un fracaso estructural: la incapacidad de las administraciones para ofrecer una respuesta coordinada al aumento de la población migrante vulnerable, especialmente en municipios tensionados por la falta de vivienda asequible.
Durante meses, el asentamiento fue objeto de denuncias vecinales por insalubridad e inseguridad, pero también de advertencias por parte de ONG que alertaban de que un desalojo sin alternativas abocaría a cientos de personas a la exclusión extrema.
El operativo policial
El desalojo se llevó a cabo sin incidentes graves, aunque con un importante despliegue policial. Decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra acordonaron la zona desde primera hora, impidiendo el acceso al edificio y procediendo a la identificación de los ocupantes.
Según fuentes policiales, durante el operativo se detuvo a 18 personas por infracciones relacionadas con la ley de extranjería, principalmente por estancia irregular en el país y por tener órdenes de expulsión en vigor. El resto fue identificado y obligado a abandonar el inmueble con sus pertenencias personales.
Los servicios sociales municipales estuvieron presentes de forma testimonial, limitándose —según varias entidades— a ofrecer información genérica sobre recursos de emergencia saturados o inexistentes. No se habilitó ningún alojamiento alternativo inmediato.
“No es competencia municipal”
El alcalde Albiol defendió la actuación con un discurso contundente, reiterando que el Ayuntamiento de Badalona no puede convertirse en “un imán” para la inmigración irregular. “No podemos permitir asentamientos ilegales que ponen en riesgo la seguridad y la convivencia”, afirmó en declaraciones a los medios.
El regidor insistió en que la competencia en materia de inmigración corresponde al Estado y que es el Gobierno central quien debe asumir la responsabilidad de ofrecer soluciones habitacionales o programas de acogida. “Badalona no puede pagar los errores de la política migratoria de Pedro Sánchez”, añadió.
Este posicionamiento no es nuevo. Desde su regreso a la alcaldía, Albiol ha hecho del control de la ocupación ilegal y del discurso de firmeza frente a la inmigración irregular uno de los ejes de su acción política, una estrategia que le ha reportado un amplio respaldo electoral pero también fuertes críticas desde sectores sociales y de la oposición.
Críticas de ONG y entidades sociales
Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas organizaciones sociales, entre ellas entidades de apoyo a personas migrantes y plataformas por el derecho a la vivienda, denunciaron el desalojo como “inhumano e irresponsable”.
“Se ha sacado a 200 personas a la calle sin ningún plan. No hablamos de okupas con alternativas, hablamos de personas extremadamente vulnerables”, denunció un portavoz de una ONG que trabajaba en el asentamiento. “Esto no soluciona el problema, solo lo desplaza”.
Las entidades alertan de que muchos de los desalojados dormirán en la calle, en parques o en otros edificios abandonados, reproduciendo el mismo escenario en otro punto del área metropolitana. También advierten del impacto en la salud física y mental de las personas afectadas.
El debate político
La oposición municipal y varios partidos del Parlament han acusado al alcalde de “populismo punitivo” y de utilizar el conflicto para reforzar su perfil político. Desde sectores progresistas se insiste en que el problema requiere una respuesta estructural y coordinada entre administraciones, no medidas policiales aisladas.
El Govern de la Generalitat, por su parte, ha mantenido una posición ambigua. Aunque ha respaldado el desalojo por motivos de seguridad, ha reconocido la necesidad de reforzar los recursos de acogida y ha recordado que la red de albergues de emergencia está al límite de su capacidad.
Desde el Gobierno central no ha habido, por el momento, una respuesta directa a las declaraciones de Albiol, aunque fuentes del Ejecutivo subrayan que los ayuntamientos también tienen competencias en servicios sociales y atención a personas sin hogar.
Una crisis que va más allá de Badalona
El caso del B9 pone de relieve un problema que se repite en numerosos municipios catalanes y del resto de España: el aumento de asentamientos informales en un contexto de crisis de vivienda, precariedad laboral y flujos migratorios constantes.
Expertos en políticas públicas advierten de que los desalojos sin alternativas no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan, generando itinerancia, exclusión y mayor tensión social. “La ley se tiene que cumplir, pero sin políticas sociales la ley se convierte en un mecanismo de expulsión permanente”, señala un sociólogo especializado en migraciones.
¿Y ahora qué?
A medida que caía la tarde, el edificio del antiguo instituto B9 quedó completamente vacío y precintado. En los alrededores, grupos de antiguos ocupantes deambulaban con bolsas, mochilas y mantas, buscando un lugar donde pasar la noche.
El Ayuntamiento da por cerrado el capítulo. Las entidades sociales advierten de que lo peor está por venir. Entre ambos discursos, más de 200 personas han quedado literalmente en tierra de nadie.
El desalojo del mayor asentamiento de inmigrantes de Cataluña no ha puesto fin a la emergencia social que lo originó. Solo ha hecho más visible una pregunta incómoda: quién debe hacerse cargo de quienes no tienen a dónde ir cuando la ley llama a la puerta.