El año 2025 ha terminado por confirmar una evidencia que llevaba tiempo instalada en la política española: el Gobierno de Pedro Sánchez ya no gobierna; resiste. No dirige, no lidera ni proyecta un rumbo reconocible. Se limita a aguantar, a parapetarse en el poder como un fin en sí mismo, pagando cualquier precio político, institucional o moral para prolongar una legislatura que nació débil y que ha terminado exhausta. El balance del curso político no es simplemente negativo; es el retrato de una decadencia sostenida, de un Ejecutivo atrapado por sus propias contradicciones, por una corrupción sistémica en su entorno y por una mayoría parlamentaria imposible.
Sánchez arrancó 2025 como terminó 2024: sin Presupuestos, sin mayoría estable y con un Ejecutivo que incumple abiertamente el mandato constitucional de presentar nuevas cuentas públicas. La prórroga de los Presupuestos de 2023 no fue una excepción coyuntural, sino la norma de una forma de gobernar basada en el decreto, el parche y la improvisación. España entró en el nuevo año sin hoja de ruta económica, mientras el presidente confiaba en que el desgaste institucional quedara oculto bajo una densa cortina ideológica.
Esa cortina fue, una vez más, el franquismo. En enero, Sánchez inauguró con solemnidad un centenar de actos para conmemorar la muerte de Franco, presentándose como una suerte de reeducador moral de la juventud española. Desde el Museo Reina Sofía, a pocos metros del Guernica, el presidente apeló al miedo, al pasado y a la amenaza de una supuesta involución democrática, llegando incluso a señalar a figuras internacionales como Elon Musk como instigadores del odio. Era un gesto revelador: cuando no hay proyecto de futuro, se explota el pasado hasta la extenuación.
Ese mismo mes quedó al descubierto algo aún más grave: la absoluta falta de separación entre poderes. La defensa cerrada del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —imputado entonces y finalmente condenado por revelación de secretos— evidenció hasta qué punto el Ejecutivo había asumido como propio el desgaste del sistema judicial. Sánchez no solo no tomó distancia; convirtió el caso en una batalla política contra jueces y tribunales, un patrón que se repetiría a lo largo de todo el año.
Febrero confirmó que la descomposición no era solo externa, sino interna. El choque público entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz por la tributación del SMI en el IRPF fue algo más que una discrepancia técnica: fue la escenificación de un Gobierno fracturado, sin dirección común, donde cada socio jugaba su propia partida. Junts y Podemos, lejos de ser aliados, actuaban como fuerzas de presión permanente, conscientes de la debilidad extrema del presidente.
Marzo añadió una dosis de hipocresía difícil de ocultar. Sánchez atacó a las universidades privadas calificándolas de “chiringuitos”, apenas unos meses antes de que se conociera que una de sus hijas estudiaba en una de ellas. La incoherencia fue tan evidente como su alineamiento internacional con China, desoyendo las advertencias de la Unión Europea y erigiéndose en abanderado de una alianza económica con el régimen de Xi Jinping. En política exterior, como en la interna, Sánchez optó por el gesto unilateral y la confrontación.
Abril marcó un punto de inflexión con la imputación de su hermano, David Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación judicial sobre la creación de su propio puesto de trabajo desató un relato gubernamental ya conocido: la “persecución judicial”. No hubo autocrítica ni explicaciones; solo victimismo. Ese mismo mes, la tensión en la coalición alcanzó niveles críticos con la compra de munición a una empresa israelí en plena guerra de Gaza, en abierta contradicción con los compromisos de PSOE y Sumar. La amenaza de ruptura fue real, aunque finalmente se impuso, una vez más, la supervivencia al principio.
Como si el deterioro político no fuera suficiente, abril dejó un episodio histórico: un apagón masivo que paralizó a millones de ciudadanos y puso en evidencia la fragilidad de la red eléctrica nacional. Meses después, nadie había asumido responsabilidades ni explicado las causas. El silencio administrativo se convirtió en norma.
Mayo fue el mes del caos logístico y de las filtraciones explosivas. El colapso ferroviario por el robo de cable en la línea Madrid-Sevilla afectó a miles de viajeros, mientras el Gobierno apuntaba sin pruebas a un “sabotaje”. Al mismo tiempo, los audios de Leire Díez destaparon presuntas maniobras para influir en fiscales y atacar a la UCO y Anticorrupción desde la órbita socialista. A ello se sumaron las conversaciones privadas entre Sánchez y Ábalos, que retrataron un estilo de poder basado en el desprecio, el insulto y la deslealtad interna.
Junio fue devastador. El informe de la UCO que implicaba a Santos Cerdán en presuntas comisiones junto a Ábalos y Koldo García forzó su dimisión y posterior ingreso en prisión provisional. Sánchez pidió perdón, pero lo hizo con la boca pequeña, diluyendo la gravedad del caso en una auditoría que sonó a maniobra dilatoria. Los audios sobre prostitución y trato vejatorio a mujeres terminaron de hundir el relato feminista del Gobierno. La admisión de la ley de amnistía por el Constitucional fue, para Sánchez, la única victoria del mes: la carta desesperada para mantener viva una legislatura moribunda.
Julio añadió un nuevo escándalo: la dimisión de Paco Salazar tras graves acusaciones de acoso sexual. El Comité Federal del PSOE, lejos de cerrar heridas, confirmó que el partido estaba atrapado en una crisis ética profunda. El plan anticorrupción de 15 puntos presentado por Sánchez fue percibido como un ejercicio retórico, insuficiente ante la magnitud de los hechos.
Agosto fue el mes de la ausencia. Mientras los incendios arrasaban el país, el presidente se refugiaba en La Mareta, proyectando una imagen de desconexión y desinterés difícil de justificar. Septiembre trajo de nuevo la huida hacia adelante: Palestina, Israel y la política exterior como cortina de humo frente a las causas judiciales que cercaban al Gobierno, al partido y a la familia del presidente. Otra vez, sin Presupuestos.
Octubre y noviembre certificaron el colapso. Más informes de la UCO, más audios, más dinero en efectivo, más silencios. Sánchez compareció en el Senado refugiándose en el “no me consta”, mientras Junts rompía definitivamente el pacto de investidura. La condena del fiscal general del Estado y el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo fueron golpes demoledores. La salida de Santos Cerdán de prisión, con una carpeta roja bajo el brazo, fue interpretada como una advertencia en clave interna.
Diciembre cerró el año con el estallido del ‘MeToo’ del PSOE y un batacazo histórico en Extremadura, símbolo del derrumbe territorial del socialismo. El partido perdió su feudo y lo hizo con un candidato imputado, una imagen que resume el estado del proyecto.
El manual de resistencia de Pedro Sánchez se agota. 2026 no se presenta como una oportunidad de remontada, sino como la prolongación de una agonía. Las causas judiciales que afectan a su entorno personal, a su hermano y a su mujer, junto a un calendario electoral adverso, dibujan un horizonte sombrío. El problema ya no es si Sánchez puede gobernar; es si España puede permitirse seguir siendo gobernada por un presidente que solo sabe resistir.
