El Tribunal Supremo vuelve a la carga. Esta tarde ha emitido un auto en el que se acuerda la busca y captura e inmediato ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat, como presunto autor de delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, según pública El Debate, que dice haber tenido acceso al escrito judicial.

«Ratificar la declaración de rebeldía de Carles Puigdemont i Casamajó; Antonio Comín i Oliveres; Lluís Puig i Gordi; Clara Ponsatí i Obiols y Marta Rovira i Vergés» y continuar la «tramitación de las piezas de situación personal abierta respecto de los procesados que a continuación se señalan, a los solos efectos del aseguramiento personal que se acuerda», dice la resolución del instructor Pablo Llarena, según publica el digital madrileño.

Además, el juez Llarena ha decretado, de esta manera, la busca y captura e ingreso en «prisión nacional», librando instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del expresidente del Gobierno catalán, como un presunto autor de dos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, derivados de los hechos del referéndum del 1-O.

Para «Carles Puigdemont i Casamajó, nacido el 29 de diciembre de 1962 en Amer (Girona); Antoni Comín i Oliveres, nacido el 7 de marzo de 1971 en Barcelona; Lluis Puig i Gordi, nacido el 18 de octubre de 1959 en Tarrassa» se acuerda la detención, «a efecto de recibirles declaración por el delito de desobediencia y malversación que se les imputa». En el caso de «Clara Ponsatí i Obiols, nacida el 19 de marzo de 1957 en Barcelona, y Marta Rovira i Vergés, nacida el 25 de enero de 1977 en Vic (Barcelona)» son reclamadas por desobediencia.

«Líbrese la oportuna orden nacional de detención y puesta a disposición, de los procesados que se han indicado. Remítase la oportuna requisitoria a los Iltmos Sres. Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil a los efectos de la busca y captura nacional de los citados rebeldes.», reclama el auto.

Respecto a la emisión de nuevas órdenes europeas de detención y entrega, y órdenes internacionales de detención contra Puigdemont, Comín y Puig, «deberá de posponerse la decisión hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva sobre la eventual retirada de la inmunidad» parlamentaria «de la que los dos primeros procesados son actuales y cautelarmente merecedores».

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