20 octubre, 2020

El Reino Unido quiere denegar el asilo a los migrantes llegados por el canal de la Mancha

Londres estudia llevarlos a islas o barcos en desuso mientras se resuelven las demandas
migrantes canal mancha
Una barca llega con migrantes a Dover.
J. CRUZ

La ministra británica del Interior, Priti Patel, ha presentado las líneas generales de la legislación con que aspira a rechazar genéricamente las demandas de asilo de los migrantes llegados al país en lancha a través del canal de la Mancha.

Patel, miembro del ala más a la derecha del Partido Conservador, dice que la actual situación no es justa, puesto que trata del mismo modo a las personas que viajan hacia el Reino Unido a través de este tipo de vías y aquellas que optan por rutas consideradas legales.

El anuncio de la ministra, hecho en el marco del congreso virtual que estos días celebra la formación “tory”, llega después de que -en lo que llevamos de año- más de 6.000 personas hayan llegado al país haciendo la peligrosa travesía del canal, cifra que supera de mucho las cerca de 2.000 registradas en 2019.

En los últimos meses, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, no ha dejado de publicar vídeos en las redes sociales denunciando que el gobierno de Boris Johnson no hace nada para evitar esta situación y afirmando que las autoridades francesas llegan a escoltar las lanchas hasta aguas británicas.

Evitar las batallas judiciales

El plan de Londres, presentado sin entrar en detalles, también quiere evitar que los demandantes de asilo puedan entrar en largos recursos judiciales cuando se les deniega esta condición. La responsable de la cartera de Interior cree que determinados abogados están “obstruyendo” el sistema judicial con sus intentos de evitar las deportaciones a los juzgados.

De hecho, esta es la situación que se vive últimamente, después de que el gobierno haya empezado a intentar acelerar las devoluciones de demandantes de asilo en varios países de la UE aprovechando la legislación europea antes de la entrada en vigor definitiva del Brexit en enero. Según el conocido como “Reglamento de Dublín III”, el país donde llega por primera vez un migrante, sacado de algunas excepciones, es el encargado de gestionar su solicitud de asilo.

Como contrapartida a estas restricciones, el gobierno británico promete crear vías “seguras y legales” para trasladarse al Reino Unido. Pero esto no tranquiliza las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que creen que la nueva regulación pondría en peligro personas que pueden optar a obtener el asilo, pero que han tenido que huir de la represión por vías “ilegales”. El Ministerio del Interior sostiene que evaluará los casos concretos.

Una solución al estilo australiano

Junto con las noticias sobre este plan, los medios británicos han publicado estos días que el Ministerio del Interior está evaluando qué hacer con los demandantes de asilo mientras se espera una decisión sobre cada situación. La polémica se ha desatado al saberse que el gobierno ha valorado para ellos una solución al estilo de la aplicada en Australia: enviarlos a la Ascensión, una isla del Atlántico sur dependiente administrativamente de otra, Santa Helena, territorio británico de ultramar.

Esta posibilidad habría sido descartada al ser considerada por algunas fuentes como una “pesadilla logística” por su lejanía respecto de Londres. Pero otras opciones estarían encima de la mesa, como por ejemplo llevar a los migrantes a islas más próximas o a ferrys y plataformas petroleras en desuso.

Es previsible que todas estas ideas, si se acaban ejecutando, acaben siendo llevadas a los tribunales por abogados que duden de su legalidad. De manera preventiva, la ministra Patel ya se ha referido a esta posibilidad: “Los que defienden este sistema estropeado -los traficantes, los defensores del ‘buenismo’, los abogados de izquierdas, el Partido Laborista- están defendiendo lo indefendible”.

Patel, hija de inmigrantes y conocida por su reiterado mensaje que hay que acabar con la libertad de circulación de personas en el país, sitúa, pues, a los traficantes de personas y a la oposición política en sus planes al mismo nivel.

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