30 noviembre, 2020

El Raval en pie de guerra contra los ‘buitres’ de Blackstone

Raval Rebel y Acció Raval denuncian a Blackstone por la permanencia de narcopisos mientras desahucian a dos jóvenes migrantes en situación de exclusión
blackstone raval barcelona
Protesta contra la especulación inmobiliaria. Calle Joaquim Costa, el Raval, Barcelona.
R@MBLA

Una vez más, tanto los fondos buitre que concentran buena parte del parque habitacional del Raval como el sistema judicial, muestran sus preferencias entre familias vulnerables y narcotraficantes. Sin ir más lejos, esta semana, dos jóvenes hermanos migrantes en situación de vulnerabilidad podrían encontrarse en la calle por una orden del Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona, después de un proceso penal instado por la filial de Blackstone, Budmac Investments.

Mientras, tanto este gran tenedor de vivienda extranjero como otros fondos de inversión de que han aterrizado en el Raval “con finalidades especulativas”, tienen pisos donde “se mantiene la actividad de narcotráfico sin que desde los juzgados se actúe con la celeridad empleada en este caso”. Así lo han denunciado las entidades vecinales Acció Raval y Raval Rebel, quienes tienen previsto dar más detalles de la situación en una rueda de prensa abierta el próximo lunes.

Precisamente, este es el caso de un antiguo narcopiso, respecto al cual costó años acabar con la actividad de venta de drogas, y al que el vecindario, entre Raval Rebel y Acció Raval, dio una finalidad social convirtiéndolo en la vivienda de estas dos personas, evitando así la costumbre de los narcotraficantes de reocupar después del desalojo.

Eso fue el pasado mes de octubre, con la respuesta por parte de la propiedad de abrir un proceso penal, aceptado por la jueza titular de dicho juzgado. “La aceptación del procedimiento penal va contra la práctica jurídica habitual, aplicando contra personas en situación de vulnerabilidad un proceso más rápido que el que se está aplicando contra los narcotraficantes”, explican desde las entidades.

“Mientras Blackstone mantiene en la actualidad al menos un inmueble donde se trafica con estupefacientes des de 2018 (y que desde entonces no ha sido desalojado), Mennana y Oussama pueden encontrarse en la calle en menos de un año, a pesar de las reiteradas ofertas a la propiedad para que se les haga un alquiler social”, añaden.

En este momento, Acció Raval tiene verificadas, como mínimo, siete viviendas donde se trafica y son propiedad de fondos, inmobiliarias y bancos, en algunos casos con trayectorias de años con la misma actividad. Mientras tanto, “la actividad judicial activa y acepta los procesos y mecanismos más duros con familias que ocupan para ejercer su derecho a la vivienda, mientras dejan fincas en proceso de degradación, a menudo durante años, sin actuar contra los narcopisos“, lamentan los vecinos.

Por todo ello, “exigimos a Blackstone que reclame al juzgado la paralización inmediata de la orden de desahucio, y la concreción de una mesa de negociación para llegar a un acuerdo sobre el alquiler social de Mennana y Oussama“.

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