Hace solo quince días parecía que ya nada podía ir peor para las plantas industriales. Los precios de la energía, que estaban desbocados desde la segunda mitad de 2021, se disparaban vertiginosamente por la guerra de Ucrania. Y las cadenas de suministros, que poco a poco parecían recuperarse del colapso de la pandemia, se interrumpían de nuevo por las sanciones a Rusia que paralizaban la importación de numerosas materias primas.

Si la situación ya era entonces, “de preocupación constante y exponencial”, en palabras del presidente de la patronal del metal, el impacto del paro de los transportistas ha terminado de poner al sector contra las cuerdas. En las dos últimas semanas, decenas de fábricas han anunciado cierres temporales por falta de materiales para trabajar. Varias lo han hecho, además, acudiendo a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Entre las empresas que han tenido que interrumpir la producción por falta de suministros en estas casi dos semanas de paro del transporte destacan ArcelorMittal, Michelín, o Ferroatlántica.

Aunque las movilizaciones de los transportistas han agravado aún más la situación de las empresas industriales, lo cierto es que los problemas venían ya de atrás, provocados por el incremento del precio de la energía y las materias primas.

El mayor responsable de estas subidas es el gas, cuyo precio medio aumentó casi un 500% el pasado año en el mercado de referencia TTF holandés. De los 7,78 €/MWh de 2020, alcanzó los 46,29 €/MWh en 2021. Y el conflicto bélico en Ucrania ha supuesto una nueva vuelta de tuerca para los precios: desde comienzos de año hasta mediados de marzo el megavatio por hora se ha situado en los 107,26 euros.

Y no es solo el gas. Este encarecimiento se extiende a toda actividad productiva, porque el gas es el que acaba marcando también el precio de la electricidad en el mercado mayorista. Ya a finales del pasado año, los aumentos de los precios provocaron que empresas electrointensivas tuvieran que parar su producción por la imposibilidad de hacer frente a la factura de la luz.

A estas incesantes subidas hay que sumarles, además, los incrementos de precios por la escasez de materias primas. Unas provocadas todavía por los problemas de la pandemia; otras, más recientes, por la guerra.

Esta “tormenta perfecta” de energía, guerra y paro del transporte, contra cuyos efectos el Gobierno presentará el martes un Plan Nacional, está empezando a mostrar ya su impacto negativo en el empleo. En los últimos días varias compañías han anunciado que ponen en marcha ERTE por las dificultades de mantener la producción en la situación actual.

El ministro Escrivá avanzó ya días atrás, en el adelanto de los datos de afiliación del mes de marzo, que se estaba registrando un ligero ascenso de los llamados ERTE ETOP (los relacionados con causas económicas, técnicas, organizativas o productivas).

Se situaban, dijo, en el entorno de los 16.000 trabajadores, «un nivel bajo» y se debía, fundamentalmente, a “perturbaciones transitorias y rupturas puntuales de las cadenas de suministro”, que se estaban produciendo en los sectores relacionados con la automoción. Quizá en esos cálculos del Gobierno no se incluían todavía los efectos que tendría el paro de los transportistas, que ha puesto una piedra más en el ya complicado camino de la recuperación de la industria.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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