Campesinos, indígenas y clases populares han estallado en defensa del presidente defenestrado de Perú, Pedro Castillo. Tras 24 meses de acoso y derribo por parte de la ultraderecha, la centro-izquierda cosmopolita y el conjunto de los medios de comunicación, la semana pasada se consumó la traición a la democracia peruana. Un Pedro Castillo acorralado se vio en la obligación de suspender el Congreso, sin embargo, la cámara hizo caso omiso al presidente y ordenó su detención.

Desde entonces las calles se han llenado de partidarios de Pedro Castillo exigiendo su restitución como presidente legítimo del país andino. La respuesta de la policía y de los militares ha sido contundente, abriendo fuego real contra los manifestantes. De momento hay dos muertos por disparos -de 18 y 15 años, respectivamente- y docenas de heridos. En varios departamentos como Uyacali, Amazonas, Madre de Dios o Cajamarca se suceden los cortes de carreteras con barricadas de neumáticos ardiendo.

Hoy mismo, partidarios de Castillo han ocupado el aeropuerto de Arequipa, exigiendo la renuncia de la presidenta impuesta, Dina Boluarte, y la convocatoria de nuevas elecciones en 2023. Boluarte, en cambio, ha anunciado que las elecciones se celebrarán en 2024, tiempo suficiente para desmantelar la buena parte de la acción gubernamental de Castillo.

Castillo sigue detenido por las nuevas autoridades del país, aunque en realidad se trata más bien de un secuestro. México ha anunciado que está dispuesto a darle asilo político. No obstante, la sed de venganza es tal que en Perú no están por la labor y quieren juzgarlo cuanto antes por delitos de rebelión, corrupción y conspiración.

La violencia ha llegado también al Congreso peruano y ayer domingo, el congresista Pasión Dávila, de Perú Libre, le propinó un puñetazo por la espalda a Juan Burgos, de Avanza País, en una sesión que tuvo que suspenderse para evitar una gresca generalizada.

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