El 23 de agosto, un tribunal polaco prorrogó por segunda vez la prisión provisional del periodista español Pablo González, lo que significa que pasará hasta 3 meses más en la cárcel. El periodista, que cubría la crisis humanitaria en la frontera polaco-ucraniana, fue detenido el 28 de febrero en la ciudad de Rzeswów, al suroeste de Polonia, acusado de ser “un agente de la inteligencia rusa”.

“El tribunal polaco ha extendido la prisión preventiva de González por falta de pruebas. Es una estrategia para doblegar su voluntad y obligarle a aceptar falsas acusaciones”, afirma su abogado Gonzalo Boye. El periodista, que tiene la nacionalidad española y rusa, fue detenido por agentes del Servicio de Seguridad Polaco (ABW) por supuestamente “realizar acciones contra el Estado polaco”.

González lleva seis meses incomunicado y sin poder reunirse con su abogado de elección. En su lugar, las autoridades del país le asignaron un abogado polaco, que no ha facilitado ninguna información concreta sobre su situación legal porque “la legislación polaca lo prohíbe”, según ha dicho el letrado en conversación con la familia del periodista.

Sus familiares y amigos denuncian que las únicas noticias que reciben de González son a través de las cartas que envía o de las cuatro visitas que le ha hecho el cónsul español en Polonia. La mujer del periodista ha solicitado autorización para visitarle en la cárcel, pero hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta oficial, y tampoco se ha permitido contacto telefónico durante estos seis meses.

El 30 de julio su abogado presentó una solicitud al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OHCHR) para que investigue su detención arbitraria.

González, periodista especializado en el mundo postsoviético, es colaborador habitual del diario español Público y había estado informando desde la frontera la frontera polaco-ucraniana sobre la crisis humanitaria para varios medios de comunicación españoles, entre ellos La Sexta.

“La prórroga de su prisión preventiva junto a la falta de argumentación jurídica para su detención son una afrenta a la libertad de expresión en un país de la Unión Europea”, ha declarado Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

También la FSC-CCOO ha condenado el oscurantismo y la falta de información por parte del gobierno polaco sobre el caso. “Un Estado que no garantiza la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas no puede considerarse una verdadera democracia”, ha declarado el sindicato en un comunicado. Por su parte, desde UGT, han denunciado las condiciones en las que se encuentra detenido González, “sin tener asistencia legal de su elección ni poder ver a su familia. Una situación que atenta contra los derechos humanos y es impropia de un país que se dice democrático”.

Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha afirmado: “Hay que denunciar que no se han respetado sus derechos. González debe tener un juicio justo sin más demora. Es necesario conocer los argumentos de la fiscalía para una acusación tan grave y él debe ser puesto en libertad provisional, con las medidas cautelares que el tribunal considere necesarias”.

En una declaración conjunta, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) renuevan su llamamiento al Gobierno polaco “para que retire todos los cargos contra nuestro colega y lo libere sin más demora. Es inaceptable que un estado miembro de la Unión Europea detenga a un periodista de una forma tan arbitraria. Es un ataque a la libertad de prensa y a la democracia”.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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