La patronal del pequeño comercio ha denunciado que un pacto del Gobierno con los grandes grupos de distribución para topar los precios de una cesta básica de alimentos “atentaría directamente” contra el comercio de proximidad.

“De salir adelante, esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes”, ha señalado en un comunicado la Confederación Española de Comercio (CEC).

CEC ha rechazado así la propuesta de establecer un tope a una cesta básica de alimentos planteada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tiene previsto reunirse hoy lunes con las patronales de la distribución y las organizaciones de consumidores para analizarla.

La Confederación, además, ha hecho hincapié en que la propuesta llega “en un momento especialmente complicado para el comercio de proximidad”, que viene soportando durante meses el desorbitado aumento de sus costes.

También la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que reúne a más de 31.000 empresas del país de diferentes sectores de actividad, ha recordado que el momento inflacionario actual “es para todos”, con “incrementos de costes para todos”.

Yolanda Díaz: “Son las grandes multinacionales las que tienen que aportar más”

Yolanda Díaz ha subrayado que la iniciativa “no es a costa de los productores” del país, a los que ha expresado su “respecto absoluto”, y ha indicado que “son las grandes multinacionales, igual que son las grandes eléctricas, las grandes entidades financieras, las que tienen que aportar más” porque tienen márgenes empresariales “suficientes”. De este modo, ha apuntado también que “al pequeño comercio no le podemos pedir más”.

Sobre las discrepancias en el Ejecutivo, ha afirmado que “le importan poco” y ha subrayado que “el bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el Gobierno”. La ministra se ha referido así a las palabras de disconformidad del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien este jueves dijo que cualquier decisión con “significado político” sobre la cadena alimentaria y los precios tiene que pasar “siempre” por el ministro del ramo y por el Consejo de Ministros.

Díaz ha señalado que “lo importante es el principal problema que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas, que tienen enormes dificultades para hacer la compra. El bolsillo de los ciudadanos atañe a todo el gobierno y a mí lo que me gustaría es que todo el Gobierno de España esté dando soluciones a un enorme problema y el resto me interesa muy poco”.

La titular de Trabajo ha puesto como ejemplo su reunión con Carrefour para demostrar que “la iniciativa era posible, tan posible como que una gran multinacional se ha sumado a la misma y, por tanto, creo que lo que hacemos es acertado”.

Discrepancias internas y choque de competencias

Planas defendió el jueves pasado que las competencias del Gobierno están “perfectamente delimitadas”. “Puedo asegurar que nada que se haga por el Gobierno en alimentación no llevará mi firma para llevarla al Consejo de Ministros”, añadió. En la misma línea, el pasado viernes expresó que “hay una posición del Gobierno, defendida por todos los miembros del Gobierno, empezando por el presidente”.

El ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente también ha llamado a la “responsabilidad” a toda la cadena agroalimentaria y especialmente a la distribución, que tiene que adoptar “decisiones empresariales autónomas”.

“Evidentemente nadie tiene en su mano, ni desde un punto de vista del sentido común, ni desde un punto de vista de la ley, la posibilidad de fijar precios o indicarle precios a la distribución. Es una cuestión que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas del funcionamiento de la sociedad de nuestro mercado y de las reglas de la propia Unión Europea”, ha afirmado.

Dentro del Ejecutivo, no ha sido el único ministro socialista que ha desaprobado la iniciativa de Díaz. La titular de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que “nadie puede quedarse con patrimonializar el cuidado de los ciudadanos” y ha recordado que “todos los miembros del Gobierno” se preocupan por los españoles y deben trabajar “unidos y coordinados” frente al actual contexto económico. Ante la pregunta de los periodistas sobre si cree que Díaz desistirá de su intención de buscar con distribuidoras y asociaciones de consumidores un acuerdo, ha dicho que eso “tendrán que preguntárselo a Yolanda Díaz”.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el Gobierno no puede imponer un precio máximo a los alimentos porque está “fuera de la normativa”, aunque ha invitado a las distribuidoras, de forma voluntaria, a hacer ofertas para que las compras sean más asequibles. La ministra de Industria, Reyes Maroto, también ha pedido que “cualquier solución” que pueda plantearse por los diferentes actores “no perjudique a nadie de la cadena de valor”.

Redacción en Revista Rambla | Web | Otros artículos del autor

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

Comparte: