28 noviembre, 2021

El Parlamento Europeo solicita mecanismos para controlar el precio del alquiler

La Eurocámara ha instado a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales en materia de alquiler

El Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales, a adoptar disposiciones legales en materia de alquiler. Entre otras medidas, la Eurocámara avala el uso de mecanismos de control de las rentas, como el que prepara España en la nueva Ley estatal de vivienda.

Para asegurar la estabilidad de los inquilinos, esta institución solicita «garantizar la seguridad de la tenencia, favoreciendo los contratos de alquiler a largo plazo como opción predeterminada, junto con la transparencia y medidas como el control de los alquileres». También ha puesto el foco, «con preocupación», en la creciente mercantilización de la vivienda.

La Eurocámara también pone el foco «con preocupación» en la creciente mercantilización de la vivienda, «en particular en las ciudades». Un fenómeno, alerta, «según el cual los inversores tratan la vivienda como un bien negociable y no como un derecho humano». En esta línea, vuelve a pedir a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas adecuadas para «contrarrestar las inversiones especulativas», que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social.

A su vez, se pone el foco en «el crecimiento expansivo del alquiler vacacional a corto plazo», un fenómeno que «está extrayendo viviendas del mercado y haciendo subir los precios» con un «impacto negativo en la habitabilidad». También en este caso se pide a la Comisión que establezca un marco regulador para el alquiler de alojamientos a corto plazo que dé margen de maniobra a las autoridades nacionales y locales para definir normas proporcionadas para estos servicios.

Aunque se considera que una vivienda es asequible cuando no impide a la persona o familia que la habita afrontar otros gastos esenciales, los eurodiputados también advierten de que más del 25% de los inquilinos europeos en el mercado libre dedican a la vivienda más del 40% de la renta del hogar. Plantean, para ello, impulsar la transparencia de los alquileres, apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo.

Entre los problemas que identifican los eurodiputados también se encuentra el déficit de inversión en vivienda social o asequible, que asciende a los 57.000 millones de euros al año en el conjunto de la UE. Así, y para corregir esta falta, pide una reforma del marco de gobernanza económica que permita que los Estados miembros «realicen las inversiones públicas sociales y ecológicas necesarias, incluidas las relacionadas con el desarrollo y la mejora de viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético».

Respecto al acceso a una vivienda digna, la Eurocámara solicita que se reconozca como derecho fundamental y pone el objetivo de que en 2030 ningún ciudadano comunitario carezca de un techo bajo el que dormir. Los eurodiputados recalcan que una vivienda digna debe asegurar el acceso a agua potable de calidad, saneamiento e higiene adecuados, además de conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas.

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