El Boletín Oficial del Parlament de Cataluña ha publicado este viernes la baja como diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), atendiendo a las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC), «por imperativo legal» y para evitar «el riesgo de incurrir en cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal».

El texto publicado bajo el epígrafe «composición del Pleno» indica que la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, «ha dado instrucciones para que no se desatienda lo que exigen los acuerdos de la JEC» de los días 20 y 27 de enero de 2022. Y se precisa que se establece «sin perjuicio de la posición procesal defendida por el Parlament ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo».

La secretaria general del Parlament ya había avisado este jueves por la tarde a la Mesa del Parlament de que había activado los mecanismos para sustituir a Juvillà como diputado de la Cámara «para evitar» que se le imputara a ella y a otros funcionarios «cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, contable o penal».

Así, el ya exdiputado de la CUP no aparece en la página web del Parlament, ni en el listado de miembros de la Mesa, ni en el del grupo de la CUP, y aunque se le retiró el acta este jueves por la tarde, consta su baja con efectos retroactivos desde el 28 de enero de 2022.

Pau Juvillà, que también era secretario de la Mesa del Parlament y ha tenido que frenar su actividad política recientemente por motivos de salud, fue condenado en diciembre de 2021 por el TSJC a seis meses de inhabilitación para cargo público y a una multa de 1.080 euros por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida en 2019.

La JEC había urgido a Borràs a cumplir la orden de retirada del escaño

Se da la circunstancia de que la JEC había urgido este jueves a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a cumplir la orden de retirada del escaño a Pau Juvillà, si no quería incurrir en «responsabilidades» legales por desobediencia.

Todo ello después de que la Cámara catalana hubiera aprobado un dictamen favorable a mantener el escaño a Juvillà, si bien la presidenta del Parlament había denegado el voto delegado al diputado de la CUP, que reclamaba este grupo, porque implicaba un «conflicto de intereses».

Tanto Ciudadanos, como Vox y el PP reclamaron que, en consecuencia, se le retirara el acta de diputado del Parlament y elevaron un escrito a la JEC, que les dio la razón recordando que, conforme a la ley, la jurisprudencia y el precedente de Quim Torra, el delito de desobediencia está dentro del capítulo de delitos contra la administración y su condena se convierte en causa de inelegibilidad sobrevenida aunque la sentencia del TSJC no sea firme.

Pero el Parlament, con los votos de la mayoría independentista, rechazó la resolución de la JEC y pidió suspender la retirada del escaño. Hace una semana el organismo arbitral ya resolvió que no puede dejar en suspenso la retirada del escaño porque esa decisión «es firme en vía administrativa» y solo cabe recurrirla ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que será la que, en su caso, decida o no sobre posibles medidas cautelares.

El Parlament ya recurrió y ha vuelto a pedir a la JEC que suspenda la retirada del escaño, pero el organismo electoral, en una resolución aprobada este jueves y recogida por Europa Press, insiste en que esa decisión únicamente puede adoptarla el Tribunal Supremo. Y recuerda que el Parlament pudo haber pedido al Alto Tribunal una decisión rápida, en dos días, sobre medidas cautelares, pero renunció a ello, y ahora la JEC no puede esperar que resuelva.

El Govern incorporará el caso Juvillà a su agenda exterior

Por otra parte, la consellera de Acción Exterior del Govern, Victòria Alsina, ha explicado este viernes que incorporarán el caso de mPau Juvillà a su «agenda» exterior y a las «conversaciones» que está teniendo en Bruselas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio desde Bruselas, Alsina ha expresado su preocupación «por el nivel de injerencia» de órganos administrativos, a su juicio, que alteran el funcionamiento del Parlament, y ha apostado por hacer «una desobediencia inteligente», si bien ha reconocido que los «equilibrios son complicados».

Y ha añadido que el de Juvillà no es «un caso aislado», sino «una acumulación de injerencias», y ha defendido ponerlas «en perspectiva comparada internacional».

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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