El Parlament investigará las infiltraciones policiales en movimientos sociales y partidos que se han sabido en los Países Catalanes en los últimos meses.
Esquerra, Junts, la CUP y los Comunes han registrado la propuesta para crear una comisión de investigación, en respuesta a la petición de los ayuntamientos de Girona, Sant Julià de Ramis, Salt, Olot, Banyoles y Figueres.
La propuesta de los grupos argumenta que «el espionaje» de policías infiltrados ha vulnerado «derechos fundamentales» y supone una «persecución política clara, amparada por el estado español, e ilegal que no puede quedar impune».
Expone el último caso de infiltración de una agente de la Policía Nacional, que se introdujo en movimientos vinculados al independentismo, el antirracismo y por el derecho a la vivienda en Girona y Salt.
Según destapó La Directa, mantuvo una relación sentimental con un activista encausado por los cortes de las vías del AVE a Girona el 1 de octubre de 2018.
Previamente, el mismo medio sacó a la luz otros casos de infiltración de la Policía Nacional: el de un agente que accedió a la Cinétika, un centro anarquista del barrio de San Andrés; el de un policía que se infiltró en el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), entre otros colectivos, y un tercer policía nacional que se introdujo en movimientos sociales de Valencia.
Los tres casos se dieron en el mismo periodo temporal: entre los años 2020 y 2022.
Los partidos destacan que la policía española facilitó identidades falsas a los infiltrados y que el espionaje a entidades constituidas legalmente vulnera diversos derechos fundamentales, como la libertad de asociación, de expresión o el derecho a la intimidad.
Según sus impulsores, estos hechos suponen «una persecución clara, amparada por el Estado e ilegal», por lo que defienden que no puede quedar impune. Se prevé que la comisión pase los trámites parlamentarios durante las próximas semanas.
