5 diciembre, 2020

El juez de Barbastro ordena la entrega “inmediata” de las 111 obras de arte de la Franja a las parroquias aragonesas

El obispo de Lleida, Salvador Giménez Valls, llegando a los juzgados de Barbastro-Monzón por el juicio por las 111 obras de arte de la Franja, acompañado por el director del Museo de Lleida, Josep Giralt.

El Juzgado número 1 de Barbastro ha ordenado la devolución “inmediata” de las 111 obras de arte de la Franja que están en el Museo de Lleida a las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón. En la sentencia, hecha pública este miércoles, se declara propietaria de estos bienes a las parroquias de donde proceden. El juez especifica que la devolución de las obras se tiene que hacer a través del Obispado de Barbastro-Monzón. Esta decisión se puede recurrir en este mismo juzgado en 20 días hábiles para que la Audiencia de Huesca lo resuelva. El Museo de Lleida y el Obispado de Lleida lo estudiarán. La sentencia se ha hecho pública este miércoles, cuando se cumplen dos años de la entrada policial en el Museo de Lleida, coincidiendo con la aplicación del artículo 155, para llevarse a Aragón las 44 obras de Sijena que había en el Museo de Lleida y que estaban en litigio.

La sentencia del juzgado de Barbastro [íntegramente consultable en este enlace] concluye que la propiedad de las 111 obras de arte de la Franja en litigio son propiedad de 43 parroquias aragonesas, entre ellas las de Zaidín, Tamarite de Litera, Torrente de Cinca o Ballobar.

Da así la razón al obispado de Barbastro-Monzón al entender que las obras se cedieron en depósito al Obispado de Lleida, quien posteriormente las depositó en el Museo de Lleida, sin el consentimiento del obispado de Barbastro-Monzón y sin los requisitos canónicos.

Según la sentencia, ha quedado acreditado que en 1995 se segregó la diócesis de Lleida y las parroquias que ahora reclaman las piezas pasaron a formar parte de la diócesis aragonesa. Después de esto, el Nuncio, mediante un decreto el 29 de junio de 1998, estableció que el patrimonio artístico procedente de las parroquias desmembradas y que se encuentra actualmente en Lleida “está en depósito y no en propiedad”, dice la sentencia. Este decreto recoge que “mientras la diócesis de Lleida no pruebe lo contrario en cada caso, en caso de ser reclamado por sus propietarios legítimos, se tienen que volver”. También destaca la sentencia que el Obispado de Lleida intentó en varias ocasiones recurrir por vía eclesiástica este decreto pero le fue denegado.

La sentencia se basa en el acuerdo firmado entre las diócesis el 2008

La decisión judicial se basa principalmente en el acuerdo firmado el 30 de junio de 2008 entre las diócesis de Lleida y de Barbastro-Monzón por el cual la de Lleida se comprometía a devolver los bienes a Barbastro-Monzón y reconocía que los bienes son eclesiásticos y que su gestión corresponde exclusivamente a la iglesia. También en el reconocimiento del Obispo de Lleida en el acto de conciliación del 31 de octubre de 2017, en que su abogado dijo que reconocían el conjunto de sentencias que había habido tanto en los tribunales del Estado como de las autoridades eclesiásticas. “Los actos de reconocimiento de la diócesis de Lleida son suficientes e inequívocas para considerar acreditada la propiedad de las parroquias segregadas”, recoge la sentencia.

La sentencia concluye que de los documentos aportados se aprecia que las obras procedían y pertenecían a las parroquias aragonesas basándose en las sentencias canónicas, el acuerdo firmado por los dos obispados y que no se adquirieron mediante ningún contrato. El juez entiende que la documentación aportada por Cataluña “no es suficiente para demostrar la propiedad catalana”. Valora en cambio para concluir la propiedad de las parroquias de la Franja, las resoluciones de los tribunales eclesiásticos y el acuerdo entre los dos obispos en que se reconoce la propiedad de las parroquias de Barbastro-Monzón. Concreta, pero, que a pesar de que las resoluciones eclesiásticas, por sí solas, no sirven para acreditar el derecho de propiedad, sí lo son en relación con el acuerdo de los obispos en que se reconocía la propiedad de las parroquias de Barbastro-Monzón.

En cuanto a la usucapión, el juzgado entiende que hace falta que exista un título y que se presente públicamente como propietario de manera pacífica y no interrumpida y concluye que en este caso “no se cumple”. En cuanto a las exposiciones que se han hecho por todas las partes con algunas de estas piezas prestadas del Museo, añade, no son suficientes para demostrar la propiedad catalana.

No hay contratos de compraventa

Durante el juicio, la parte leridana defendió que los bienes llegaron al Museo de Lleida a partir de 1893 a través de compraventas, permutas o donaciones mientras que Aragón defendía que fueron cedidas en depósito. Según la sentencia, Lleida no ha aportado los títulos de compraventa, donación o permuta concretos, solo documentación para justificar la adquisición, como por ejemplo cartas, declaraciones o anotaciones en los registros de entrada, que utiliza para “interpretar” que las obras fueron adquiridas.

La sentencia entiende que el hecho que en algunos documentos conste que se libraban cantidades de dinero por la recogida de algunas de estas obras de arte, no se puede interpretar como un contrato de compraventa, sino por la situación económica mala de las parroquias y la carencia de medios para conservarlas y como “gratitud” para conservarlas.

En algunas de las obras, añade el juez, solo consta un documento del Obispado de Lleida que dice que adquiere su propiedad, lo que “no se suficiente para justificar un contrato”. Además, entienden que es “irracional” que el Obispo hiciera contratos de compraventa con los rectores de su diócesis, puesto que “podía disponer de los objetos sin necesidad de adquirirlos”.

Los bienes son “preciosos”

El juzgado recuerda que la normativa canónica establece que la transmisión de bienes preciosos los tiene que aprobar la Santa Sede. El Consorcio, pero, niega que los bienes tuvieran la consideración de preciosos y que por lo tanto no hacía falta ninguna licencia para su transmisión. En este sentido, el juzgado considera que los bienes sí que son preciosos, puesto que se entienden así aquellos bienes que tengan un valor objetivo, cultural, histórico o artístico importante. Así, se basa en el hecho que el Obispo Messeguer creó el Museo para proteger el patrimonio artístico de las parroquias de la diócesis. Por lo tanto, se puede concluir, dice, que “las piezas que se trasladaron al Museo tenían un valor artístico, cultural o histórico importante”. Y añade que el obispo tenía constancia, si no, “no habría justificado la necesidad de su traslado y mantenimiento”.

Según la sentencia, ha quedado demostrado que las obras reclamadas se encuentren a título de depósito en el Museo de Lleida y que de varios escritos del obispo Messeguer se extrae que fue recogiendo los bienes ante el peligro de expolio o pérdida de las obras para su conservación, “sin ninguna intención de adquirirlas, sino solo de conservarlas o restaurarlas y para que los estudiantes del Seminario pudieran conocerlas y estudiarlas”.

Patrimonio Cultural Catalán

En cuanto al catálogo de las obras como bienes integrados del patrimonio cultural catalán, siguiendo con la sentencia del 30 de noviembre de 2017 de la Audiencia de Huesca, el juzgado entiende que, tratándose de bienes que pertenecen a parroquias aragonesas, “no deberían de haber sido declarados como integrantes del patrimonio catalán”.

Descarta indemnización

En lo que atañe a la petición catalana en caso de que la sentencia considerara que las obras en litigio son propiedad del Aragón porque estas parroquias pagasen los gastos ocasionados desde el 1999, el juzgado dice que hay que establecer la cantidad concreta o al menos una base para la liquidación. En este sentido, dice, “no se cuantifica nada ni se fija ninguna base”, por lo tanto es “improcedente” la reclamación, y concluye que la restitución de las obras “no puede ser condicionada al abono de ninguna cantidad”.

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