El juzgado de instrucción 21 de Barcelona mantiene la imputación a la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, por el caso de las subvenciones a entidades afines, por lo que la alcaldesa deberá ir a declarar el próximo 4 de marzo en el caso de las subvenciones a entidades afines -Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF)- denunciado en una querella por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD).

En su recurso, Colau, representada por los abogados Olga Tubau y Àlex Solà, alegaba que como alcaldesa no interviene en la tramitación de los expedientes de las subvenciones y no determina ni valora la singularidad de los proyectos ni de las entidades que las solicitan, ya que se encarga de ello un órgano gestor, en este caso el Área de Derechos Sociales.

El juez ha respondido en este auto que “contra el auto de admisión de la querella no cabe interponer recurso alguno”. Y ha argumentado que si tras la investigación se alcanzara la conclusión de que los hechos no son constitutivos de delito se podría decretar el sobreseimiento, pero no antes.

Por tanto, se mantiene la citación a declarar a la alcaldesa en calidad de investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público tras la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

Fuentes del Consistorio han indicado que los servicios jurídicos municipales ya trabajaban con la certeza de que la declaración se produciría el 4 de marzo.

Asimismo, han indicado que la defensa de Colau ya ha enviado al juzgado hasta 8 informes técnicos para que el juez disponga de toda la información necesaria antes de la declaración, con el convencimiento de que la causa será archiva, tal y como ocurrió con la anterior.

Anticorrupción ha asumido la investigación

El 20 de enero la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 21 de Barcelona por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra la alcaldesa de la ciudad condal Ada Colau.

Anticorrupción llega al procedimiento después de que el juzgado admitiera a trámite la querella presentada en diciembre por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. A la alcaldesa se le atribuyen presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionario público por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).

La Fiscalía archivó en julio otra investigación a la alcaldesa

El pasado mes de julio, la Fiscalía archivó la investigación que abrió a la alcaldesa de Barcelona y a los diputados del Congreso y exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello, por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política.

En esa ocasión, y tras las diligencias practicadas, el ministerio público dio carpetazo a la investigación, al no hallar indicios de delito en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Aquella otra denuncia acusaba a Colau y a su equipo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias por la «reiterada y presuntamente injustificada» concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).

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