La Consejería de Acción Climática, dirigida por Teresa Jordà ha puesto en marcha el proceso de reversión de la concesión de la central hidroeléctrica de Can Trinxet, en Sant Quirze de Besora (Barcelona), así como la extinción de otras dos concesiones en las centrales de la Cúbia (Ripoll) y Vilana (Bescanó).

La iniciativa se enmarca en el plan estratégico del Govern para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y potenciar las fuentes de energía limpias. El objetivo de la Generalitat es conectar 12 gigavatios (GW) de energías renovables en Cataluña hasta 2030 y alcanzar un horizonte de descarbonización plena en 2050.

Actualmente, Cataluña se encuentra en el furgón de cola de las energías alternativas en el conjunto de España. Durante la última década, la parálisis administrativa ha impedido la creación de apenas nuevas instalaciones fotovoltaicas y eólicas en la autonomía. Los datos no engañan: la comunidad vecina de Aragón, que cuenta con un tercio de la superficie de la catalana, produce 4.155 megavatios (MW) de energía eólica, frente a los 1.269 MW generados en Cataluña.

Por otro lado, la reciente normativa autonómica sobre renovables se ha topado con el rechazo tanto de las asociaciones del sector, como Eoliccat y UFEC, como de Foment del Treball, Pimec y la Cámara de Comercio de Barcelona. Si bien la consejera ha moderado algunos de los aspectos más contestados por los promotores, como su negativa a los grandes proyectos renovables en el caso de la eólica flotante.

Para revertir esta situación, Jordà ha propuesto la creación de una energética pública que se nutriría, en parte, de las hidroeléctricas que operan en la región en régimen de concesión.

De las 229 centrales existentes –que suman 250 captaciones, 139 titulares y 227 megavatios (MW) de potencia instalada–, tres caducan en un periodo de 10 años y 12 más en 20 años. El resto de adjudicaciones se extienden hasta el año 2061. El Departamento ha iniciado un proceso de revisión para poner estas infraestructuras bajo la gestión de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Este trámite se alargará entre 12 y 18 meses.

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