El Gobierno de Pedro Sánchez podrá multar a los periodistas y medios de comunicación que publiquen información clasificada. La nueva ley de secretos oficiales fija multas de hasta tres millones de euros para cualquier particular o empresa que difunda información clasificada.

Así se desprende del texto del anteproyecto al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que se detalla que se enfrentarán a estas multas todos aquellos que difundan documentos que tengan las nuevas categorías de alto secreto, secreto, confidencial o restringido.

De esta manera, los profesionales de la comunicación quedan en manos de la Justicia para libarse de dichas sanciones. La única vía para evitar las multas previstas será recurrir a los tribunales una vez la multa ya ha sido impuesta, según señala El Confidencial.

Para acceder a esta información clasificada hay que tener una habilitación personal de seguridad otorgada por la Autoridad Nacional, un organismo que depende del Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, según detalla la nueva ley.

La norma establece la cuantía de las multas en función de la gravedad de las infracciones. En este sentido, las consideras como muy graves -que hacen referencia a las categorías de alto secreto y secreto- se castigan con cantidades de entre un millón y tres millones. La categoría grave o leve se aplicará en función del nivel de protección del secreto. En cuanto a las multas menores, reservadas a la difusión de material clasificado como restringido, quedan en 50.000 euros o un apercibimiento

“A la hora de fijar la cantidad exacta de la multa, el Gobierno tendrá que valorar criterios como la relevancia de la información para la seguridad de España, el daño causado o la actitud del sancionado. Si se negase a dejar de difundir información o no colaborase con las autoridades, la sanción sería mayor”, señala El Confidencial.

Rechazo a la nueva ley

Hasta 15 organizaciones periodísticas y de la sociedad civil han presentado alegaciones contra lo que consideran “un atropello”. Es el caso de Acces Info Europe que condena “la apertura de una consulta pública con un plazo increíblemente corto, a mediados de agosto, sobre la nueva ley de información clasificada para reemplazar a la ley franquista de secretos oficiales de 1968, aún vigente”.

El nuevo anteproyecto de ley fue publicado el 3 de agosto, con una fecha límite del 12 de agosto para comentarios públicos, enviando un simple correo electrónico, sin una consulta estructurada. “Hacer una consulta en pleno agosto sobre una ley que afecta a derechos fundamentales constitucionales, tales como la libertad de información, es escandaloso”, denuncia Helen Darbishire, directora de Access Info.

“Desde la sociedad civil, estamos instando al Gobierno para que extienda el período de consultas durante un mes más, ya que es la única manera de asegurar una participación genuina y un debate público sobre cuestiones tan importantes”, añade Darbishire.

El borrador ha causado una serie de preocupaciones entre expertos en democracia, incluidas las consecuencias para la transparencia, el impacto sobre la protección de los denunciantes y los riesgos para la libertad de los medios de comunicación y los periodistas de investigación, dadas las multas potencialmente enormes (que van desde los 50.000 a los 3 millones de euros por difundir documentos clasificados).

Otras preocupaciones expresadas desde que se conoció el texto de la ley son los largos períodos de clasificación (hasta un total de 65 años) y la falta de desclasificación retroactiva, limitando así el acceso a muchos documentos clasificados durante el franquismo o durante la transición a la democracia.

“Investigadores, historiadores y familias de víctimas y personas represaliadas durante el franquismo deberían tener derecho a acceder a toda documentación histórica transcurrido un plazo máximo de 25 años”, reclama Concha Catalán, Presidenta de la organización Innovación y Derechos Humanos (ihr.world).

También preocupa la supervisión de la clasificación, los procedimientos de desclasificación y la relación con la ley de acceso a la información, que actualmente está siendo evaluada para mejoras por un grupo de expertos, incluida la sociedad civil.

Access Info señala que, según la OCDE, la calidad de participación pública en el estado español tiene una puntuación de solo el 2%, diez veces más baja que el promedio de la OCDE (21%) y muy por debajo de muchas de las otras democracias europeas.

“España es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto y se ha comprometido a aumentar la participación pública en la formulación de políticas, pero este tipo de consultas apresuradas y sin debate son una práctica increíblemente dañina”, agrega Darbishire, quien es miembro del Comité Directivo global de OGP y asegura que planteará sus preocupaciones a nivel internacional.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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