25 julio, 2021

El Govern no encuentra banco para avalar a los ‘represaliados’ por el Tribunal de Cuentas

El Instituto Catalán de Finanzas se tendrá que hacer cargo de los avales mientras no se encuentre un mecanismo alternativo

El gobierno ha aprobado transferir diez millones de euros de fondos extraordinarios de varios departamentos de la Generalitat para dotar al Fondo Complementario de Riesgos que tiene que permitir avalar las fianzas de los ‘represaliados’ por el Tribunal de Cuentas español.

La fecha tope para que los treinta y cuatro ex-altos cargos acusados de malversación por la acción exterior de la Generalitat depositen 5,4 millones de euros de fianza es el 21 de julio próximo. El funcionamiento de este fondo prevé que sea una entidad financiera quien haga el aval, con el contraaval de la Generalitat con este fondo de riesgo. Pero hoy por hoy el gobierno no encuentra ninguna entidad que se preste, y ya empieza a pensar en mecanismos alternativos.

El decreto de aprobación de este fondo complementario de riesgo ya prevé que esto pueda pasar. En una disposición final, establece qué hacer en caso de que no sea posible hacer el aval en un banco: “La entidad gestora [del fondo, es decir, el Instituto Catalán de Finanzas hoy por hoy] puede otorgar la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho, sin perjuicio que sea sustituida posteriormente por el que dispone el precepto mencionado.”

Es decir, provisionalmente se haría cargo el Instituto Catalán de Finanzas mientras no se encontrara la solución definitiva. La portavoz del gobierno ha dicho que hay conversaciones entre algunos de los afectados por la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas para poderse acoger a este fondo.

Illa considera legal el fondo para pagar las fianzas

El jefe de la oposición del Parlamento de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este martes que el fondo creado por la Generalitat para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los dirigentes del proceso independentista se ajusta a la legalidad. Lo ha afirmado en una entrevista en RAC1, basándose en los datos que le ha facilitado el equipo jurídico.

«La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y de otros con los que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad», ha reconocido Illa, que ha defendido la consulta que el grupo parlamentario PSC-Units ha trasladado al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para saber si el decreto ley se ajusta a las leyes actuales.