Prensa, radio, televisión, todos los medios de comunicación peruanos -y la mayoría de los hispanoamericanos- llevan a portada la mayor catástrofe ecológica del país de que se tiene memoria en la región. Los telediarios abren con desoladoras imágenes de chapapote, las portadas de los periódicos llevan titulares de alarma por la destrucción causada por el vertido, las emisoras de radio han destacado corresponsables que narran situaciones muy similares a las que vivió España en 2002 con el desastre del Prestige, ¿recuerdan?

La multinacional española presidida por Jose Jon Imaz, Repsol, tiene una refinería, La Pampilla, ubicada en el Pacífico, a la que acuden los petroleros de la compañía para descargar el crudo.

De uno de esos barcos se ha producido un vertido de 6.000 barriles que han arrasado al menos 20 playas (en Ventanilla, Santa Rosa, Ancón y Chancay) y dos reservas (parques) nacionales de flora y fauna, además de multitud de islotes frente a la costa, como Isla Grande, hábitat de pingüinos y de lobos de mar. Cientos de hombres de la mar se han quedado sin recursos pesqueros y sin oficio. La costa se ha cubierto de negro y la vida ha desaparecido del paisaje. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de enero.

Guerra de culpas

En este momento se ha desatado una «guerra de culpas» entre la compañía española, la marina peruana y el propio gobierno de la nación. Nadie se declara responsable de los hechos. Nadie asume su responsabilidad. Acaba de comenzar una campaña en redes sociales, donde se ha desatado la ira popular -alentada o espontánea- contra «la multinacional española» a la que se responsabiliza de la tragedia.

El gobierno acusa a Repsol de haber minimizado el accidente y de haber engañado a las autoridades con el volumen inicial del vertido (la compañía habló de apenas siete galones de crudo cuando finalmente fueron 6.000 barriles derramados en el ecosistema marino y costero) y acusan a la multinacional española de carecer de un plan de contingencia para este tipo de casos.

La cancillería (ministerio de relaciones exteriores) exige a la petrolera la reparación inmediata del daño producido.

Mientras, Repsol se defiende y responsabiliza a la prestigiosa Marina del Perú, a la que acusa de no haber alertado debidamente del peligro del tsunami provocado por el volcán de Tonga cuando fue consultada por Repsol. La directora de Comunicación de Repsol en Perú, Tine van den Wall Bake Rodríguez, negó en una cadena de televisión las responsabilidades de la firma. “Nosotros no ocasionamos el desastre y no puedo decir quién es el responsable”, dijo.

¿Como sucedieron los hechos?

Según Repsol, el desastre se produjo por los oleajes anómalos tras la erupción del volcán en Tonga. Esto alteró el proceso de descarga del crudo de un buque en el terminal mencionado. “Cuando llega la ola rompe los cabos de estribor y tira el buque contra nuestra instalación”, señaló la portavoz de la compañía. Sostuvo que se continuó con la descarga, pues consultaron a la Marina respecto a si había algún tipo de alerta de tsunami y les dijeron que no y que podían continuar con la actividad.

La Marina ha dicho que no emitió la alerta de tsunami porque no se cumplieron los requisitos. Ya ha anunciado una investigación interna -cosa que no ha hecho la compañía-. Inicialmente la empresa reportó que se vertió una cantidad ínfima. Sin embargo, se estima que fueron 6 mil barriles. Sobre el área afectada, el OEFA informó que se trata de 1,739.000 m2 (243 campos de futbol). El área de mar contaminada sería de 360 millones de m2, “asumiendo que la cifra reportada (6.000 barriles) sea correcta”.

La indignación es grande entre alcaldes, pescadores y vecinos en general. La fiscalía general ya ha anunciado que exigirá una indemnización y que tomará acciones legales.  La terminal 2 de la refinería de La Pampilla ha sido paralizada.

Repsol se defiende mientras crece la indignación

Repsol insiste en que se trata de un  “fenómeno marítimo imprevisible”. También ha lamentado no haber “transmitido de manera adecuada” todos sus compromisos y acciones realizadas para atender el desastre ecológico.

“Nos gustaría transmitir especialmente nuestra solidaridad con todas las personas y poblaciones impactadas, y expresar un especial sentimiento por los entornos naturales y especies marinas afectadas. Como es sabido, el derrame de petróleo fue ocasionado por un fenómeno marítimo imprevisible para la compañía, provocado por la erupción volcánica en Tonga”, indicó Repsol en un comunicado.

“Lamentamos no haber transmitido de manera adecuada todos nuestros compromisos y acciones realizadas y asumidas para atender el impacto generado por el derrame de petróleo… Asimismo, queremos informar que, desde que ocurrió el accidente, se activó nuestro plan de contingencia y hemos desplegado una serie de acciones”, señaló la compañía.

Sin embargo, la  indignación popular se incrementa y desde las redes sociales se insta a los peruanos a no repostar combustible de la multinacional española, mientras los pueblos y comunidades afectadas, que ven su entorno natural devastado, sus recursos destruidos y su modo de vida aniquilado, piden responsabilidades a Repsol por la gestión y desembarco del crudo, en pleno oleaje causado por el tsunami del volcán de Tonga.

Por todas partes se alzan voces contra «la compañía española», mientras el presidente Castillo sobrevuela catatónico -sombrero en ristre- el escenario de la tragedia.

Todos saben que, abstracción hecha de la catástrofe medioambiental, las declaraciones públicas serán claves para la exigencia de responsabilidades mil millonarias que se diriman en el más que previsible juicio entre Repsol y el Estado peruano.

«Acciones urgentes y graves» para sancionar el derrame de crudo

El presidente del Perú, Pedro Castillo, aseguró que el Gobierno asumirá «el rol de sancionar a los responsables» del derrame de crudo de una embarcación a cargo de la multinacional Repsol que ha dejado millones de m2 terrestres y marítimos cubiertos de petróleo.
La multinacional petrolera niega haber ocasionado el desastre ecológico. Autoridades peruanas podrían multar a la empresa con 35 millones de dólares.

El mandatario peruano aseguró que el Estado llevará a cabo acciones «urgentes» y «graves» con el fin de sancionar a los responsables de lo que catalogó uno de los «ecocidios más grandes» en la costa peruana debido al derrame de crudo en una terminal de la refinería La Pampilla, que pertenece a la multinacional española Repsol.

«El daño ecológico en nuestro litoral es inadmisible. Desde el Estado se han dispuesto las acciones penales, civiles y administrativas, a fin de cautelar la soberanía y bienestar del país», añadió el presidente comunista del Perú.

«Estamos ante uno de los ecocidios más grandes que se han suscitado en nuestras costas y mar. El Gobierno asume el rol de sancionar a los responsables del daño que afecta trágicamente a la flora, fauna y a las comunidades puestas en peligro y privadas de su sustento cotidiano», expresó Castillo.

Horas antes, el presidente había visitado la playa Cavero, una de las más afectadas por el derrame, sobrevolado la zona y suscrito un decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática, donde aseguró que esperaba que la empresa asuma su responsabilidad en el desastre ecológico.

De acuerdo al ministro de Ambiente del país andino, Rúben Ramírez, por lo menos 6.000 barriles de crudo se derramaron el sábado 15 de enero en la terminal de la refinería La Pampilla cuando la embarcación Mare Dorium, de bandera italiana, estaba en proceso de descarga en la refinería de Repsol.

Silencio

Perú vive una tragedia ecológica en la que está implicada una de las mayores compañías españolas, pero nadie en España informa de lo sucedido.

Ni  nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido nota alguna al respecto, ni el Ministerio de Transición Ecológica ha mostrado la más mínima solidaridad con Perú, ni los movimientos ecologistas han levantado la voz o realizado declaración alguna al respecto. España mira hacia otro lado. Silencio.

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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