Por primera vez, un juzgado del Estado español ha condenado la inclusión de cláusulas abusivas y que generan desequilibrios entre arrendadores y arrendatarios en los contratos de alquiler impuestos por el fondo inmobiliario Azora, compañía matriz de las empresas Lazora, EncasaCibeles y Témpore Properties, que cuentan con un total de 13.000 viviendas en toda España.

La demanda, que se encuentra en el origen de esta sentencia pionera y de gran trascendencia, fue interpuesta por el Sindicat de Llogateres en representación de Sílvia Torres, una vecina de Granollers, a quién Azora pretendía imponer una actualización de la renta del 30% pasando de los 690 euros que pagaba mensualmente en el momento de formalizarse el contrato en enero de 2020 a casi 1.100 euros, incluyendo los incrementos interanuales vinculados en el IPC.

La cláusula que pretendidamente permitía a Azora aplicar este incremento calificado «de abismal» por la sentencia Juzgado de Primera Instancia número 31 de Barcelona, es la llamada «bonificación de la renta», según la cual el precio inicial del alquiler es el resultado de aplicar un porcentaje de «bonificación» durante un periodo 36 meses sobre el verdadero precio del alquiler.

Se trata de una de las cláusulas más polémicas de los contratos de Azora que la sentencia considera abusiva y contribuye al hecho que «el precio del alquiler no fuera fijado de forma clara y transparente para que pudiera ser comprendido por un consumidor medio […] pudiendo provocar confusión al arrendatario».

Además de la carencia de transparencia, la resolución insta a la nulidad de la cláusula para entender que «la bonificación trata de evitar la aplicación de la norma legal» y rehuir la obligación de que «durante los 7 años [de contrato] la renta mensual respecto a la inicial no puede superar el incremento del IPC».

Cúmulo de cláusulas abusivas que imponen desequilibrio

Junto con la cláusula de bonificación, la sentencia impone la nulidad a otras 8 cláusulas contractuales, incluyendo la aplicación de una penalización económica del 300% del precio diario del alquiler por la demora en la entrega de las llaves, la imposición de la posibilidad de que el arrendador pueda realizar visitas periódicas al inmueble, la retención de la totalidad de la fianza por la existencia de desperfectos mínimos, la renuncia de derechos en caso de interrupción de los suministros por causa ajena al arrendador, la negativa a reembolsar cantidades económicas abonadas por los alquilados en caso de resolución del contrato por causas imputables al arrendador o la imposibilidad de exigir la devolución de gastos derivados de incumplimientos contractuales de la propia Azora.

De hecho, de las 10 cláusulas denunciadas, la sentencia solo otorga validez a la autorización por parte del alquilado a ser incorporado en registros de morosos en caso de incumplimiento de la obligación de abonar la renta correspondiente.

Montse Serrano, abogada de Col·lectiu Ronda responsable de la demanda, considera la sentencia «como un hito de gran trascendencia, pues aporta luz sobre el abuso y los desequilibrios en perjuicio de los alquilados que Azora y otros grandes tenedores y fondos de inversión inmobiliarios incorporan de forma sistemática y masiva los contratos de arrendamiento. Y todo ello en un escenario donde una cuestión tan básica como es el acceso a la vivienda ya está revestida de suficientes dificultades».

En este sentido, la abogada destaca «no solo la contundencia y claridad de la argumentación empleada por la jueza a la hora de condenar estas cláusulas sino el hecho de gran relevancia jurídica que supone que sea la propia Azora quién reconozca que se trata de contratos de adhesión, donde no existe ninguna posibilidad por parte de las personas consumidoras de negociar, oponerse o matizar el contenido del contrato que se les impone, haciendo evidente que estamos ante un conflicto donde el desequilibrio de fuerzas es más que sustancial entre una empresa propietaria de 13.000 pisos en todo el Estado y quien tiene que aceptar que se vulneren sus derechos porque necesita un lugar donde vivir».

Desde este punto de vista, Montse Serrano elogia «la valentía y la firmeza de Silvia Torres en defensa de sus derechos como arrendadora y consumidora y la inmensa valía de la tarea de apoyo y asesoramiento que realiza el Sindicat de Llogateres. Sin ella y sin el Sindicato, hoy no se abriría esta puerta tan importante que acaba de abrirse».

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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