13 junio, 2021

El Congreso reconoce el derecho a la muerte digna con el único rechazo de PP y Vox

La Cámara Baja ha aprobado de forma definitiva la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia. Estos dos partidos ya han avanzado que la recurrirán ante el Constitucional a pesar de ser un reclamo histórico de la sociedad

España reconoce este jueves un nuevo derecho, el de la muerte digna. Una gran mayoría del Congreso ha aprobado de forma definitiva la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia. PP y Vox se han quedado solos en su rechazo a una norma muy demandada por la sociedad y que ha aunado el consenso de casi todo el arco parlamentario. De esta manera, la iniciativa, que volvía del Senado después de que se incorporaran varias enmiendas de carácter técnico, ha sido ratificada por 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones.

Este nuevo derecho, incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (financiación pública), será una realidad a partir de junio, cuando se cumplan tres meses desde la publicación de la ley en el BOE. En esta línea, España se convertirá en el sexto país del mundo que regule esta práctica, por detrás de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. No obstante, la eutanasia no está penalizada en países como Suiza, Alemania, Japón o algunos estados de EEUU y otro de Australia.

Como en anteriores ocasiones, los portavoces de los partidos han recordado desde la tribuna a las asociaciones que han defendido el derecho a la muerte digna, fundamentales para el éxito de esta proposición de ley, y muy especialmente a Ramón San Pedro, María José Carrasco y su marido Ángel Hernández, y al doctor Luis Montes.

Esta norma permite dar un paso importante para acabar con la criminalización que hasta ahora condenaba a aquellos que elegían vivir y morir con dignidad. «Morir, hasta el día de hoy es inevitable, morir mal debe dejar de serlo», ha apostillado la portavoz de ERC Carolina Telechea. «No hay nada mejor que vivir cuando se puede morir, pero no hay nada peor que no poder morir por no poder vivir», ha señalado el portavoz del PNV José Andoni Agirretxea.

Ante los ataques de la derecha y de la extrema derecha a esta ley, que según estos partidos «obliga a las personas a tener una muerte indigna» y ya han avanzado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional, los grupos han puesto en valor que esta norma es un derecho, no una obligación. Asimismo, han rechazado que esta ley confronte con los cuidados paliativos, ya que precisamente, lo que propone es una alternativa para aquellas situaciones donde estas terapias no son suficientes.

«La eutanasia es el derecho a vivir hasta cuando uno quiera y, por supuesto, en la medida de lo posible», ha pronunciado la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel, quien ha acusado a PP y Vox de oponerse a la norma porque «nos hace más libres». Asimismo, ha destacado una encuesta de Metroscopia de 2019 en la que refleja que un 87% de la población española está a favor de esta prestación de ayuda a morir.

La exministra de Sanidad y diputada socialista, María Luisa Carcedo, cuyo grupo ha sido el impulsor de la norma, ha concluido el debate recordando los recortes millonarios que el PP ha aplicado en el Sistema Nacional de Salud, así como sus continuos rechazos a la ley de cuidados paliativos. «Hoy una mayoría de las Cortes Generales hemos cogido el testigo de muchas personas enfermas que llevan años reclamando por esta regulación de este derecho», ha defendido.

De esta manera, la Cámara Baja, tras la aprobación de la ley de eutanasia, ha dedicado un largo y sonoro aplauso ante lo que se considera ya un momento histórico. «Es un día importante porque avanzamos en el reconocimiento de los derechos, en una sociedad más humana y más justa», ha incidido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que también ha estado presente en la votación de la norma.

Podrán solicitar la eutanasia los pacientes que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esto es, una persona afectada por limitaciones que «inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma» o un paciente cuya enfermedad, por su naturaleza, «origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva».

La decisión de pedir la ayuda para morir debe ser autónoma, informada por el equipo sanitario responsable y sin presiones externas. «En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente», añade la ley. Al mismo tiempo, «mediante la posibilidad de objeción de conciencia, se garantiza la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario llamado a colaborar en el acto de ayuda médica para morir».

Para poder recibir esta prestación será necesario que la persona tenga la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Asimismo, el paciente debe disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, «incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales, comprendidos en la cartera de servicios comunes y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia».

Se tendrán que formular dos solicitudes con al menos quince días de separación entre ellas, pero si el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades y ha pedido la eutanasia en un testamento vital o de voluntades anticipadas, también se podrá facilitar la prestación. Además, el enfermo debe prestar «consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir». En caso de que la solicitud sea rechazada, el paciente podrá presentar en el plazo máximo de quince días hábiles una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente. «El médico responsable que deniegue la solicitud está obligado a informarle de esta posibilidad».

Público.es