Tras anunciar la subida de los tipos de interés tras once años, el BCE ha querido reducir la ansiedad en torno a las finanzas italianas, españolas y, en definitiva, de los países más endeudados. Acostumbrados a ir de la mano del BCE desde hace años, estos países ahora pueden financiarse sin el apoyo del Banco Central.

Con el descalabro italiano, además, se han disparado aún más las dudas. Es por ello que el BCE ha aprobado el llamado TPI (Transmission Protection Instrument), que le permitirá volver a intervenir si se dispara el coste de la deuda de cualquier miembro de la zona euro.

El BCE asegura que su intervención no tendría límites y su presidenta, Christine Lagarde, ha querido convencer a los más escépticos con su propia versión del whatever it takes (lo que haga falta) de Mario Draghi, en plena crisis del euro en 2012: “Preferiríamos no tener que utilizar este instrumento. Pero, si debemos utilizarlo, no dudaremos. No dudaremos.”

El TPI, como otros planes anteriores semejantes, choca con el reparo de países como Alemania o los Países Bajos; según su lógica, un cheque en blanco por parte del BCE alienta a los estados más endeudados a derrochar recursos y los aleja de la disciplina presupuestaria. Además, recuerdan, los tratados prohíben al BCE financiar a los Estados miembros imprimiendo euros.

Ante estos argumentos, el Banco Central examinará previamente a los estados antes de ayudarles, de acuerdo con el sistema de reglas fiscales de la UE.

Un plan con condiciones

Para intervenir comprando deuda de un determinado estado, el BCE deberá acreditar que tiene las cuentas en orden. Y esto significa que no podrá estar bajo un procedimiento de déficit excesivo por parte de la Comisión Europea, ni tener severos desequilibrios económicos (también de acuerdo con el diagnóstico de Bruselas).

Además, su deuda deberá ser “sostenible” a largo plazo, y acreditar que se está cumpliendo con el plan de reformas que acompaña al fondo de recuperación europeo.

En la práctica, ahora tanto España como Italia, o el resto de países del Sur, cumplen técnicamente estos criterios, porque con la pandemia se ha suspendido la aplicación de las reglas más duras. Es cierto que tampoco habría tenido sentido aprobar un nuevo plan para calmar los ánimos si no puede aplicarse de inmediato.

Pero son criterios que, más allá de los números, están sujetos a un grado de interpretación política, por lo que tampoco existe una garantía absoluta en adelante. De hecho, según cómo, su cumplimiento puede convertirse en un nuevo caballo de batalla entre los socios del euro, como ya ocurrió con la crisis del 2012 o con el rescate de Grecia.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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