El gobierno de Ada Colau, con el apoyo de ERC, ha rechazado dos proposiciones de Ciutadans y del PP que pedían suspender la tasa de recogida de residuos y reembolsar lo recaudado tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declaró nulo el tributo municipal aprobado en febrero de 2020 y que se incluye en el recibo del agua.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, ha defendido la tasa “vigente”, en respuesta a las iniciativas presentadas en la comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de este miércoles y que han recibido el apoyo de Junts, Valents y de la concejal no adscrita Marilén Barceló.

Desde ERC, Jordi Castellana ve la tasa como una herramienta positiva, pero ha matizado que no se están cumpliendo dos de las tres condiciones que exigió su formación: los avances en el calendario de individualización de la tasa y la “bonificación en los territorios que más reciclan”.

Según la presidenta de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, el “principal argumento que da el tribunal” es el criterio en el que el Gobierno municipal ha diseñado el cálculo de las cuotas, y han pedido un sistema eficaz para incentivar la recogida de residuos.

El popular Josep Bou ha criticado el “afán recaudatorio” de la tasa porque, según él, se ha recaudado más de lo que estaba previsto. También ha defendido la propuesta de los populares de que se deje de aplicar la tasa y se dote una provisión contable por valor del importe recaudado por “prudencia”.

El concejal de Junts, Joan Rodríguez, ha mostrado el rechazo a la tasa por no generar incentivos ambientales ni sociales y ha considerado que se penaliza a los hogares con más miembros que probablemente gastan más agua, pero que quizá lo reciclan todo: “Lo deseable sería tener tasas que no las tumben los tribunales”, ha zanjado.

Eva Parera (Valents) ha pedido además que el Gobierno municipal no presente recurso a la sentencia del TSJC y le ha reprochado: “Aquí todos los dijimos que era una mala medida, que no cumplía su objetivo, que era ilegal”, opinión que ha suscrito también la concejal no adscrita.

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