Los Mossos d’Esquadra han ejecutado por orden judicial el desahucio de una madre y sus cuatro hijos, menores de edad, en el distrito de Sants de Barcelona. Más de un centenar de personas, convocadas por el Grup d’Habitatge de Sants, se han concentrado ante el edificio para impedir el desahucio.

Los Mossos han desplegado un amplio dispositivo, con unas 15 furgonetas de antidisturbios, y han ido sacando de la puerta a los activistas que bloqueaban la entrada. El Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido un apartamento en el barrio de Gracia a la familia, que lamenta las dificultades que supone un traslado fuera del barrio después de vivir once años.

Vecinos y activistas han criticado el dispositivo policial para desalojar a una madre sola con cuatro hijos pequeños. El más mayor tiene 7 años. En el momento del desalojo, los niños no estaban en casa y Fátima ha bajado entre los concentrados para agradecerlos el apoyo.

Unas decenas de personas han bloqueado la puerta sentados en el suelo, tapando el acceso desde dentro del edificio. Los agentes antidisturbios han sacado a los que estaban fuera uno a uno. Luego han buscado la manera, haciendo palanca y con otras herramientas, para abrir la puerta, donde se había encadenado uno de los activistas.

Según el Grup d’Habitatge de Sants, la situación de Fátima cambió de forma drástica hace dos años, tanto a nivel familiar, al divorciarse, como económica por la pandemia. No podía asumir el precio del alquiler y el Grup d’Habitatge de Sants llevaba negociando con la propiedad una alternativa que, según aseguran desde el colectivo, podía beneficiar las dos partes. El colectivo carga en un comunicado contra el Ayuntamiento de Barcelona y acusa la Oficina de Vivienda de reaccionar «tarde» y «mal».

El grupo explica que también recurrieron a la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, como respuesta, pidió al Estado que tomara medidas para evitar «daños irreparables» mientras examinaba el caso de Fátima, ya fuese parando el desahucio u ofreciéndoles una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades. Los vecinos han criticado que la orden judicial se haya ejecutado pese a esta respuesta de la ONU.

 

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