Pablo González continúa encarcelado dieciocho meses después de su detención en Polonia, el 28 de febrero de 2022. El periodista vasco, que tiene la doble ciudadanía española y rusa, le acusan de ser un espía ruso mientras informaba de la llegada de refugiados ucranianos en territorio polaco tras el estallido de la guerra con Rusia. Primero, lo detuvieron un mes en una cárcel de Rzeszów, y luego lo trasladaron a otra cárcel de Radom. Allí, fue encarcelado en una celda de máxima seguridad en régimen de aislamiento hasta hoy en día.
Cada tres meses le renuevan la situación de prisión provisional tres meses más y, en todo este tiempo, sólo ha podido recibir dos visitas: la primera fue el 22 de noviembre de 2022 por parte de Oihana Goiriena, esposa y madre de sus hijos. La otra fue el 18 de junio de 2023, donde asistieron la madre y el hijo mayor del periodista, y otra vez su mujer. Tal y como detalla la Asociación #FreePabloGonzález -una entidad sin ánimo de lucro que pretende ser un altavoz de denuncia y coordinar una campaña de micromecenazgo para hacer frente a los gastos de la defensa legal-, el encuentro, que duró más de dos horas, fue grabado con cámaras y, en todo momento, estuvieron acompañados de una traductora, un agente de los servicios secretos polacos y dos funcionarios de prisiones.
La poca intimidad en las visitas y la dificultad que tiene la familia para comunicarse a ellas y poder visitarlo son solo algunas de las muchas vulneraciones de derechos que el periodista denunciar haber sufrido. De hecho, el verano pasado la familia movió ficha para denunciar a Polonia en el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Tal y como exponía Goiriena, quien firmaba el escrito, González cumple cuatro de los cinco supuestos que describen una privación de libertad arbitraria que apunta precisamente la propia ONU.
Argumentan que no hay base legal para justificar la detención porque los hechos investigados no constituyen ningún delito y que la acusación de espionaje es inconcreta. También denunciaba que no le habían entregado ningún expediente judicial ni le habían permitido que fuera asistido y entrevistado por el abogado de su elección y confianza; que la detención se fundamentó por su trabajo como periodista, lo que vulnera el derecho de la libertad de opinión y de expresión, y que le han vulnerado el derecho de un proceso judicial con garantías, incluyendo el derecho de defensa, el de la libertad personal y, especialmente, el principio de legalidad y taxatividad penal.
Finalmente, también denuncian que el encarcelamiento es motivado por una discriminación por el origen ruso de González, lo que implica una vulneración del derecho internacional.
La doble nacionalidad, lo que hizo desconfiar
Pablo González nació en Moscú en 1982. Nieto de un exiliado vasco en la URSS a causa de la guerra civil española, vivió en Rusia hasta los nueve años bajo el nombre Pavel Rubstov. Cuando sus padres se divorciaron, la madre de González quiso volver al País Vasco, de donde ella es originaria, y en el momento de obtener la nacionalidad española lo inscribieron como Pablo (traducción al castellano de Pavel) González (apellido de la madre) Yagüe (apellido del abuelo materno). A raíz de ello, tiene doble nacionalidad y un nombre diferente en cada pasaporte.
Sus orígenes familiares lo hicieron interesar en la cultura rusa y estudió filología eslava, por eso habla ruso y polaco. Como periodista, se ha especializado en el espacio postsoviético.
Sin novedad
Su defensa, llevada por el abogado Gonzalo Boye, informa de que no hay ninguna novedad al respecto y que la situación de González sigue igual de encallada. El periodista vasco es uno de los más de quinientos profesionales presos en todo el mundo, según #FreePabloGonzález.
