Decenas de migrantes esperan en campamentos de Pas-de-Calais poder cruzar el Canal de la Mancha.

En las últimas horas, se ha producido en el Canal de la Mancha la mayor tragedia migratoria de la que se tiene noticia hasta la fecha en esta frontera que separa en aguas atlánticas a Francia y el Reino Unido. Al menos 31 personas han fallecido en el naufragio de su embarcación cerca de la ciudad francesa de Calais (entre ellas, tres menores y una mujer embarazada), cuando intentaban alcanzar las costas británicas. Y es que el flujo de inmigrantes no cesa, con más 25 mil personas intentando llegar a Reino Unido desde las playas de Francia a bordo de precarias embarcaciones hinchables de recreo. La semana pasada, por ejemplo, 243 personas fueron rescatadas en el Canal de la Mancha cuando intentaban cruzar al Reino Unido.

Hay varias razones que explican el incremento de migrantes atravesando el canal. Sin embargo, la raíz del problema es geopolítica. La mayoría de los migrantes provienen de Irán, Afganistán, Yemen, Siria y Sudán, países en conflicto donde hay guerras y persecución política. Además, las rutas terrestres son cada vez más inviables para el cruce de migrantes porque cada vez están más vigiladas. A eso se suman las restricciones durante la pandemia y con el Brexit.

Muchos migrantes de esas embarcaciones “vulnerables” son rescatados por la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), una organización sin ánimo de lucro que opera en las costas de Gran Bretaña, Irlanda, las islas del Canal y la isla de Man. Y es que pese a las gélidas temperaturas, noviembre está siendo un mes verdaderamente intenso con jornadas en las que llegan al Reino Unido más de 1.000 personas. Las solicitudes de asilo alcanzaron su nivel más alto en casi dos décadas, con 37.562, durante el periodo de 12 meses que finalizó el pasado septiembre, según cifras de Interior.

En lugar de abordar la crisis humanitaria, los mandatarios a ambos lados del canal de la Mancha siguen enfrascados en una disputa política absurda, echándose las culpas los unos a los otros. En el fondo de la cuestión encontramos la disputa paralela que mantienen Londres y París respecto a las nuevas licencias pesqueras de la era pos-Brexit. Recuperar el control de las aguas fue uno de los eslóganes clave para la causa euroescéptica. Pero también Macron hizo de la pesca una gran parte de su campaña presidencial en 2017, y la zona costera de Bretaña le dio en la primera ronda del recuento electoral más apoyo que cualquier otra región.

Otras fronteras

En aguas atlánticas, pero en la frontera sur europea que separa Marruecos de las Islas Canarias, al menos 14 personas habrían muerto en los últimos días mientras se dirigían hacia territorio europeo, según han denunciado desde las ONG Alarm Phone y Caminando Fronteras. La embarcación llevaba tres semanas a la deriva.

En otro territorio fronterizo, en este caso en la frontera entre Bielorrusia, por una parte, y Polonia, Lituania y Letonia por otro, más de una decena de personas han fallecido en lo que va de año en su tránsito migratorio.

Estos hechos están conectados por una misma realidad: la existencia de un sistema de fronteras que pisotea los derechos humanos, que pasa por encima de las personas y que no toma como prioridad la salvaguarda de la vida de las personas refugiadas y migrantes. Intereses económicos y tensiones y conflictos de carácter geopolítico sustentan un sistema de fronteras que no respeta la vida y en el que se llega a instrumentalizar a las personas migrantes como arma arrojadiza, depreciando sus derechos, su dignidad, su sufrimiento y su vida.

Vías legales y seguras

Varias organizaciones no gubernamentales de rescate han instado al Ministerio del Interior británico a adoptar un “enfoque más humano y responsable” hacia los solicitantes de asilo. Así, Amnistía Internacional señala que las personas tienen derecho a solicitar asilo en Reino Unido y que “realizan viajes peligrosos y dependen de los traficantes porque no hay alternativas seguras a su disposición”. “El gobierno debe proporcionar más rutas seguras, como planes de reunión familiar y visados humanitarios”, añaden desde la organización.

Por su parte, desde la ONG Accem, una organización sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional que trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, insisten “una vez más” en la necesidad de “habilitar y facilitar vías reales, legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes”.

Al tiempo, reclaman “un compromiso internacional firme, que comience por la Unión Europea y todos sus miembros, incluida España, para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que transitan las fronteras, así como el ejercicio de sus derechos en virtud de los acuerdos internacionales vigentes”.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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