Más de 30 organizaciones se han concentrado en la Plaza de la Provincia de Madrid para exigir soluciones urgentes contra la pobreza energética.

La movilización clausura los esfuerzos colectivos de toda una semana de acciones y eventos destinados a visibilizar la magnitud del problema y, sobre todo, plantear propuestas para atajar esta situación de extrema urgencia. La cifra de la vergüenza: más de ocho millones de personas sufren pobreza energética en España. “La pobreza energética mata” y #NadieSinEnergía son los lemas bajo los que se han desarrollado decenas de acciones durante la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética.

Las organizaciones recuerdan que esta es una lucha que no puede quedar aquí. Las administraciones competentes tienen que hacerse responsables e incorporar las medidas exigidas a la regulación competente. Invitan también a otras organizaciones a sumarse a esta iniciativa y hacer llegar las propuestas a toda la ciudadanía.

La crisis económica derivada de la pandemia agrava aún más la mala situación. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado datos de la ‘Estrategia nacional contra la pobreza energética’ y cifra entre el año 2019 al 2020 un aumento de la población que sufre condiciones de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno, que pasa del 7,6% al 10,9%; así también aumenta el retraso en el pago de facturas, que pasó del 6,6% al 9,6%.

A esto hay que añadir que a partir del 28 de febrero finaliza la medida excepcional del “escudo social” de prohibición de corte de suministro por impago para cualquier contrato de suministro eléctrico en vivienda habitual con potencia hasta 10 kW. Así, se restablecen los plazos de dos meses desde la notificación del primer requerimiento de pago para que la comercializadora pueda solicitar a la empresa distribuidora la suspensión del suministro de electricidad. En caso de consumidores vulnerables acogidos al bono social el plazo se amplía a un total de 10 meses, pero solo beneficia a 1.161.214 familias.

Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas. Para ello, las organizaciones exigen la implementación de una tarifa social energética que contribuya a la igualdad social, de la misma manera que el acceso al sistema sanitario, y la garantía de una cantidad mínima de agua para usos personales y domésticos. La implementación de esta tarifa daría respuesta a la ineficiencia que sigue demostrando la aplicación del bono social y del bono térmico, que continúa excluyendo a millones de personas que sufren pobreza energética.

Las organizaciones recuerdan que la Cañada Real lleva 500 días sin luz. No existe ninguna explicación coherente para esta negligencia. Hay personas a las que se está privando de suministros básicos para una vida digna. En lugar de acceder por derecho, dependen de las condiciones de una empresa privada, propietaria en “monopolio natural” de la red de distribución que les facilita el acceso.

La raíz del problema de la pobreza energética sigue siendo la misma:

  1. Un injustificado alto precio de la energía (precio que no responde a su realidad de costes, considerado como un producto de lujo cuando se trata de un servicio esencial y de un derecho instrumental a otros derechos fundamentales).
  2. La mala calidad de la edificación (ineficiencia energética del parque inmobiliario), barrera además insuperable en el caso de la población que vive en situación de pobreza energética, ya que suelen vivir en régimen de alquiler sin acceso a medidas de rehabilitación.
  3. Las bajas rentas de una gran parte de la población.

Por eso, un año más, las organizaciones reivindican:

  • Una tarifa social que garantice el derecho a los suministros básicos de energía de manera limpia y sostenible.
  • Prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas sin la implementación del principio de precaución, entendido como la obligación de las empresas suministradoras de consultar a los Servicios Sociales sobre la situación de las familias antes de efectuar cualquier corte de luz, agua o gas, cumpliendo con los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
  • Aplicación de medidas para la eficiencia energética y contra el despilfarro, priorizando a los hogares en situación de vulnerabilidad. La tarifa social debe ir acompañada de medidas que eviten que las viviendas sean un sumidero por el que se escapa la energía, dejando su efectividad sin efecto real. Por eso demandamos que se elabore un plan de acción para abordar un aislamiento adecuado y una calefacción sostenible con bombas de calor, que deben ser considerados como servicios básicos y obligatorios tanto para las viviendas en alquiler como en propiedad. Se trata de asegurar el derecho a vivir en hogares que proporcionen un adecuado confort térmico con la mínima demanda energética necesaria, asegurando que la calefacción y la refrigeración provengan de energías renovables, y con acceso asequible a electricidad y/u otra fuente de energía verde.
  • La separación horizontal total y efectiva entre las actividades liberalizadas (generación, comercialización y agregación) y las reguladas (distribución o transporte) de energía, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales (permitiendo un oligopolio energético) para evitar la concentración de poder sectorial.
  • La inversión pública y local en este proceso y el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas deben ser prioritarias, porque la energía comunitaria es una herramienta con gran poder para reducir la pobreza energética y otorgar soberanía energética a la sociedad.

La emergencia climática obliga a realizar la transición energética de manera rápida y urgente, pero esta se debe llevar a cabo de manera participada, equitativa, inclusiva y democrática, con criterios medioambientales y de justicia social, y con un nuevo marco de generación de energía renovable accesible para todos los hogares al mínimo precio posible.

Del gobierno depende que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar en el sistema energético. Es a quien corresponde crear y activar los marcos jurídicos y mecanismos económicos necesarios para asegurar que se pueda ejercer este derecho como lo indican las directivas de la UE. Y es a la propia ciudadanía a la que corresponde exigir a sus gobernantes que cumplan sus obligaciones de servicio público y básico para el interés común y la cobertura de las necesidades energéticas.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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