La reforma del código penal, que sustituye al delito de sedición por una versión agravada de desórdenes públicos y retoca el delito de malversación, entrará en vigor mañana. A partir de ese momento, los condenados por el Tribunal Supremo a raíz del referéndum del 1-O podrán pedir la revisión de la sentencia, aunque el propio órgano judicial está obligado a hacerlo de oficio.

Algunos medios, entre ellos El País, han publicado que las defensas pedirán la absolución de los represaliados, pero según la información que baraja el digital Vilaweb, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Joaquín Forn, Jordi Cuixart y Josep Rull no lo harán. De este modo, solo los presos de ERC solicitarían la revisión de penas.

En el caso concreto de Sánchez y Cuixart, argumentan que la vía para conseguir justicia y reparación, teniendo en cuenta las vulneraciones de derechos cometidas por el estado, no es presentando una solicitud al Supremo, sino perseverando en la denuncia que presentaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). «Defenderemos los derechos humanos y la amnistía de todos los represaliados», ha tuiteado Òmnium Cultural.

A primera hora de la mañana, a raíz de la información de El País, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, había calificado de incoherente que los represaliados de Junts pidieran la revisión de las condenas. «Me alegro de que aquellas personas afectadas por una represión que no debería haberse producido, afectadas, por tanto, por una injusticia, puedan ahora ser beneficiarias de una situación mejor y dejar sin efectos esta represión», ha declarado al Café de ideas de RTVE.

Tras la reforma del código penal, el juez Manuel Marchena está obligado a abrir un expediente de revisión de la sentencia del 1-O. Una vez lo haya hecho, deberá consultar a las acusaciones, en este caso la fiscalía y Vox, qué revisión proponen de acuerdo con los cambios legales. Posteriormente, consultará a las defensas de los afectados antes de decidir. El procedimiento, que parece sencillo, puede alargarse varios meses. Los condenados por el 1-O, pese a los indultos, todavía mantienen inhabilitaciones para cargo público que van de los nueve a los trece años de cárcel.

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