Menores expulsados de España por el gobierno. (Fundación Raíces)

España ha retornado a Marruecos a 45 de los menores no acompañados que ingresaron al país durante la entrada masiva de migrantes que se produjo el pasado mes de mayo y que hasta ahora permanecían en la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español en el norte de Marruecos. Están cruzando la frontera en autobús en grupos diarios de 15 niños y adolescentes.

La semana pasada se conoció por sorpresa la decisión del Ministerio del Interior de devolver a más de 800 menores a Marruecos que se encuentran en centros de acogida en Ceuta. Las devoluciones comenzaron el pasado viernes y desde entonces se ha producido un alud de reacciones de protestas desde organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones como el Defensor del Pueblo, que denuncian que esta práctica se está llevando a cabo sin garantías jurídicas.

Un juzgado ordena la suspensión de la repatriación de nueve menores

Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta ha ordenado este lunes la suspensión de la repatriación de nueve menores que aún no han sido devueltos a Marruecos después de que la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Fundación Raíces presentase una demanda de medidas cautelares pidiendo el freno de las repatriaciones.

Sin embargo, el domingo, otro juez de instrucción de Ceuta había rechazado la suspensión cautelar de la repatriación de otros menores, medida que había sido solicitada por las organizaciones humanitarias y por el Ministerio Fiscal alegando que no podía actuar porque las devoluciones ya se habían producido.

Además, la Fiscalía pidió este sábado información sobre la salida diaria de los menores que se está produciendo sin contar con el aval del Ministerio Público, según dispone la ley de extranjería española. En un escrito solicitó aclaraciones sobre las «medidas adoptadas para garantizar el respeto de los menores, con indicación de si se ha incoado un expediente individual relativo a cada menor, si este ha sido oído en el mismo, y se ha comunicado cada expediente al fiscal y cualquiera otra cuestión que considere oportuno comunicar».

El ministro del Interior defiende la medida

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, defiende que estas devoluciones cumplen la ley y respetan el interés de los menores. Además, se ha referido a un acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007.

Grande-Marlaska ha afirmado que todos los niños y adolescentes devueltos habían ingresado en el país en mayo y no tenían arraigo en España y que «querían volver a su país», según ha declarado esta mañana en una entrevista radiofónica.

Sin embargo, desde que comenzaran las repatriaciones el pasado viernes, numerosas organizaciones sin ánimo de lucro han expresado su rechazo. Después de que la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes solicitara judicialmente su suspensión, las organizaciones No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge han asegurado en un comunicado conjunto, publicado este domingo, que «se está procediendo a la repatriación sin garantías de varios menores que habían designado abogada, a quien no se ha contactado, vulnerando así su derecho a recibir asistencia letrada».

En su escrito enumeran las irregularidades que se están produciendo: «No se está garantizando el derecho a ser oído mediante la audiencia al menor, no se está garantizando la asistencia letrada, no se están teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada niño, ni si se dan las condiciones necesarias para su protección en su país de origen». Asimismo, también señalan que los menores no tienen posibilidad de oponerse a «unas repatriaciones forzosas» puesto que no se les está comunicando las resoluciones que se adoptan sobre ellos.

Críticas de la ONU y el Defensor del Pueblo

El relator especial de las Naciones Unidas para la Migración, Felipe González Morales, ha cuestionado la legalidad de esta medida: «Devoluciones sin haber completado procedimiento de determinación de interés superior del niño violan el Derecho internacional», ha escrito en su perfil de Twitter.

Por su parte, el Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, ha pedido el cese de estas repatriaciones y ha trasladado a organizaciones como Save the Children que ha iniciado actuaciones de oficio ante el Ministerio del Interior ante el conocimiento de que se estaban produciendo devoluciones «sin procedimiento» de menores desde Ceuta.

La misma postura ha mantenido el Consejo General de la Abogacía Española, que también ha exigido de inmediato el cese de las repatriaciones de menores «sin garantías jurídicas». En su comunicado sostiene que tiene «constancia de que Save the Children ya se había entrevistado con la inmensa mayoría de estos niños acogidos y se constató que muchos han llegado a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato».

El origen de la crisis

El origen de la situación actual se remonta al pasado mes de mayo, cuando una crisis diplomática con el trasfondo del conflicto del Sáhara Occidental desembocó en la entrada irregular de miles de ciudadanos marroquíes en el enclave español de Ceuta, situado en el norte de Marruecos.

La entrada se producía después de que España acogiese, para ser tratado sanitariamente, al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Marruecos, en respuesta, dejó desatendido su lado de la valla fronteriza y más de 8.000 personas cruzaron a nado la frontera, entre los que se encontraban cerca de 2.000 menores de edad.

El punto más complicado ha sido la atención a los menores migrantes que no se encontraban acompañados por adultos, alrededor de 800. Hasta la sorpresiva decisión del Ministerio del Interior habían permanecido en centros de acogida de la pequeña ciudad española.

Comparte:

Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.