26 septiembre, 2020

Crítica a la razón del presupuesto militar. Pese a la crisis de la COVID-19, prosigue el desatino armamentista

¿Armas o salud?

La llegada de la pandemia del Covid-19 ha impedido que el Gobierno presentara el presupuesto de este año 2020, y ha obligado a prorrogar el de 2019, que a su vez estaba prorrogado del de 2018, un presupuesto que había sido aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un presupuesto que provenía del austericidio al que fue sometida la población española por parte del Gobierno del Partido Popular.

En aquel presupuesto de 2018 los créditos del Ministerio de Defensa habían tenido un aumento de un 10,5% con respecto al año anterior de 2017. Un incremento que en dos aspectos clave eran ventajosos para el Ministerio de Defensa: en inversiones en armamentos y en I+D militar para nuevas armas. Ambos habían tenido unos aumentos muy elevados; las inversiones militares aumentaron un 25% alcanzando los 3.696 millones; y la I+D militar para el desarrollo de nuevas armas un 47% alcanzado los 678,7 millones. Entonces, para el Ministerio de Defensa, las prórrogas del presupuesto en 2019 y 2020 no han representado una pérdida para sus capacidades militares, pues partía de una situación muy favorable para abordar sus objetivos, en especial los destinados a la adquisición de nuevos armamentos.

gasto militar
Vehículo de combate VCR 8×8 Dragón con un precio de 5,9 millones de euros por unidad.

El presupuesto del Ministerio de Defensa de aquel año 2018 fue de 10.199 millones, que incluían el presupuesto del Ministerio, sus organismos militares autónomos y el CNI que ahora depende de Defensa, En este análisis, además, y tal como aconseja la OTAN a los países miembros, añadimos aquellos gastos que, aun siendo militares, no se incluyen en los créditos de Defensa: la seguridad social de las clases pasivas militares en servicio o en la reserva; la mutua militar; la Guardia Civil, cuerpo que se rige por la ordenanza militar; las aportaciones a organismos militares internacionales, como la OTAN; los créditos en I+D que se destinan a la producción de nuevos armamentos y que surgen desde el Ministerio de Industria; los intereses de la deuda pública correspondientes a Defensa, pues si se adquieren armas, instalaciones e infraestructuras la parte proporcional que corresponde a Defensa, también se deben añadir. Pero además, todos los años se produce una fuerte desviación entre el presupuesto inicial aprobado y el presupuesto liquidado al finalizar el ejercicio, que en 2018 fue de 1.014 millones y en 2019 aun siendo provisional asciende a 994 millones.

Entonces, sumando todas las partidas indicadas y considerando que a final de año se producirá también una desviación similar a la de años anteriores, la propuesta de gasto militar para el año 2020 alcanzará los 20.030 millones de euros. Es decir, casi el doble, un 96% superior al del Ministerio de Defensa.

Lo más significativo del gasto militar de este año 2020 es que el Gobierno del PSOE aprobó el 14/12/2018, siete nuevos Programas Especiales de Armas (PEA): cinco fragatas F-110 por un importe de 4.325 M€; 348 blindados 8×8 Dragón de un coste de 2.100 M€; actualización del avión de combate F 2000 con una aportación de 906 M€; 1.172 M€ para el submarino S-80, para subsanar los defectos de ingeniería que hacían que no flotara; 1.381 M€ para los helicópteros militares NH-90; 819 M€ para modernizar los helicópteros Chinook y 1.397 M€ para tres satélites de comunicación militar, como programas más importantes, hasta alcanzar los 13.356 millones que se deben fabricar entre 2019 y 2032.

Para el desarrollo tecnológico y las actividades en I+D+i en 2020 se asignan 678 millones repartidos en dos programas, el de Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas dotado con 211,5 millones; y el de Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con una asignación de 467,6 millones, que en su totalidad va destinado a las empresas militares como ayuda para desarrollar los PEA anteriormente indicados.

Para inversiones en adquisición de armas e infraestructuras en Defensa en 2020 se prevé una partida de 3.059 millones, de los cuales 1.873 son para hacer frente al pago de la anualidad de los PEA, quedando el resto 1.186 millones para la adquisición de armamentos de uso, como municiones, explosivos, torpedos, misiles, vehículos de transporte, sistemas de comunicación, además de inversiones en instalaciones e infraestructuras militares.

El otro enorme dispendio que cada año esconde el gasto militar real de España es el que corresponde a las misiones militares en el exterior. Se trata de un caso de ocultación deliberada de los gastos reales de las intervenciones militares pues cada año se habilita un crédito inicial muy inferior al real, en 2019 fue de 314 millones (en años anteriores fue de 14 millones) siendo el coste final de la liquidación de 1.176 millones.

Así, se puede concluir, que la ocultación del coste real de las misiones en el exterior que todos los años ronda los 1.000 millones obedece a una operación persistente y deliberada para que no se conozca el gasto real del presupuesto de Defensa.

La llegada de la pandemia del Covid-19 ha destapado las carencias de la sanidad pública, víctima, junto a los otros servicios que sostienen el Estado de bienestar en España, de los recortes a que fue sometido tras la llegada de la crisis de 2008. Ahora con la pandemia, aunque de signo muy diferente, aparece una nueva crisis que será también de enorme magnitud, y serán necesarios cuantiosos recursos públicos de ayudas para que la población pueda superar la pérdida de empleo y reactivar la economía productiva. Esto viene a cuento para denunciar el ingente gasto militar existente hoy en España expresado en este Informe.

Pues si ese ingente gasto militar de más de 20.000 millones anuales destinados (según los gobiernos) a proporcionar seguridad, se hubiera destinado al ámbito de la salud y de los servicios sociales a buen seguro hubieran proporcionado una mayor seguridad a la ciudadanía.

El presupuesto militar de 2019 y 2020

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 fueron rechazados en febrero de ese año en el Congreso de Diputados y obligaron al Gobierno provisional de Pedro Sánchez a funcionar con el presupuesto prorrogado de 2018, hecho que provocó la convocatoria de elecciones. Para poder formar gobierno fueron necesarias dos elecciones unas en abril, en las que no se alcanzaron pactos de Gobierno y unas segundas el 10 de noviembre, cuando el PSOE como vencedor alcanzó un acuerdo con Unidas Podemos para formar el primer Gobierno de coalición en España desde 1977.

Estos avatares llevaron a iniciar el año 2020 sin nuevas cuentas públicas y de nuevo se tuvo que funcionar con el presupuesto prorrogado de 2018. Y para cuando el Gobierno preparaba el presupuesto de 2020 llegó la pandemia del Covid-19 frustrando la posibilidad de tener un nuevo presupuesto, lo cual ha obligado a continuar por segundo año consecutivo con el mismo presupuesto que fue aprobado por el Gobierno del Partido Popular. Es decir, un presupuesto que impide llevar a cabo políticas sociales como se supone le correspondería a un Gobierno de izquierdas.

Este preámbulo quiere destacar que a pesar de que las cuentas se repiten durante tres años consecutivos: 2018, 2019 y 2020, no hay ningún cambio significativo en el presupuesto que comentar del análisis realizado en mayo 2018 y hoy vigente (se puede consultar en la web del Centre Delàs). Era aquel un presupuesto aprobado por el Partido Popular y el Ministerio de Defensa estuvo favorecido con unos créditos muy ventajosos, pues aquel año habían tenido un aumento de 10,5% con respecto al año anterior de 2017. Un incremento que en dos aspectos clave habían sido muy favorables: en inversiones militares que aumentaron 25% hasta alcanzar los 3.059 millones; y en I+D militar para desarrollar nuevas armas que recibió 679 millones, un aumento del 47% más que en 2017.

Entonces, para el Ministerio de Defensa, las prórrogas del presupuesto en los dos años siguientes de 2019 y 2020 no han representado una pérdida para sus capacidades, pues partía de una situación muy favorable para abordar sus objetivos, en especial los destinados a las adquisiciones de armamentos.

En el análisis que cada año llevamos a cabo del presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa, así como del resto de gastos militares repartidos por otros ministerios que, aunque siendo gastos militares no se incluyen en los créditos de Defensa, algo que aconseja la OTAN a los países miembros y del que España forma parte, como son:

  • Las clases pasivas de los militares en servicio, en la reserva o pensionistas, y las pensiones de guerra a los damnificados de la Guerra Civil española provocada por el golpe militar de 1936.
  • La mutua militar ISFAS que ampara a los militares y que se encuentra en un apartado de los PGE que se denomina Otros Ministerios.
  • La Guardia Civil, cuerpo paramilitar que se rige por la ordenanza militar y que depende del Ministerio del Interior.
  • Los créditos en I+D que se destinan al desarrollo de nuevos armamentos y que surgen desde el Ministerio de Industria.
  • Las aportaciones a organismos militares internacionales, como la OTAN o a acuerdos de desarme que están a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el Centre Delàs, además, añadimos los intereses de la deuda pública, pues si el Gobierno permite que el Estado se endeude en la adquisición de bienes de equipo, armamentos, instalaciones e infraestructuras militares, los intereses de la parte proporcional que corresponden a esa deuda es de recibo que se sumen al gasto militar.

Por último, también se debe contabilizar la desviación entre el presupuesto inicial aprobado y el presupuesto final liquidado al finalizar el ejercicio, y que todos los años se produce con una importante desviación que ronda los mil millones. Esta es la novedad que presenta el actual análisis de los presupuestos militares, pues si bien las cuantías de las partidas del gasto militar en 2019 y 2020 son las mismas que lo fueron en 2018, las liquidaciones de final de año no lo son. Así, en el año 2018 la liquidación de final de año arroja que se gastaron 1.014 millones de más sobre el inicial. Y, en el año 2019, con la liquidación aún provisional a fecha 30 de diciembre de 2019 facilitada por Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), se han gastado de más 994 millones. Entonces, añadiendo la diferencia entre presupuesto inicial y liquidado el gasto militar del año 2019 alcanzó la cifra de 19.823 millones, casi el doble, el 94% del presupuesto del Ministerio de Defensa. Lo cual se traduce en un gasto diario de 54 millones y en 422 euros anuales por habitante, y alcanzó el 1,59% del PIB español previsto para 2019.

Un PIB de España que en 2020, según pronostica el Banco de España, retrocederá entre un 9,5% y un 13%, suponiendo que se reduzca un 10% situaría el gasto militar en un 1,79% del PIB. Ese 1,79% de gasto militar con respecto al PIB acercaría España al acuerdo alcanzado en el seno de la OTAN en Yale de Reino Unido en 2014, cuando todos los países miembros acordaron gastar un mínimo del 2% del PIB nacional en defensa en el año 2024, a lo que se comprometió el gobierno del Partido Popular.

Una propuesta que no obedece a ningún análisis riguroso, pues el gasto militar de cualquier estado se supone que tiene relación con el modelo de defensa que define el gobierno en referencia con los peligros y amenazas de ese modelo, y no con lo que proponga un estado extranjero como es el caso de Estados Unidos. Sobre este punto, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que esa era una cifra inalcanzable, pues teniendo en cuenta sólo el gasto del Ministerio de Defensa supondría alcanzar los 25.000 millones, y según el criterio seguido en este análisis ascendería a la astronómica cifra de 35.000 M€ anuales.

Sin duda, puede haber otras partidas en otros ministerios que pueden ser de carácter militar, como por ejemplo cursos universitarios para militares sufragados por el Ministerio de Educación. Hay quien indica que se deberían cargar los resultados negativos de la empresa pública Navantia, astilleros militares en manos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y que todos los años tiene pérdidas.

Pero entonces, para ser ecuánimes, se deberían tener en cuenta los beneficios que todos los años tienen las empresas militares con participaciones propiedad de la SEPI, como Indra, Airbus, Hispasat, Hisdesat e Isdefe. También es cierto que algunas de estas empresas reciben subvenciones de Comunidades Autónomas, pero esto no concierne al presupuesto del Estado y nos complicaría el análisis. Tampoco sería correcto considerar las aportaciones que Asuntos Exteriores hace a Naciones Unidas, pues, aunque parte de estas pueden ir destinadas a las misiones de paz de los cascos azules, y algunas de ellas son merecedoras de críticas por su poca operatividad en salvaguardar la paz en los conflictos en que intervienen, no existe alternativa a la ONU, sino que se ha de perseverar en su reforma y democratización, y siempre será necesario un cuerpo con capacidad para intervenir en la prevención y mediación de conflictos. Para conocer la evolución del gasto militar español en los últimos diez años y ver cómo afectó la llegada de la crisis en 2008 al Ministerio de Defensa.

GASTO MILITAR

GASTO MILITAR

Las inversiones en nuevas armas

La anterior ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, para acercarse al ya comentado 2% del PIB de gasto militar propuesto por Donald Trump en el seno de la OTAN, aceptado por el gobierno del PP y de acuerdo con la cúpula militar, propuso invertir 10.805 millones en nuevos Programas Especiales de Armamentos (PEA). Una propuesta que surgía del supuesto de que se estaba saliendo de la crisis de 2008 y ya se podían iniciar grandes inversiones en nuevos programas de armamentos, y así anunció la puesta en marcha de siete nuevos PEA, para los próximos diez años. Estas nuevas armas, eran:

  • 348 vehículos de combate VCR 8×8 Dragón.
  • Una fragata F-110.
  • 4 drones Reaper.
  • Aviones de entrenamiento.
  • Aviones de reabastecimiento en el aire.
  • Satélites militares y modernización de sistemas de mando y control aéreo.
  • Adecuación de los helicópteros de combate NH-90.
  • Modernizar los helicópteros Chinook.

Pero los acontecimientos cambiaron el signo de la política y en junio de 2018 el Partido Popular fue condenado en los tribunales por corrupción. En una moción de censura presentada por la oposición en el Parlamento el PP fue apartado del Gobierno, siendo substituido por el PSOE. Y Margarita Robles, la nueva ministra de Defensa, tras llegar al ministerio, pronunció que esos programas de armas no podrían ser asumidos por su elevado coste.

Seguro que el lobby militar industrial jugo sus cartas e influencias pues poco tiempo después empezaron a aprobarse algunos de esos programas de armas. Así, en el Consejo de Ministros del 14/12/2018, se aprobaron tres nuevos programas de armas por un importe de 7.331 millones a fabricar entre 2019 y 2032:

  • Cinco fragatas F-110 por un importe de 4.325 M€ que fabricará Navantia.
  • 348 blindados 8×8 Dragón de un coste de 2.100 M€ que fabricará una UTE formada por Santa Bárbara Sistemas, Indra y Sapa.
  • Actualización del avión de combate F-2000 con una aportación de 906 M€ que realizará Airbus Defence and Space.

Es decir, en lugar de una fragata F-110 se aprobaron cinco fragatas, a los que se añadieron algunos de los mismos propuestos por el PP que requerían de suplementos para poder sacarlos adelante pues adolecían de graves deficiencias:

  • 1.772 M€ para los 4 submarinos S-80 que por defectos de ingeniería se hundían, pero no flotaban, que se construyen en El Ferrol por Navantia.
  • 1.451 M€ para suplementar la construcción del segundo lote de helicópteros militares NH-90 que lleva a cabo Airbus Helicopters en Albacete.
  • 819,23 M€ para modernizar 17 helicópteros Chinook de la estadounidense Boenig.
  • 1.397 M€ para tres satélites de comunicación militar en el que participan Hisdesat, Hispasat e Indra.

Siete programas que sin ser exactamente los mismos que propuso el gobierno del Partido Popular, suponían una inversión final de 11.374 M€, una suma superior a la que propuso Dolores de Cospedal. Y a las que se añadieron dos nuevas propuestas que en el transcurso del año 2019 se fueron formalizando:

  • 225 millones para 24 aviones de entrenamiento para los pilotos de la fuerza aérea.
  • 30 millones para suplementar los misiles de crucero Taurus KEPD-350.

Mención aparte merece otro programa militar en ciernes: el futuro avión de combate europeo FCAS (NGWS en sus siglas en inglés) que tiene que substituir al EF-2000 y el Rafale francés, con un horizonte de construcción hasta 2040 entre Francia, Alemania y España, subscrito entre los tres gobiernos, y al que España se comprometió a participar en un 33% en su fabricación. Tomará parte el gran consorcio europeo aeronáutico Airbus, los consorcios militares franceses Dassault, Thales, Safran; alemanes Hensoldt, Diehl Defence, ESG, Rhode Schwarz; y los españoles Indra, Tecnobit, Sener, ITP, GMV. Un proyecto que sólo en los prototipos alcanzará unos costes de 8.000 millones, aparte de su desarrollo y fabricación que dependerá del número de aparatos que cada país adquiera, pero que no bajará de los 40.000 millones. El Gobierno español aprobó aportar al proyecto 110 millones, 10 millones en 2019, 60 millones en 2020 y el resto en los próximos años.

Unos programas de armamentos que comprometían un gasto de 13.356 millones para los próximos doce años, con compromisos de pago que se alargaban hasta el año 2032. Para hacer frente a los pagos de estos PEA en 2019 se destinaron 2.164 M€6 y en 2020 1.873 M€, quedando el resto hasta los 3.059 millones para la adquisición de armamentos de uso, como municiones, explosivos, torpedos, misiles, vehículos de transporte, sistemas de comunicación, además de inversiones en instalaciones e infraestructuras militares.

GASTO MILITARUnas inversiones totales de 3.059 M€ que representan un 23,8%, casi la cuarta parte del total de inversiones del Estado central, sin contar las inversiones que llevan a cabo las comunidades autónomas y ayuntamientos, tabla donde se puede ver la evolución de las inversiones militares desde el año 2002. Si se excluye el Ministerio de Fomento, Defensa es el ministerio con el mayor volumen de inversiones del Estado, aunque como ya se ha indicado la mayor parte destinada al pago de los PEA.

Respecto a la I+D militar, la mayor parte de la consignación de que dispone este apartado es para continuar invirtiendo y financiando los nuevos PEA mencionados, pues como siempre hay programas especiales de armas en marcha el flujo de recursos en I+D no cesa hacia las empresas militares. Este año 2020 la cuantía total es la misma de los dos años anteriores 467,6 millones en dos programas, el 464B de Apoyo la Innovación tecnológica de defensa del Ministerio de Industria, son los créditos a cero intereses para el desarrollo de los PEA y que deben retornarse cuando se entreguen las armas.

El otro programa de I+D es el 464A de investigación y estudios de las FFAA, este sí del Ministerio de Defensa por un importe de 211,1 millones que se reparten, 22,48 para estudios del Órgano Central de Defensa, y 188,62 millones destinados a llevar a cabo investigaciones en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Que sumados a la I+D militar de ayudas a las empresas militares se convierten en 678,7 millones. Una cuantía que como ya se ha indicado en 2018 había representado un colosal aumento del 47% respecto del año 2017 y que ha permitido al Ministerio de Defensa aventurarse en los nuevos programas de armamentos.

Crítica a la razón de los PEA

Esos nuevos sistemas de armas que vienen a engrosar los PEA ya existentes, algunos de ellos en construcción que han necesitado modernizarse, añadir complementos tecnológicos o subsanar defectos de construcción, como el helicóptero NH-90, el cazabombardero EF-2000, el helicóptero Chinook, el submarino S-80 y que han representado y siguen representado una cifra enorme para el erario, 46.163 M€ desde 1995, año en que se iniciaron.

De los cuales aún se adeuda a las empresas 21.400 millones ya indicados en la Tabla 3. Cifra a la que se debe añadir los créditos concedidos como I+D a las empresas desde el Ministerio de Industria y que desde que se iniciaron en 1992 han acumulado ayudas por un importe de 20.611 millones, de lo cuales según indicó el anterior Secretario de Defensa, Pedro Argüelles se adeudan 15.000 millones al Tesoro Público y que debe devolver el Ministerio de Defensa, pues cuando las empresas entregan las armas les son descontados y es Defensa quién debe retornar los créditos. Cuantía que sumada a los 21.400 M€ que se adeuda a las empresas representa una deuda final de 36.400 millones.

Considerando ese enorme endeudamiento, la puesta en marcha de los nuevos programas de armas anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez con un coste de 13.356 millones, es un despropósito, sobre todo considerando la enorme crisis que acarreará la pandemia del Covid-19 que acrecentará el endeudamiento y el déficit público de forma inevitable. Los argumentos aducidos por el ejecutivo para este enorme dispendio siempre son los mismos, que representa una gran aportación para el sostenimiento y la creación de empleo; que, además, supone grandes avances tecnológicos que en su traspaso a la industria civil aseguran una mayor competitividad para la economía española en los mercados globales. Falacias difíciles de creer, pues si uno se lee los balances de las industrias militares españolas o conoce los análisis que se hacen del mercado mundial de armas que realizan algunos centros especializados (SIPRI o BICC), los resultados demuestran precisamente lo contrario.

Por ejemplo, en el caso de los astilleros Navantia, una de las empresas más beneficiadas de estos nuevos contratos, en el año 2017 tuvo unas pérdidas de 297 millones y aunque en 2018 tuviera unos beneficios de 220.000 euros en los últimos diez años se han perdido 1.023 millones. Pero como Navantia es una empresa pública, sus pérdidas son asumidas por el Estado.

Imaginarse puede qué se podría hacer con más de 1.000 millones para reconvertir esos astilleros hacia la producción civil y rehacer el tejido industrial y de servicios en las bahías de Cádiz y El Ferrol para paliar la conversión de Navantia. El resto de las industrias, Airbus e Indra, que sí arrojan beneficios, tienen una particularidad: la SEPI es accionista, y, por tanto, estas empresas reciben un trato de favor y privilegios que las convierte en parasitarias del Ministerio de Defensa, de quien reciben los pedidos, pues sin ellos, y tuvieran que depender del mercado global de armas, sus divisiones militares ya hubieran cerrado y solo subsistirían las de producción civil. Una conversión de producción militar a civil que la pandemia del Covid-19 ha demostrado que es posible, pues ante la necesidad urgente de conseguir respiradores para los hospitales, Navantia se puso a producirlos. Algo que también han hecho otras industrias militares como Tecnobit y Escribano.

En cuanto a los mercados globales de armas, ocurre algo similar. Las grandes empresas militares de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania tienen beneficios, pero, como en el caso de las españolas, ello es gracias a los grandes contratos que les facilitan los estados de sus propios países, de los que son muy dependientes y por tanto también parasitarias de los mismos.

Además, hay estudios rigurosos de economistas de prestigio (Leontief, Melmann) que son bien elocuentes, pues han demostrado que esos recursos destinados a producir armas invertidos en fabricar bienes civiles, debido a los costes de oportunidad, producirían más beneficios en la sociedad, pues generarían más empleo y competitividad a esos productos. Y por otro lado reducirían la deuda pública del estado, pues la inmensa mayoría de las armas (un 97 o 98%) las adquieren los estados, y sólo un 2 o 3% (armas cortas y ligeras) salen al mercado y sólo en algunos países.

Respecto a las exportaciones de armas cortas y ligeras, sólo un 2,5% de la producción total van a la exportación con un valor aproximado de 10 millones de $. Entonces, menos palabrería hueca de los defensores del establishment corporativo de las armas y más destinar recursos a crear riqueza produciendo bienes de consumo en la economía real. Pues, si como algunos pregonan, son defensores de un estado social, redistributivo, que genera desarrollo, crea empleo, bienestar y además buscan trabajar por la paz mundial, que no se conviertan en portavoces del complejo militar-industrial, causantes del militarismo, carreras de armamentos y de alimentar guerras.

La otra crítica que se debe hacer en España a las inversiones en nuevos armamentos es el argumento clásico de recurrir a la función principal que tienen fuerzas armadas y armamentos, disuadir a hipotéticos enemigos de atacar el territorio español. Cuando esa hipótesis está lejos de la realidad geopolítica de España y de la Europa occidental. PEAs que, en su mayoría, tampoco son utilizados en las misiones en el exterior en las que el Gobierno español se ha implicado, pues casi ninguna de esas armas ha traspasado nunca las fronteras españolas y se mantienen en depósitos, dársenas y hangares, con grandes costes de mantenimiento, esperando termine su vida útil para ser reemplazados por otros de mayor coste y así proseguir una carrera armamentista hacia ninguna parte. Carrera que beneficia tan solo a las industrias militares españolas, también europeas y de Estados Unidos donde se adquieren buena parte de las armas españolas. Cuando, por otro lado, para la población las verdaderas amenazas no provienen de posibles ataques del exterior, sino de la falta de empleo, vivienda, pensiones dignas, renta mínima garantizada, coberturas sociales para la dependencia… Esa es la seguridad que desea y espera la población le proporcione el Estado.

Distribución económica del presupuesto del Ministerio de Defensa

Si se observa la distribución económica del presupuesto del Ministerio de Defensa, los créditos destinados al personal militar, absorben la mayor parte del presupuesto, el destinado al pago de los salarios de los 120.000 militares en servicio, un 50% del total del presupuesto que asciende a 4.900 millones. De los cuales, 505 millones están destinados al pago de los militares que están en la reserva. Un privilegio otorgado a los militares y del que están exentos el resto de los funcionarios públicos, lo cual les permite continuar su vida laboral en otros ámbitos y tener un substancioso segundo emolumento.

En cuanto a importancia de recursos, en segundo lugar, figura como era de suponer el Capítulo 6 de inversiones con un crédito de 3.059 millones que representa el 31% del total del presupuesto destinados, como ya se ha indicado, a hacer frente a los compromisos adquiridos para el pago de los grandes programas de armas (PEA). Quedando en tercer lugar, el Capítulo 2 con 1.458 millones, un 15%, destinado al mantenimiento de los servicios de las fuerzas armadas. Sin duda, el capítulo peor parado y que deja a las FAS con escasos recursos para su operatividad, algo que algunos altos mandos han denunciado les resta capacidad y eficacia, dada la escasez de suministros para poder llevar a cabo ejercicios de maniobras, entrenamientos, horas de vuelo, suministros, mantenimiento de los armamentos, instalaciones y servicios varios.

Por último, resta el Capítulo 4 que, con un crédito de 401 millones, un 4% del total, que destina el Ministerio a transferencias de capital. Ayudas y subvenciones que se otorgan a entidades y organizaciones militares y civiles que son de interés del Ministerio de Defensa.

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Las misiones militares en el exterior

En este análisis del gasto militar español queremos dedicar un espacio a las misiones militares en el exterior y los enormes costes que estas representan. Las intervenciones en el exterior han aumentado considerablemente en los últimos años en número y costes. En los dos últimos años, 2018 y 2019, ha habido veintiuna misiones y se han desplazado 2.512 militares con un coste total de 1.100 millones en 2018 y 1.176 millones en 2019. No se va a realizar un análisis de todas ellas, pues ello requeriría de un Informe exclusivo para ello y mucho más extenso. En este se pone de relieve el porqué de la escasa transparencia u ocultación de los costes que representan; se hacen consideraciones críticas sobre las que se llevan a cabo en el Mediterráneo bajo el supuesto de que combaten el crimen organizado y el terrorismo internacional; y se agrupan con el organismo que se llevan a cabo.

Las primeras intervenciones militares españolas en el exterior tuvieron lugar en 1990, durante el primer gobierno PSOE, cuando, tras la Guerra del Golfo, una brigada se desplazó en una misión de la ONU de apoyo a la población kurda en Irak, después de haber sido esta atacada por las fuerzas del gobierno de Saddam Hussein. Para hacer frente a los costes de esta primera misión, y al no existir ninguna partida habilitada en el presupuesto del Ministerio de Defensa, se llevó a cabo una transferencia de crédito desde los fondos de contingencia habilitados en un apartado de los PGE denominado Otros Ministerios. Espacio donde existe un programa con el título “Imprevistos y funciones clasificadas”, un cajón de sastre donde se habilitan fondos reservados para llevar a cabo gastos no previstos en los diferentes ministerios. Gasto que en todos los casos debe tener la aprobación del Consejo de Ministros.

Si se observa donde se detallan las intervenciones militares en el exterior desde 1991 hasta 2018, se observa, que es a partir de 1992 con la intervención en las guerras internas de Yugoslavia, cuando los costes de las misiones empiezan a aumentar de manera considerable y a partir de 1994 superan los 100 millones de euros anuales. Pero pese al creciente aumento del coste de las intervenciones y que éstas ya no representaban ningún “imprevisto”, pues ya llevaban varios años produciéndose y además obedecían al compromiso adquirido por el Gobierno español con Naciones Unidas, los costes de la misión en Croacia y Bosnia Herzegovina continuaron creciendo, y a pesar de ello, continuaban sin crédito. Fue a partir del año 2000 que se consignó una primera partida de 60,1 millones, pese a que a final de año la misión en la ex Yugoslavia tuvo un coste de 239,6 M€. Misiones a las que se sumaron posteriormente las intervenciones en la guerra de Irak en 2001 y Afganistán en 2002. Ambas con unos costes cada vez superiores debido a una mayor implicación militar. Pero pese a ello, los créditos consignados, en lugar de aumentar, disminuyeron hasta reducirse en 2009 a 14,36 M€, cuando ese año los costes de todas ellas alcanzaron los 713 M€.

Sobre el coste de las operaciones es adecuado hablar de opacidad y falta de transparencia, pues no es fácil acceder a la información para conocer los costes de cada una de las misiones, pues el Ministerio de Defensa no ofrece ninguna información al respecto y los presupuestos de Defensa tampoco. Solo cuando el ministro o el secretario de Defensa se personan en el Congreso de Diputados para informar es posible conocer con más detalle el número de militares, el material empleado y los gastos de cada una de las misiones.

De por qué el Ministerio de Hacienda ha permitido que Defensa no haya dispuesto de consignaciones adecuadas para hacer frente a los costes de las operaciones en el exterior, no hay otra explicación de que se trata de una ocultación deliberada de los gastos reales de las misiones militares, pues de esta manera, el Gobierno de turno, puede minusvalorar el presupuesto del Ministerio de Defensa, cuando, como ocurre en la actualidad, se sabe que los costes sobrepasan los 1.000 millones. En 2018, el engaño no fue tan espectacular, pues se habilitó un crédito inicial de 314,36 millones siendo el coste final de 1.100;11 y en 2019, al tratarse de un presupuesto prorrogado también el crédito inicial fue de 314,36 millones y la liquidación de 1.176 millones.

Así, se puede concluir, que la ocultación del coste real de las misiones en el exterior obedece a una operación persistente y deliberada para que no se conozca el gasto real del presupuesto de Defensa. Pues las misiones vigentes están programadas y sus costes, aunque no exactos, se conocen aproximados, y por tanto se podría habilitar un crédito ampliable en Defensa.

Si esto no se lleva a cabo es debido a que incrementar en 1.000 millones el gasto en Defensa podría recibir el rechazo de los partidos políticos de la oposición que defienden el gasto social como motor de desarrollo, y no comparten la visión de que el gasto militar contribuye al bienestar ni a la seguridad de la ciudadanía.

Por último, de todas estas intervenciones militares, se puede especular que si el Estado español ha querido estar presente en algunos conflictos y guerras es para utilizar las misiones como un elemento de política exterior, y así hacer evidente que España es un agente relevante en la política mundial. Y no como se pretende denominarlas como “misiones de paz” o de “ayuda humanitaria” títulos eufemísticos que esconden el real objetivo: estar presentes en las guerras que más impacto han tenido en la geopolítica mundial. Así, se ha intervenido en las guerras de la ex Yugoslavia (Bosnia Herzegovina, Croacia y Kosovo), Afganistán, Irak, Líbano y Libia. Y en estos dos últimos años, 2018 y 2019, obsérvese que las misiones más abundantes y costosas son las que están bajo mando de la OTAN que alcanzan el número de nueve, en las que se actúa al lado de la primera potencia mundial, Estados Unidos, que se otorga el papel de pacificador mundial. Otras siete son misiones junto a los socios de la Unión Europea; tres responden a acuerdos bilaterales de diversa índole de España con diversos países africanos; y sólo dos son de Naciones Unidas (Líbano y Colombia).

Ampliaciones de crédito

Las ampliaciones de crédito que afectaron al presupuesto del Ministerio de Defensa en 2018 tuvieron un importe de 914,19 millones,13 fueron en su mayor parte, 786 millones, para hacer frente al pago de las misiones militares en el exterior, que surgen como se ha indicado de los Fondos de Contingencia. Otra aportación importante, 188 millones, proviene de la enajenación de patrimonio, viviendas, cuarteles y terrenos del Ministerio de Defensa que Hacienda permite se incorporen al presupuesto de Defensa. Esta es una cuestión que debería ser revisada pues permite que suelo público pase a manos privadas. Un tercero, de menor cuantía, son los créditos extraordinarios que, sin especificar su procedencia en 2018 fueron de 29 millones. Por último, hay que destacar que este año los Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa no han comprometido ni realizado todos sus compromisos de gasto en su totalidad quedando un remanente de 89 millones que restan del total.

Las misiones militares en el Mediterráneo

En los dos últimos años, han aparecido tres operaciones militares en el mar Mediterráneo. Éstas, han sido:

  1. Operación Sophia de la UE, compuesta por 259 militares, la fragata Reina Sofía y un avión de patrulla marítima que tiene como función la vigilancia por el Mediterráneo central para combatir las redes del crimen organizado de contrabando y tráfico de seres humanos, y a la vez rescatar a los migrantes que tratan de cruzar este mar. Y como objetivo secundario, ayudar a implementar el embargo de armas a Libia, así como llevar a cabo el adiestramiento de la guardia costera en ese país. A la vez que tienen encomendada la relación entre yihadismo y la migración procedente del África subsahariana. Esta operación tiene un coste acumulado de 147,10 millones de euros.
  2. Operación Sea Guardian de la OTAN, en aguas internacionales del Mediterráneo y vigilancia del estrecho de Gibraltar, compuesta por una fuerza marítima con 401 militares enfocada a mitigar amenazas, en especial para disuadir y luchar contra el terrorismo. Participan unidades navales: fragatas, submarinos y patrulleros de altura con equipo de operaciones especiales, y aviones de patrulla marítima con apoyo logístico desde Rota y Cartagena. No se especifica el número de efectivos. El coste de los dos años de la misión ha sido de 51,10 millones.
  3. Fuerzas Armadas Permanentes de la OTAN en el Mediterráneo y el Atlántico Norte, compuesto por unas Fuerzas de Respuesta Rápida terrestre y otras marítimas. La operación del Mediterráneo tiene la misión de operar en el mar Negro, en el corredor sur (del Estrecho de Ormuz al Canal de Suez, incluyendo las costas de Somalia). La misión está formada por una fragata F-110, un buque contraminas y otro de apoyo logístico, con un coste en dos años, 2017 y 2018 de 366,50 millones.

gasto militar

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Lo primero y significativo de estas misiones, es que, de las tres, dos de ellas (Sea Guardian y Fuerzas Armadas Permanentes) están bajo mando de la OTAN. Esto se debe destacar porque las dos misiones de la OTAN no son misiones de paz ni de ayuda humanitaria como son justificadas cuando se refieren a ellas los responsables del Ministerio de Defensa o del Gobierno español. Sino todo lo contrario, son misiones de carácter bélico, pues tienen como objetivo: Sea Guardian, combatir el terrorismo; y Fuerzas Armadas Permanentes, patrullar por el Mediterráneo hasta el estrecho de Ormuz para impartir seguridad militar a los buques de mercancías de los países aliados de la OTAN o de Estados Unidos incluidos países del Norte de África y de Oriente Medio. Misión que, también, tiene un componente de lucha contra el terrorismo, pues éste es, según documentos de la OTAN, la principal amenaza que se cierne sobre el mundo occidental.

La otra misión, la operación Sophia, está bajo control de la Unión Europea, y tiene un cometido más ambiguo, pues combina la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, incluido el combatir a las redes que trafican con seres humanos que intentan trasladarlos a Europa. Cometidos que hacen compatibles con el de ayudar y rescatar a los migrantes que intentan llegar a suelo europeo. Esto último, según el Derecho Internacional del Mar, es una obligación para cualquier buque que debe prestar socorro a toda embarcación que necesite ayuda. Entonces, ¿por qué combinar ayuda humanitaria en socorrer a migrantes con combatir el crimen organizado y el terrorismo? ¿No será qué en la complementación está el impedir la llegada de migrantes a Europa?

Esta consideración viene al caso porque entre los estados miembros de la UE ha prosperado el argumento de que existe el riesgo de que yihadistas se camuflen entre los migrantes con la intención de cometer atentados en Europa. Argumento utilizado para justificar las políticas restrictivas e impedir la llegada de migrantes a Europa. Es en ese sentido que deben interpretarse estas misiones militares en el Mediterráneo: el control y vigilancia de las fronteras de los países miembros de la UE, en especial el flanco sur mediterráneo. Y en ese sentido, impedir la llegada de migrantes con la proliferación de muros y vallas en muchas de las fronteras europeas en el este y sur de Europa al que se añade las misiones de patrullaje marítimo.

Este aumento de vigilancia y control de fronteras tiene mucho que ver con la mayor amenaza que hoy se cierne sobre la humanidad, la derivada de las emisiones de carbono a la atmósfera que conducen al cambio climático que comporta catástrofes naturales, sequías, falta de agua, aumento del nivel del mar, que derivan inevitablemente en conflictos internos en muchos países, y a su vez, en masivas migraciones hacia los países enriquecidos. Migraciones que figuran en la Estrategia de Seguridad de España y de la UE, y que tienen como respuesta fortalecer sus fronteras con mayor presencia de fuerzas policiales y militares. Ahí está la proliferación de policías fronterizas y especialmente las fuerzas armadas militares patrullando por tierra, mar y aire.

Una militarización de fronteras que es la respuesta de los países enriquecidos frente a las causas que su modelo productivo provoca sobre los países empobrecidos. Es lo que se ha venido en denominar como ecofascismo, una tendencia que aumenta en Europa con la proliferación de partidos políticos populistas de nacionalismo extremo presentes en muchos estados y que gobiernan en Austria, Polonia y Hungría. Gobiernos que practican políticas autoritarias que recortan libertades e intolerantes con aquellos que pretenden alcanzar algunas de las migajas de bienestar del que gozan los países enriquecidos. Un ecofascismo que necesita de un militarismo cada vez más beligerante para mantener los privilegios de las élites que hoy gobiernan Europa y el mundo.

Conclusiones

La llegada de la pandemia del Covid-19 ha destapado las carencias de la sanidad pública, víctima, junto a los otros servicios que sostienen el Estado de bienestar en España, de los recortes a que fue sometido tras la llegada de la crisis de 2008. Ahora, la crisis que acompañará a la pandemia del coronavirus será, aunque diferente, de una magnitud similar y necesitará de cuantiosos recursos públicos para ayudar a establecer una renta mínima vital para quienes no tengan ingresos, además de inyectar más recursos en sanidad, educación, empleo, vivienda… Esto viene a cuento para denunciar el ingente gasto militar existente hoy en España expresado en este Informe.

Pues sabido es, que ese gasto, aunque se justifique como un gasto estructural y necesario, no lo es, pues esos más de 20.000 millones de euros anuales, en salarios, armamentos y mantenimiento de infraestructuras y servicios, destinados a la economía productiva generarían mucho más bienestar a la población. Primero, porque buena parte de ese personal humano de 120.000 militares sería más productiva trabajando en la función pública, en la industria o prestando servicios antes que destinados a disuadir de posibles ataques o amenazas del exterior, cuando estas no son plausibles, como así reconoce la misma Directiva de Defensa Nacional.15 Segundo, porque las aportaciones en I+D al sector militar industrial y a la producción de armamentos, aumentarían la capacidad de competitividad de los sectores industriales o de servicios civiles.

Esta es una ocasión para revertir esa insensata política militarista que no beneficia ni da seguridad a la población española. ¿No es demagógico preguntarse si da más seguridad un submarino qué un hospital? Tampoco, ¿si proteger el empleo, la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, las pensiones o crear vivienda social proporciona más seguridad que mantener unas fuerzas armadas desorbitadas en número y armamentos? Estas son las preguntas que nos debemos hacer.

*Puedes descargarte el informe original en este enlace.

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