Condenas de entre 9 y 13 años para los líderes del “procés” por sedición

Todos los cruceros en una web

El Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición en el “procés”, en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad, que no irán a prisión.

La Sala descarta la tesis de la Fiscalía que apoyaba la rebelión y sí aprecia la sedición que defendió la Abogacía del Estado aunque impone penas ligeramente superiores con la condena más alta a Junqueras por sedición en concurso medial con malversación, agravado por su cuantía, seguido de los 12 años para los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por los mismos delitos.

Bastó el BOE para abortar la “conjura”

El Tribunal Supremo ha determinado que los líderes del procés no cometieron delito de rebelión porque, a pesar de que hubo “indiscutibles episodios de violencia”, esa violencia no fue suficiente para la secesión: la conjura” -afirma el tribunal- fue “abortada con la mera exhibición” de unas páginas del BOE.

Los siete magistrados han acordado unanimidad condenar por sedición en concurso medial con malversación a los líderes del “procés”, pues entienden que los autores sabían que nunca iban a conseguir la creación de un espacio soberano. El Estado mantuvo en todo el momento el control y convirtió la independencia “en una mera quimera”.

El Supremo desmonta el procés

El Supremo ha desmontado el procés y el relato de sus actores, revelados como la punta de lanza de una “quimera”, que engañaron a una población ilusionada y a ellos mismos en su camino a una independencia inviable, cuando en realidad buscaban tensar la cuerda con el Estado. Hasta que esta se rompió.

El plan es que no había plan. Porque no hubo independencia ni podía haberla, no existía el derecho a decidir sino a presionar, no había marco jurídico tangible para ejecutar una secesión ni referéndum capaz de ser homologado que la legitime, como tampoco margen alguno para la ruptura porque enfrente estaba toda la maquinaria del Estado. La sentencia es la deconstrucción del procés.

Una maniobra de marketing independentista “estimulada y alentada con entusiasmo” por los acusados, que desplegaron “un innegable poder convictivo y movilizador” y una retórica sin precedentes para alcanzar lo inalcanzable. “Y lo sabían” dice el tribunal, que les condena a entre 9 y 13 años de prisión, aproximadamente la mitad del horizonte penal que encaraban al inicio del histórico juicio.

La sentencia arremete con dureza contra los condenados por alentar desde su responsabilidad pública y asociativa a lo imposible engañando, ocultando y utilizando a la población afín a sus ideas para hacerles creer que con su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República de Cataluña, pero lo cierto es que tampoco deja en buen lugar a esos ciudadanos “ilusionados”.

Porque muchos confiaron “ingenuamente” en su liderazgo y en su capacidad para conducirles a un nuevo Estado que solo existía en el imaginario de su promotores, incapaces de dar el paso que ellos mismos habían proclamado y que esa parte de la ciudadanía, a la que tan “insistentemente” habían convocado, les exigía ejecutar.

No hay mejor ejemplo que la DUI de 10 segundos de aquel 10 de octubre cuando Puigdemont dejó en suspenso la independencia, una fotografía de lo que es el procés, “la ausencia de una verdadera voluntad” de dar eficacia a lo prometido, a lo acordado por ellos.

De ese relato onírico dan cuenta los magistrados cuando entierran el delito de rebelión ya que la violencia se contempla cuando el fin último e irrenunciable es lograr la secesión, no crear un clima o un escenario en que se haga más viable una negociación y conseguir así “doblegar políticamente la voluntad del Gobierno de España” o como el denostado Vila lo llamó en el juicio: tensar la cuerda.

Y es que, pese a plantearse como una estrategia sin frenos, el “procés” sí recogía una línea roja, “ocultada a la ciudadanía, de que en ningún caso se accedería a la pretendida secesión territorial sin el asentimiento del Gobierno legítimo de (toda) España”. Más allá del precipicio, estaba el vacío del día después y sobre todo “el Estado, que mantuvo en todo momento el control de la fuerza”.

Las expectativas de un sector de la ciudadanía no parecían discurrir en paralelo con las de sus líderes porque “la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado” que publicaban la aplicación del 155.

Pero el engaño último fue concebido en origen por los condenados, que fueron las primeras víctimas de sí mismos, conscientes de que su propósito independentista era “una mera quimera” y engañados por la ciencia ficción del soberanismo que ellos habían elevado a los altares a partir de dos axiomas inexistentes a ojos del tribunal: el derecho a decidir y votar no es delito.

Y es que cuando desde el soberanismo se presumía de ejercer los más altos parámetros democráticos, lo cierto es que se estaba pervirtiendo el término porque “no existe un derecho a decidir ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad” española “ni está avalado este derecho por ninguna constitución europea ni por ningún tratado internacional”.

“La protección de la unidad territorial de España no es una extravagancia”, lo que es “antidemocrático” para los siete magistrados es la secesión unilateral o tratar de vender como un tsunami democrático el 1-O, cuando en realidad se trató de “un levantamiento tumultuario” alentado por los condenados para intentar convertir en “papel mojado” decisiones judiciales.

Lo que ocurre es que por el camino se fue, además, malversando dinero público, se produjo una “deliberada ocultación” de los gastos que efectuaron o comprometieron para el 1-O, si bien se mantiene la incógnita del cuánto, ya que el Supremo solo sostiene que supera “ampliamente” los 250.000 euros. Un trabajo que deberá despejar el Tribunal de Cuentas.

Y sí, aquel día hubo “indiscutibles episodios de violencia”, pero esta no se tradujo en una amenaza real de independencia, es decir, la violencia no se concibió jamás como una herramienta estructural para la ruptura, precisamente porque no había nada que quisieran y pudieran romper, tan solo una “ensoñación” o “artificio engañoso”.

Para el Tribunal Supremo se terminó la apología al procés.

El abogado de Junqueras: “Vamos a recurrir en todas las instancias”

Andreu van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras, ha señalado este lunes tras conocerse la condena de su cliente a 13 años de cárcel que recurrirá “en todas las instancias” la sentencia del “procés”, de la que ha dicho que pone “límites al ejercicio del derecho a la protesta en un Estado democrático”.

“Y lo ha hecho de una forma que seguramente es genuina del Estado español, porque es el único Estado del entorno europeo democrático que prevé reacciones de la gravedad del delito de sedición que no tienen comparación en ningún otro Estado de nuestro entorno”, ha declarado a la prensa.

Torrent y expresidentes de Parlament: No renunciamos a decidir nuestro futuro

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la cámara Joan Rigol, Ernest Benach y Núria De Gispert, han dicho que Cataluña vive “uno de los momentos más oscuros” desde el final del franquismo, y han avisado: “No renunciaremos a decidir nuestro futuro”.

Torrent y los citados tres expresidentes del Parlament han pronunciado una declaración institucional en el despacho de audiencias de la cámara legislativa; otra expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, se cuenta entre los condenados por el Supremo, en su caso a una pena de cárcel de 11 años y seis meses por sedición.

Llarena dicta una nueva orden de detención y entrega contra Puigdemont

El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del “procés” por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.