«Es una ley para garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y puedan desarrollar sus proyectos de vida con total garantía de sus derechos». Así ha definido la ministra de Igualdad, Irene Montero, la nueva ley del aborto. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto, cuya principal novedad, además de devolver la capacidad a las menores de 16 y 17 años de interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus progenitores, avanza en el derecho a la salud menstrual de las mujeres y en la educación sexual para prevenir las violencias machistas.

«Este gobierno de coalición pone al Estado cerca de las familias, de las mujeres, ayudando a resolver problemas», ha añadido Montero, que ha dado las gracias a los ministerios implicados, al presidente Pedro Sánchez y al movimiento feminista. Además, ha realizado una mención especial a la primera ministra de Igualdad de España, Bibiana Aído: «Reconocemos la valentía e inteligencia de Bibiana Aído y el presidente Zapatero. Podemos hacer esta ampliación de derechos gracias a los pilares sólidos que se construyeron en 2010″. Estas son las claves fundamentales:

Sin el permiso de los progenitores

El nuevo texto permitirá a las chicas de 16 y 17 años interrumpir su embarazo sin permiso de sus padres. Este fue el artículo de la ley de plazos aprobada en 2010 por el ejecutivo de Zapatero que el gobierno de Rajoy suprimió. La ley de Zapatero continúa recurrida por el PP en el Constitucional, que tiene previsto resolver en breve. El anteproyecto elimina los tres días de reflexión –»el Estado no duda de la decisión que adopten las mujeres», ha dicho Montero– y la obligación de dar información sobre los recursos y ayudas en caso de continuar el embarazo.

Abortos en la sanidad pública

La nueva norma también pretende cambiar el modelo predominante hasta ahora, al querer garantizar que el aborto se realice en un centro sanitario público y, excepcionalmente, en una clínica privada acreditada. Además, para evitar que las mujeres se vean afectadas por la objeción de conciencia individual, el texto propone la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales y la creación de un registro de objetores en cada comunidad autónoma.

Una de las principales críticas a este punto procede de las clínicas privadas, que consideran que los centros públicos no están preparados para ello y obstaculizaría que las mujeres puedan elegir qué tipo de aborto prefieren: «Abre la puerta a que los centros solo ofrezcan el aborto farmacológico, que es el que menos formación profesional requiere al ser la mujer la que prácticamente por sí misma realiza la intervención y el que en mayor medida responde a los intereses profesionales y personales del personal médico y sanitario, ya que al distanciarse del proceso no se sienten afectados/as». La ministra ha reconocido también el trabajo que han venido desarrollando estas clínicas hasta el momento.

El texto recoge también una baja por interrupción de embarazo.

Permiso desde la semana 39 de embarazo

La nueva norma incluye un permiso preparto remunerado a partir de la semana 39, frente a los borradores iniciales que fijaban este permiso a partir de la semana 36. Esto no resta tiempo al permiso de maternidad. También se ampliará el acompañamiento en el parto «de una forma respetada».

Bajas por reglas incapacitantes

«La regla va a dejar de ser un tabú», ha insistido Montero. El texto aprobado en el Consejo de Ministros reconoce el derecho a la salud menstrual: así, habrá bajas por reglas dolorosas, que asumirá el Estado sin límite de días, y los centros educativos deberán garantizar productos para la menstruación cuando sea necesario.

También tendrán acceso gratuito a los productos para la menstruación las mujeres en riesgo de exclusión, lo que se llama pobreza menstrual, además de las mujeres en las prisiones.

Se mantiene el IVA a las compresas

Finalmente, aunque un primer borrador incluía la reducción del IVA a los productos de higiene menstrual del 10% actual al 4%, ha quedado fuera. Según Igualdad, Hacienda ha emplazado a negociarla en los próximos presupuestos generales. La medida es una promesa electoral y está incluida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

El anteproyecto también garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, de la píldora del día después y la distribución gratuita en institutos vinculada a campañas de educación sexual.

Los vientres de alquiler, una forma de violencia
Además, el texto, que irá por trámite de urgencia y tendrá que pasar por los distintos órganos consultivos, recoge como una forma de violencia contra las mujeres los vientres de alquiler. Aunque incluía también que los tribunales españoles podrían perseguir a las parejas que recurran al extranjero para ello, se ha eliminado finalmente.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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