4 diciembre, 2020

¿Cómo beneficiaría la legalización de la marihuana al Estado?

Varios estudios aseguran que los ingresos que supondría la regulación del cannabis para las arcas públicas de España superarían los 3.500 millones de euros anuales
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La legalización del cannabis supondría una producción superior a los 820.000 quilos anuales.
A.L.

La legalización de la marihuana es un tema que nunca pasa de moda entre jóvenes y mayores. Pese a que ha habido acercamientos, con la regulación de productos terapéuticos y medicinales derivados del tabaco, las leyes españolas siguen condenando el tráfico, aunque no el consumo de lo que conocemos vulgarmente como hierba.

Los partidarios de que se regule el cannabis, e incluso el hachís, recuerdan que otras drogas como el tabaco y el alcohol no sólo son legales, sino que reportan ciertos beneficios a las arcas del Estado. En este sentido, la Universidad de Barcelona (UB) elaboró un estudio en 2018 con datos relevantes.

La investigación de la facultad dice que el negocio de la marihuana y el hachís genera 9.000 millones de euros anuales. Si los puestos de trabajo que genera el sector se regularizaran, entre impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, España recaudaría 3.500 millones de euros.

La Universidad Autónoma de Cataluña (UAB) también publicó un informe en octubre de 2018 sobre las implicaciones legales de la legalización de estas drogas denominadas blandas. Señala que la demanda implicaría producir 820.597 kilogramos, lo que genera 101.569 puestos de trabajo que se regularizarían. A esto cabe añadir que el mercado negro quedaría reducido al 15%.

La legalización de los llamados porrillos parece contar con gran aceptación entre la sociedad. Diversas encuestas realizadas por periódicos españoles ofrecen resultados similares: los lectores están a favor. Países como Uruguay o Canadá la tiene regularizada, a España aún le queda un poco.

Pese a que partidos políticos llevan en sus programas electorales sacar del mercado negro de la marihuana y el hachís y legislar al respecto, el consenso parece no conseguirse. Y eso que las cifras podrían beneficiar a las arcas del Estado.

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