Ada Colau ha sido citada a declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La alcaldesa de Barcelona deberá presentarse ante la justicia el próximo 4 de marzo, según ha avanzado ABC.

La citación judicial se produce después de que la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática denunciara a la primera edil del consistorio barcelonés por presuntamente haber cometido los delitos al conceder subvenciones y financiar a entidades amigas de los comunes.

Las entidades que habrían salido ganadoras gracias a los movimientos de Ada Colau son el Observatorio DESC, donde trabajó la alcaldesa antes de su entrada en el Ayuntamiento y que quintuplicó su patrimonio con Colau como alcaldesa; Ingenieros Sin Fronteras, entidad vinculada al polémico concejal Eloi Badia; Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidad que fundó Colau y de la que fue portavoz durante cinco años antes de sus inicios en política, y Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras más.

La asociación, según se especifica en el auto de admisión de querella consultado por ABC, afirma que la alcaldesa firmó de forma «arbitraria, discrecional y recurrente» las subvenciones y financiaciones. También considera que las ayudas a las entidades amigas se llevaron a cabo «sin justificar» y «sin concurrencia pública».

La acusación detalla que el sistema de financiación que supuestamente llevaba a cabo el equipo de gobierno de Colau, y que será investigado por el juez, consistía en aprobar convenios, contratos menores y subvenciones directas para redactar estudios que, a grandes rasgos, no tenían que ver con el trabajo municipal.

Según la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, la alcaldesa de Barcelona debería ser investigada por un presunto delito de prevaricación por «firmar resoluciones» que no eran competencia del Ayuntamiento de Barcelona. En cuando al delito de malversación de caudales públicos por el que se acusa a Colau, la asociación señala el gasto de dinero sin finalidad justificada.

En relación con el delito de fraude, la asociación acusatoria se basa en la contratación, si se demuestra relación personal y profesional entre la autoridad pública y la entidad o asociación subvencionada. Por otro lado, la investigación de Colau por un presunto delito de influencias se debería a la libre concurrencia competitiva a la hora de otorgar ayudas públicas.

Ignacio Sánchez García-Porrero, magistrado instructor en el auto de admisión de querella, también pidió el pasado 29 de diciembre que se recaben «los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021», aparte de la comparecencia de la alcaldesa. El juez solicitó a la Fiscalía de Cataluña que le remita «la integridad» de las gestiones administrativas llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal y que terminaron siendo archivadas.

En 2021 el organismo fiscal archivó una denuncia registrada por Abogados Catalanes por la Constitución que señalaba a la alcaldesa por prácticamente los mismos delitos. La denuncia apuntaba que Colau había concedido concesiones y subvenciones a entidades amigas de forma «reiterada y presuntamente injustificada» por la cantidad de 3,4 millones de euros.

La alcaldesa no aparecía en solitario en la denuncia ante la Fiscalia. Gerardo Pisarello y Jaume Asens (antiguos tercer y primer tenientes de alcalde del consistorio barcelonés), también fueron acusados ante la justicia.

Colau tendría que dimitir según el código ético de los Comunes

El código ético de Barcelona en Comú establece que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debe dimitir de su cargo tras ser citada a declarar por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones.

El artículo 3.6 del código de conducta de la formación de la alcaldesa expone que sus miembros deben comprometerse a «la renuncia o el cese de forma inmediata en todos los cargos, ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas».

Colau: «La querella quedará en nada»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que en el Ayuntamiento “se hacen las cosas bien” y por eso ha mostrado “total tranquilidad” ante la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por presuntos delitos de malversación y fraude en el otorgamiento de subvenciones y entidades sociales.

Colau -que se ha mostrado perpleja porque se ha enterado a través de la prensa que está siendo investigada- también ha recordado que los hechos que le atribuye el ATCD son los mismos que archivó la fiscalía en 2021, a raíz de una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución. “Me sorprende y creo que quedará en nada”, ha manifestado la alcaldesa.

En cuanto a la citación a declarar como investigada el próximo viernes, 4 de marzo, Colau ha ofrecido colaboración con la justicia y ha asegurado que “mostraremos toda la información disponible”.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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