Chile ha rechazado la reforma constitucional por una amplia mayoría y apuesta por mantener la Constitución actual. Lo han decidido los chilenos por amplia mayoría: un 61,8% han votado en contra del nuevo texto.

El texto debía sustituir a la actual Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades del país para fomentar la privatización de servicios básicos, como ahora educación, salud o pensiones.

Así pues, por ahora, se mantiene. En todo caso, el presidente chileno, Gabriel Boric, ha aceptado la derrota y ha insistido en que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 por ciento de los chilenos pidió un cambio constitucional.

Habrá que ver cómo Boric, que también ha anunciado cambios en el gobierno, materializará el nuevo proceso constituyente: si es vía Parlamento donde la derecha tiene un peso muy importante o bien vía nueva asamblea constituyente, lo que parece poco probable por el fracaso del texto que durante un año ha intentado enterrar la Constitución de la etapa de Pinochet.

La propuesta de nueva Constitución definía a Chile como un “Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, consagraba un catálogo de nuevos derechos sociales y establecía que su democracia es “paritaria e inclusiva”.

Sus defensores aseguraban que habría ayudado a crear un Chile “más justo”, la principal demanda que los ciudadanos expresaron en la ola de protestas del 2019, mientras que sus detractores argumentaban que era un texto “radical” y que “no une al país”.

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