Cataluña, el área metropolitana y Barcelona están por debajo de la media europea en vivienda de alquiler social, según el estudio ‘State of Housing 2021. Catalunya i Barcelona’ publicado por el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OHB) y el Observatori Desc.

El informe, que describe la situación de Cataluña en temas de vivienda dentro del marco europeo, atribuye esta situación, “en parte, al poco gasto en políticas públicas de vivienda”: de 2000 a 2019, España dedicó un 0,06% del PIB frente al 0,5% de la media europea, informan en un comunicado del OHB y el Observatori Desc.

El estudio también ha apuntado a una capacidad “muy limitada” de las administraciones para atender situaciones de vulnerabilidad residencial, a lo que se añade una fuerte disparidad –en sus palabras– entre ingresos y precio de la vivienda: el precio del alquiler en Cataluña ha aumentado un 101,6% y los ingresos de las familias un 33,6%.

La pandemia provocó, según el estudio, que la renta media en Cataluña disminuyera un 5,7% y la tasa de pobreza moderada aumentara más de tres puntos en 2020 (del 19,5% al 23%), lo cual “obligó a las administraciones a tomar medidas de contención”, como la suspensión estatal de desahucios, la prórroga obligatoria de los contratos y las ayudas extraordinarias de alquiler.

En este sentido, han observado que estas medidas se tomaron también en países del sur de Europa como Italia y Portugal, mientras que en otros países del centro y del norte, como Francia y Alemania, “no fue necesario en buena parte porque disfrutan de políticas públicas de vivienda estructurales más desarrolladas”.

Desde 2020 y hasta este momento, “se está produciendo un incremento muy notable en el gasto público destinado a políticas de vivienda, debido principalmente a los fondos excepcionales para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia” y también a los fondos europeos Next Generation.

Los presupuestos estatales de 2022 prevén 3.290 millones de euros a políticas de vivienda, “siete veces más que en 2018”, y en los presupuestos de la Generalitat para este ejercicio, el gasto previsto para vivienda es de 769,7: la mitad provienen de los fondos europeos y suponen cerca del doble que en 2020, recoge el informe.

El documento ha planteado “retos pendientes” en Cataluña y España en materia de vivienda y posibles soluciones como la calificación indefinida de vivienda protegida, mayor concentración de derechos y deberes relacionados con la función social de la vivienda, y el establecimiento de mecanismos de contención y disminución de los precios del alquiler.

También figuran entre las propuestas la mayor implicación de los órganos judiciales a la hora de informar sobre los hogares vulnerables en procesos de desahucio, el impulso de la vivienda de alquiler social, y la implicación de los agentes privados con y sin ánimo de lucro en la generación de un parque asequible.

Este es el “primer análisis de los efectos de la pandemia” sobre el mercado de la vivienda en Cataluña y Barcelona en comparación con otros países de la Unión Europea.

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Este artículo ha sido redactado y/o validado por el equipo de redacción de Revista Rambla.

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